Cristina ya decidió
Si no hay cambios –la tendencia en ese sentido se refuerza– no habrá un acuerdo entre los fondos buitre y el Gobierno argentino. El resultado será que la Argentina habrá incumplido el fallo del juez Griesa ordenando pagar 1.330 millones de dólares más los intereses a los holdouts y, a la vez, los bonistas que entraron al canje no cobrarán porque los fondos depositados han sido bloqueados.
No hubo hasta ahora –posiblemente esto se repita– una negociación cara a cara entre los funcionarios de Economía y los abogados de los buitres. El comunicado del “facilitador” que nombró el juez describe esa situación y dice que son los argentinos quienes no quieren tener un diálogo directo entre las dos partes. Los fondos buitre afirman que Argentina ya decidió ir al default.
Se argumenta que el mayor obstáculo es la cláusula del contrato que impide mejorar la oferta del canje a quienes no entraron en 2005 y 2010. Esa cláusula vence el 31 de diciembre de este año.
La Presidenta, además del discurso del miércoles, reforzó el rechazo a la negociación en su cuenta de Twitter.
Invoca la memoria de su esposo, que comandó el primer canje de deuda, y recordó que no está dispuesta a hipotecar la soberanía.
No hay duda alguna de que Cristina Kirchner es la que fija la posición y baja la línea a sus enviados a Nueva York, quienes carecen de autonomía para moverse siquiera un milímetro de las instrucciones que reciben a través de Kicillof. Entonces, la decisión de avanzar en el camino elegido reconoce esa única fuente de poder.
El Gobierno parece estar convencido de que con su intención de pago evidente a los bonistas –depositó fondos en Nueva York– puede decir que no fue al default porque Griesa bloqueo los fondos.
Roberto Lavagna, ex ministro de Economía y autor de la propuesta de canje de 2005, ha dicho en una nota en Clarín que hay que pagarles a los bonistas, como objetivo principal. Si no se cumple con los holdouts –argumentó– pero sí se cumple con el canje habrá consecuencias pero éstas pueden ser manejables.
El razonamiento oficial es muy similar: el no pago a los buitres por un tiempo limitado (hasta la caída de la cláusula RUFO) no provocaría demasiados problemas, además de los réditos políticos que esperan cosechar en momentos que el poder político del Gobierno está menguando. Lo que no explica el Gobierno ni tampoco Lavagna es cómo se podrá pagar a los bonistas.
El cambio de sede del pago –evitando a los jueces de Nueva York– puede ser un intento complejo, con riesgos ciertos si se judicializa la cuestión.
Las complicaciones se están sucediendo sobre una economía que está en recesión, aunque el nuevo INDEC diga que hay recuperación.
Moreno dejó buenos discípulos.
(Clarín.com)
