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Contra la dictadura, elecciones

Entre los propósitos, no sé si conscientes o implícitos, de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, con las cuales se despojaba a los diputados de la inmunidad parlamentaria, al tiempo que el TSJ asumía las competencias de la Asamblea Nacional, se encontraba medir la respuesta nacional e internacional que produciría una eventual suspensión de las elecciones previstas para 2018, cuando habrá que elegir un nuevo Presidente de la República.

En esa ocasión, todo el poder del régimen estará en juego. Perdido el control de la Asamblea Nacional ante la abrumadora mayoría opositora en diciembre de 2015, los grupos que respaldan a Nicolás Maduro podrían salir eyectados de todos los espacios institucionales que en la actualidad dominan. Los dos tercios que posee la alternativa democrática en la AN le permitirían rehacer totalmente el marco institucional del país, con apego estricto a la Constitución de 1999.

Este escenario de derrota  absoluta mantiene aterrados a los miembros del oficialismo que han cometido los mayores desafueros, entre ellos Maduro y los miembros de la  Sala  Constitucional del TSJ. De allí que el bufete privado de Miraflores haya aprobado ese par de sentencias que, como bien dijo la fiscal general de la República, rompieron el hilo constitucional. La reacción interna y foránea ante el exabrupto obligó  al Tribunal a retroceder. El oficialismo no pudo soportar la presión de la Organización de Estados  Americanos (OEA), que activó la Carta Democrática, especialmente de países como México. Colombia y Chile que hasta hace poco habían mantenido cierta neutralidad ante la desgracia vivida por Venezuela desde 1999.

La firmeza con la que han actuado la OEA y Mercosur, además del apoyo del Parlamento europeo y de gobiernos como el español, junto a la valentía de los jóvenes y los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática, quienes han expuesto sus vidas frente a los aparatos represivos y de los colectivos fascistas tarifados, le demostraron a la camarilla gobernante que sólo podrán imponer la dictadura totalitaria, si asumen el enorme costo de quedar aislados internacionalmente y ejercer una coerción implacable sobre las fuerzas democráticas que inunde de sangre al país.

Durante los días recientes se han articulado la tenaza exterior y la protesta interna. La reciedumbre de la denuncia y la crítica externa y la lucha interior le demostraron al Gobierno que no le resultará sencillo apaciguar la grave crisis nacional, apelando a las fórmulas autoritarias usadas en América Latina cuando existía el dominio de las dictaduras militares o civiles afincadas en las policías políticas, el ejército convencional y los grupos irregulares. Los tiempos cambiaron. Maduro disfrutó de la indiferencia y complicidad de las naciones más importantes del continente mientras se sostenía sobre la legitimidad de origen que le otorgaban las urnas electorales. Ahora, cuando pretende pulverizar el voto popular y construir una “democracia  directa” al estilo cubano, será castigado por esos países. La inversión en Venezuela será todavía menor de la que ha sido durante los años recientes. Los organismos  que podrían prestarle dinero al gobierno para aliviar la caída de la producción y los precios petroleros, le negaran el auxilio. Los turistas habrá que traerlos enjaulados. Las fuentes de divisas se habrán secado.

El costo de tratar de implantar una dictadura judicial y militar será demasiado elevado. Las derrotas sufridas en los últimos días por Maduro y sus socios en el plano internacional vaticinan lo que le vendrá. Se acabó la impunidad. Para los gobiernos de la región resulta inadmisible que, invocando la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, el régimen rojo reprima con brutalidad y pretenda desconocer las conquistas democráticas que tanto les costaron a los pueblos de América Latina.

A la oposición nacional le corresponde elevar la eficacia de esa presión internacional. La intensidad de la crisis social y el ritmo endiablado que mantendrá serán el caldo de cultivo para que la protesta popular se mantenga e intensifique. Dentro del chavismo hay sectores que se dan cuenta del problema tan complejo en que los metió la dirigencia inepta y corrupta que los dirige. Con esos grupos habrá que tender puentes que permitan  encontrarle una solución democrática a los conflictos existentes.

La solución se halla en la definición inmediata del calendario electoral y su estricto cumplimiento. Esta es la solución que propone la comunidad internacional, que demanda la oposición democrática y que compartiría el estamento militar. Maduro no podrá evitar las elecciones. Frente a la dictadura, democracia.

@trinomarquezc

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