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Crónica de la destrucción de Pdvsa
Casi setecientas páginas de discusión desde el punto de vista legal y constitucional, escritas por el distinguido jurista Allan Brewer-Carías, recogen la historia de nuestra industria petrolera, desde las concesionarias transnacionales hasta su destrucción, iniciada en el 2002 con “el despido masivo e insensato de gran parte de la fuerza laboral” . Este importante aporte, que incluye una notas de presentación escrita por varios autores, recuerda hechos relevantes, destruye mitos y sustenta denuncias sobre el colapso de nuestra principal industria.
En los inicios las empresas extranjeras se aprovecharon del corrupto dictador Juan Vicente Gómez, pero a partir de 1943 el Estado Venezolano aprobó leyes, reglamentos y decretos que permitieron cierto control. Gradualmente el fisco incrementó su participación en las ganancias, desde un 50% en 1948 hasta un un 98% al momento de la estatización en 1975. Aunque simpatizábamos con la estatización, hoy muchos nos preguntamos si fue una decisión acertada, considerando que el país obtenía esa elevada participación, sin realizar inversiones ni correr riesgos. En esa etapa nuestro país llegó a ser el primer exportador y segundo productor mundial de petróleo.
Afortunadamente, en los primeros años de la estatización la industria petrolera se manejó con profesionalismo y transparencia. Pdvsa fue considerada la segunda empresa mundial de petróleo, la mayor empresa industrial de latinoamérica y la número 12 entre las 500 del mundo. Los rojos se opusieron tenazmente al artículo 5 de la Ley de Nacionalización que dejaba una rendija para participación del sector privado, pero después se aprovecharon del mismo y es lo que permite que todavía exportemos petróleo.
La Apertura a empresas privadas se inició en 1995. No fue un capricho, sino una necesidad para poder aumentar la producción. Brewer aporta justificaciones sobre la legalidad de los contratos de exploración a riesgo y ganancias compartidas, los convenios operativos y las asociaciones estratégicas. También avala el arbitraje en instancias internacionales, basado en el concepto moderno de “inmunidad relativa” versus la antigua de “inmunidad absoluta”, recalcando que este mismo gobierno lo autorizó en la Ley de Inversiones Extranjeras de 1999,cuando estaba urgido de dinero. La entonces Corte Suprema se pronunció positivamente en 1999 sobre la legalidad de los acuerdos.
El distinguido autor señala que este gobierno que predica el repudio al sector privado, le abrió a este las puertas con la el artículo 303 de la Constitución de 1999, el cual permite la venta total de las acciones de las filiales operadoras. Así mismo , la Ley de Hidrocarburos Gaseosos de 1999 dio libre acceso al gas natural no asociado al petróleo y la LeyOrgánica de Hidrocarburos del 2001 permite que el sector privado establezca nuevas refinerías y da pie para que las existentes pudiesen ser operadas por privados. En el 2002 constituyó una empresa mixta con China National Petroleum Corporation para producir bitumen y Orimulsión, en la que Pdvsa solo tenía 30 % de acciones. Esto lo hizo, según Brewer, mientras sostenía un discurso anti neoliberal.
En el 2004 fusionaron los cargos de ministro de Energía y Petróleo con el de presidente de Pdvsa, con lo que el controlador y el controlado son la misma persona. El el período 2006 y 2007, el gobierno forzó a que los anteriores convenios pasaran a empresas mixtas, en las que el Estado debía tener un 60% de las acciones. Esto era innecesario, ya que en esos convenios estaba claro que las decisiones importantes debían contar con la aprobación de Pdvsa, cuyo representante presidía y tenía derecho a doble voto en el Comité de Control paritario. Esa medida fue perjudicial porque Pdvsa debe aportar más dinero y, como no lo tiene, las empresas han decaído y, además, ahora ha perdido demandas por violar lo acordado.
En el 2009, el gobierno aprobó el Decreto Ley de Nacionalización de Servicios Auxiliares y Conexos prestado por el sector privado a Pdvsa, tales como inyección de gas, lanchas y buzos en el Lago de Maracaibo, tendido y mantenimiento de cables y tuberías. Esto ocasionó una caída drástica de la producción y deterioro de esos servicios. Años después, Eulogio Del Pino, entonces presidente de Pdvsa, reconoció que fue un error, prometiendo devolver las empresas. En la Faja del Orinoco se crearon 20 empresas mixtas de servicios con participación de solo un 20% de Pdvsa. Sin embargo, esta decisión fue tomada ilegalmente, sin derogar la Ley citada.
En el 2016 el Ejecutivo creó la empresa petrolera y minera Camimpeg, adscrita al ministerio de la Defensa y sin que la Contraloría General pueda auditarla. En el 2017 Cuba se apoderó, por supuestas deudas, de las acciones de Pdvsa en la refinería de Cienfuegos cuya rehabilitación fue con recursos de Venezuela. En el 2018 la Sala Constitucional del TSJ dio un golpe de estado al asumir funciones de la Asamblea Nacional y delegar en el Ejecutivo lo relacionado con Pdvsa. Este mismo año, la espúrea Constituyente aprobó una “Ley Constitucional” que obvia la obligación de licitar lo cual, según Brewer, es “institucionalizar la cleptocracia”.
El autor de esta Crónica concluye que “lo que trágicamente resulta es que mayor incoherencia, mayor irresponsabilidad y mayor ineptitud es ciertamente difícil de encontrar en cualquier otra experiencia parecida, pero con la consecuencia en este caso de que produjo la destrucción de la que fue hace pocos años, la primera empresa de América Latina; y consecuencialmente, del desmantelamiento de un país entero, cuya recuperación sin duda, requerirá hacia el futuro del trabajo tenaz de varias generaciones”.
Como (había) en botica: El elevado número de jóvenes oficiales presos evidencia que laFuerza Armada sí es recuperable. La unidad con Falcón y su grupo es necesaria, pero declaraciones como la de Enrique Ochoa Antich de que “la nueva oposición será alrededor de Falcón”, no solo no ayuda, sino que es presuntuosa. Tampoco ayuda que Carlos Raúl Hernández escriba que “Falcón fue derrotado por la monumental maquinaria de calumnias”. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
