De Mercier a Tarek William Saab
Mercier fue general, Tarek es civil. Ambos intelectualmente deshonestos. El francés abusó de su poder como ministro de Guerra al ordenar, el 19 de diciembre, hace 129 años, que un Consejo de Guerra condenara sin pruebas al capitán Dreyfus quien, por ser judío, fue escogido como chivo expiatorio por el supuesto delito de espiar a favor de los alemanes.
El venezolano ordena desde hace seis años enjuiciar sin elementos válidos a cualquier opositor al régimen de Maduro. Después de muchos sufrimientos en la Isla del Diablo, en la Guayana francesa, Dreyfus fue reivindicado, llegando a ser coronel. El general Mercier es solo recordado por su arbitrariedad, puesta en evidencia en el célebre artículo Yo acuso, de Emilio Zola. Tarek es hoy repudiado por los demócratas y confiamos sea enjuiciado en un futuro cercano. Mercier odiaba a los judíos. Tarek también.
Tarek siguió los pasos de Isaías Rodríguez, el fiscal general que imputó sin bases a los policías metropolitanos que trataron de evitar una masacre el 11 de abril 2002, tres de los cuales todavía están presos. También, con la sola declaración de Giovani Vásquez, a quien calificó de su “testigo estrella” y que “le inspiraba confianza al verle los ojos”. Poco después su testigo declaró que recibió dinero del gobierno para acusar sin fundamento a varios opositores. Sin embargo, los tres Guevara permanecen entre rejas.
En el 2007 lo sustituyó Luisa Ortega Díaz, hoy supuestamente arrepentida, quien imputó sin pruebas a Leopoldo López y a numerosos demócratas que siguen encarcelados. Fue destituida en el 2017 y acusó a Maduro de varias irregularidades. Tarek ha hecho numerosas imputaciones a opositores, acusándolos de traición a la patria, asociación para delinquir, conspiración y legitimación de capitales.
Los tres fiscales citados imputaron a numerosos ciudadanos por el solo hecho de disentir de los gobiernos de Chávez y de Maduro. Varios ministros de la Defensa, entre ellos, Vladimir Padrino, Carlos Mata Figueroa, Jorge García Carneiro y Carmen Meléndez ordenaron al Consejo de Guerra Permanente y a la Corte Marcial el enjuiciamiento de militares solo por la sospecha de que podían no ser afectos al régimen. Por órdenes de Padrino López permanecen detenidos varios oficiales sin fórmula de juicio.
Desde luego, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y jueces subalternos son responsables de haber dictado sentencias condenatorias sin pruebas y de haber violado a los acusados el derecho a la defensa y al debido proceso. Hoy el TSJ está presidido por Gladys Gutiérrez. Ella y los anteriores, así como los magistrados de la Sala Constitucional, son responsables de las violaciones a la Constitución y, específicamente, a los derechos humanos.
Según el Foro Penal Venezolano, desde el 2014 han sido detenidos 15.810 ciudadanos. Actualmente hay 275 presos políticos, 19 de ellos son damas. Los presos civiles son 128 y los militares 147. Cabe citar que los que llevan más tiempo presos son los policías metropolitanos Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovaín, quienes fueron apresados en el 2003 por los sucesos del 11 de abril 2002, en los cuales evitaron que la masacre fuese mayor.
Ninguna de las personas asesinadas lo fue por disparos de las armas que portaban los citados, sin embargo, la jueza Maryorie Calderón los sentenció a 30 años. En Casación, el entonces magistrado Eladio Aponte Aponte, las magistradas Deyanira Nieves y Miriam Morandy Mijares ratificaron la sentencia, mientras que Blanca Rosa Mármol, no estuvo de acuerdo. Años después, Aponte se exilió y declaró que Hugo Chávez lo presionó para que los sentenciara. ¡Qué infeliz!
Cabe recordar que, durante la república civil, ninguno de los guerrilleros que asesinaron a militares y a policías, secuestraron a ciudadanos y asaltaron bancos, pasó más de cinco años preso, tampoco los militares que insurgieron contra el presidente Betancourt.
El preso político más reciente es Roberto Abdul, quien estuvo unos días secuestrado y le han negado su derecho a designar un abogado de su elección. Su delito fue haber organizado la elección primaria que le dio el triunfo a María Corina. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón, denunció el 8 de noviembre de este año que hay más de 50 presos políticos que requieren atención médica de urgencia. Varios de los presos tienen serios problemas de salud y no son atendidos por las autoridades, entre ellos Emirlendris Benítez, Javier Tarazona y Luis De la Sotta.
Los fiscales que imputaron sin pruebas y los jueces que los condenaron deben haber recibido montos importantes de espórtulas, no como derechos legítimos, sino por obedecer órdenes de Miraflores. Seguiremos insistiendo en la libertad de todos los presos políticos y que se cumpla lo acordado en Barbados.
Felicitamos a los defensores de derechos humanos que en nuestro país denuncian las violaciones cometidas por el fiscal y por los jueces. Exponen sus vidas y bienes por luchar por la libertad de los presos políticos. En los países en los que hay democracia ya no operan los Mercier. En las dictaduras abundan los Tarek William Saab y las Gladys Gutiérrez.
Como (había) en botica
- Lamentablemente, Maduro salió con las tablas en la cabeza en la reunión en Kingstown. Su referendo quedó enterrado y tuvo que echar para atrás sus bravuconadas. Ojalá recapacite y acudamos a la Corte Internacional de Justicia con nuestros mejores expertos.
- Aplaudimos el documento presentado por María Corina ante el TSJ. No hay ningún acto que la inhabilite. Solo existe un veto de Maduro para intentar no ser derrotado en la elección del 2024. Los países garantes del Acuerdo de Barbados deben estar conscientes de la responsabilidad que tienen para que se cumpla. Aspiramos a que no procedan como Gaviria, el Centro Carter y los gobiernos de los países que avalaron el Acuerdo firmado en el año 2003, que se desentendieron de su compromiso.
- Lamentamos el fallecimiento de Próspero Sánchez, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
- ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
