Convivencia o cambio
La más reciente diarrea legislativa, mediante decretos producto de la Ley Habilitante, obliga a conclusiones definitivas en el campo de los sectores democráticos de la nación. El despelote está calculadamente dirigido a la destrucción de lo poco de institucionalidad que aún conservamos. Ninguna de las disposiciones que conocemos contribuye a resolver problema alguno. Todo lo contrario. Los sectores afectados no tendrán ninguna posibilidad de recuperación. Están condenados a lo peor. Los pobres serán cada vez más pobres y los ricos menos ricos, con la excepción de los prevalidos del régimen, reyezuelos de la corrupción y el tráfico de influencias. El aparato productivo primario, la industria y el comercio condenados a muerte. También nos alejamos de tener un sistema educativo eficiente a todos los niveles y la salud convertida en vergüenza nacional e internacional. La seguridad de las personas y de los bienes, la estabilidad familiar, los trabajos estables y bien remunerados no forman parte de las prioridades del régimen. Todo lo contrario. El despelote anárquico en el mundo de las policías y organismos de seguridad, anuncian mayor represión y violencia tanto física como institucional. Paremos de contar, todo está sobre diagnosticado.
Frente a esto hay que actuar de manera irreversible. No me abandona la preocupación de ver a parte del liderazgo opositor trabajando más por la convivencia, supervivencia según algunos, que por el cambio radical que la realidad nacional nos impone a los demócratas. Es indispensable discutir a fondo, con sinceridad y sin cálculos personales o de grupo, el objetivo que nos unifique a todos en la lucha. Es la única manera de definir una estrategia que pueda ser seguido por todos, cada uno desde su particular perspectiva.
Debemos tener presente que una revolución, si es verdadera, no puede estar sometida a un orden jurídico, a una Constitución, que se le convierta en camisa de fuerza y le impida a avanzar en sus propósitos de dominación totalitaria. Para este régimen, primero van los hechos y después el Derecho, siempre de plastilina y de interpretación amplia y acomodaticia. La situación impone definir el cambio de régimen como objetivo primario de la lucha. Esto pasa por la sustitución de, eso que llaman, el alto gobierno cívico-militar, empezando por quien teóricamente lo dirige, aunque en la práctica no está muy claro el punto.
Entender que la verdadera naturaleza del problema de Venezuela no es electoral sino existencial, resulta indispensable para que en esta lucha pongamos integralmente la cabeza, el corazón y el coraje que cada quién lleva por dentro. El cambio no se logrará mediante ese diálogo pendejil que algunos solicitan a un régimen ya definido por palabras y acciones que no dejan lugar a dudas. Entre otras acciones posibles, forzar la renuncia del probadamente incompetente que está al frente de la república es perfectamente constitucional e internacionalmente legitimado mediante ejemplos a la vista.
