De la responsabilidad represiva
A finales de julio de 1976, la detención, tortura y asesinato de Jorge Rodríguez, secretario general de la Liga Socialista, en la sede de la DISIP, conmovió inmensamente a la opinión pública. E, incluso, recordamos, nos acercamos a la UCV para protestar el hecho junto a la dirigencia socialcristiana de la FCU, convirtiéndose en otra novedad para quienes apenas cursábamos el bachillerato.
En la prensa de la época, constatamos la inmediata renuncia del director del órgano policial y la personal explicación que dio Octavio Lepage, ministro de Relaciones Interiores, en rueda de prensa y en sesión plenaria del parlamento, identificando y anunciando el procesamiento de los asesinos, como – entendemos – se dio. Por cierto, acontecimiento que tuvo por contexto el secuestro de William F. Niehous, un delito con mayores visos comerciales que políticos.
Por lo demás, el Congreso abrió la correspondiente investigación, luego de un duro debate en que destacó José Rodríguez Iturbe y la Liga Socialista publicó un aviso, en un diario de circulación nacional, donde aseguraba que el ministro “no hace sino confesar que en Venezuela no existen garantías para la seguridad y la vida de los ciudadanos”, concurriendo el menor hijo de la víctima a un homenaje realizado en la universidad. No obstante, condenando todo hecho represivo en cualquier tiempo, es evidente el contraste entre la asunción responsable de un hecho, acaecido 40 años atrás, y la conducta que hoy asume el régimen.
Régimen que no sólo ha prohibido la salida del país al ex – ministro, sin prueba alguna de su culpabilidad, manipulando “hojilleramente” la versión que por entonces dio, como si hubiese hablado de suicidio (*), sino que es reacio – por citar un caso – a admitir su directa responsabilidad en la masiva represión de 2014, ocasionando la muerte a 43 jóvenes y la detención arbitraria de más de tres mil. Lo que es peor, convirtiéndose en un caso clínico, evade completamente el asunto, impidiendo el más mínimo debate parlamentario y de opinión pública, y con mayor fuerza una investigación imparcial, e inculpando a la oposición de estas y cualesquiera otras muertes, como si el gobierno de Leoni lo hubiese hecho con el PCV respecto a Alberto Lovera.
Faltando poco, el venezolano del siglo XXI no cuenta con garantía alguna para su integridad personal, jamás la universidad pública y autónoma había sido asediada como ahora, preservados los perseguidores y represores en los privilegios de un gobierno continuista que hasta una facturadora “ley contra el olvido” se inventó. Ésta, una curiosa pieza que adversamos en su momento (**), desconocido por entonces el paradero de Chávez Frías, fue defendida agresiva y bulliciosamente desde las curules y los palcos de la Asamblea Nacional por las antiguas víctimas y también víctimarios que, después, callaron y aplaudieron la matanza de los jóvenes en 2014, como lo hacen con el sabotaje del proceso revocatorio que conduce la reaparecida Liga Socialista, a través de Maduro y los hermanos Rodríguez, desconociendo si alguna vez contradijeron sobriamente el testimonio que dio Lepage al periodista Javier Conde (“La conjura final”, Alfa, Caracas, 2012).
