¿Cómo enfrentará la gobernabilidad el presidente electo de Venezuela Dr. Edmundo González Urrutia?

Si el presidente electo de la República de Venezuela Dr. Edmundo González Urrutia comienza desde el principio de su gobierno, a corregir y mejorar los seis indicadores de gobernabilidad de su país, sobre todo, el Estado de Derecho y el Control de la Corrupción, despejará las dudas de los inversionistas y no desencantará al 70% sus electores. Y rescatará el bien común y la lucha más eficiente contra la pobreza se basa en el crecimiento económico sostenido y generador de empleo y para ello se requiere el concurso y esfuerzo de toda la sociedad, mejorando el capital humano con una educación de calidad.  Por ello, para comprender los retos del presidente González Urrutia es conveniente dar a conocer el concepto de gobernabilidad y sus tres dimensiones.

Es importante tener una noción de gobernabilidad democrática que nos permita reconocer cuando, con toda seguridad, ésta no existe. Este punto de desencuentro entre gobernabilidad y democracia lo sitúa acertadamente el desaparecido y brillante intelectual español Joan Prats al considerar que «la crisis de gobernabilidad democrática presenta siempre un elemento común: la incapacidad de las instituciones democráticas nacionales –y de la comunidad internacional coadyuvante– para asumir y procesar democráticamente el conflicto». Así, la ausencia de gobernabilidad democrática se deriva de la incapacidad de las instituciones políticas de resolver la interacción de los actores en conflicto vía procedimientos democráticos.

Si la gobernabilidad es el resultado de la interacción entre estos actores y de la posibilidad que éstos tienen para ir adecuándose a los cambios que se van produciendo en el conjunto de la sociedad, nos quedamos entonces con la definición del Instituto para la gobernabilidad del Banco Mundial, quienes – a nuestro juicio – colocan mucho más énfasis en estas relaciones, ya que en su definición incluye directamente a la sociedad civil.

Así para este Instituto (1), se entiende por gobernabilidad “como el ejercicio de la autoridad a través de tradiciones e instituciones para el bien común, por lo tanto, abarca tres grandes dimensiones, a saber:

• El proceso mediante el cual el gobierno es escogido, reemplazado o reelegido, y supervisado;
• La capacidad del gobierno para formular e implementar políticas adecuadas;
• El respeto a las instituciones que rigen las interacciones económicas y sociales entre los ciudadanos y del Estado”.

Es posible medir la gobernabilidad de un Estado para determinar su nivel de riesgo.

Para efectos de medición y análisis, las tres dimensiones en esta definición de gobernabilidad se han desagregado en dos conceptos medibles adicionales para cada una de las dimensiones anteriores, para un total de seis componentes que se denominan indicadores globales de gobernabilidad.

Así, dentro del proceso por el cual la autoridad es escogida y reemplazada, se distingue entre:

• “Voz y Responsabilidad” para referirse al proceso político, las libertades civiles y los derechos políticos
• “Estabilidad Política” para medir las percepciones sobre la posibilidad de que el gobierno sea desestabilizado por medios inconstitucionales o violentos.
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Por su parte, la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas adecuadas se subdivide en:

• “Eficacia Gubernamental”, que combina las percepciones sobre la calidad de la provisión de los servicios públicos y de la burocracia, la competencia e independencia respecto a las presiones políticas de los funcionarios públicos, y la credibilidad de los compromisos públicos;
• “Calidad Regulatoria”, donde se recogen las percepciones sobre las políticas explícitamente y, en especial, aquellas políticas que como el control de precios o la ineficiente supervisión bancario redundan negativamente en el funcionamiento de los mercados, o aquellas otras que, como una excesiva carga regulatoria, imponen restricciones para el desarrollo de la libertad de empresa y comercial.

Finalmente, en relación al respeto de los ciudadanos y del Estado a las instituciones que gobiernan sus interacciones se distinguen dos agrupaciones de indicadores más:

• “Estado de Derecho”, que agrupa diversos indicadores sobre la incidencia del crimen, la eficacia y la predecibilidad del sistema judicial, y el respeto de los contratos;
• “Control de la Corrupción”, entendida esta última en su definición más convencional como el ejercicio del poder público para el beneficio privado. Así pues, el concepto de gobernabilidad queda descompuesto en seis categorías analíticas organizadas en tres elementos clave que sirven para estructurar una fuerte amalgama de indicadores que, como por ejemplo el de riesgo país, ya integran otros distintos. Ese conjunto de mediciones se conoce hoy como indicadores globales de gobernabilidad. Ver 6 indicadores de gobernabilidad de Brasil periodos de 2007 a 2017 en:

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports

El desafío del futuro gobierno de  la República de Venezuela, en su conjunto, de mejorar la calidad del Estado de Derecho aparece incluso como una tarea de mayor preponderancia que el fortalecimiento del control de la corrupción, si bien también en este ámbito la región exhibe una significativa zona de vulnerabilidad, que involucra a más de dos tercios de los países del continente. No puede excluirse tampoco que un sólido Estado de Derecho apareja necesariamente herramientas eficaces para el control de la corrupción.

Una inquietud gravitante para los autores de este conjunto de indicadores es identificar en qué medida la buena gobernabilidad (y con ella, entre el conjunto de dimensiones que la integran, un sistema judicial eficaz, confiable y oportuno) tiene efectivamente un impacto positivo en el desarrollo de los países. En efecto, una mejoría en el estado de derecho (o control de la corrupción) de un desempeño relativamente pobre a uno simplemente promedio resultaría en largo plazo en un aumento de cuatro veces en los ingresos per cápita, una disminución en la mortalidad infantil de magnitud similar, y logros significativos en alfabetización” (2).

Venezuela (ni Chile) no soporta otro gobierno incapaz y corrupto, requiere un liderazgo comprometido con el verdadero cambio, y rescate el concepto de servicio público, el bien común, ya basta el «quitate tú para ponerme yo», y continuar con lo mismo, con una visión a corto plazo, y mediática y corrupción impune. El 70% del Bravo Pueblo Venezolano se pronunció rotundamente el 28/7 y no me cabe duda que los chilenos lo harán muy pronto.

El Pdte. González Urrutia  tiene claro el objetivo de un gobernante no es acumular más poder, sino asegurarse de que los ciudadanos a quienes sirve vivan mejor. la urgencia de rescatar el servicio público para el bien común y para ello, el nuevo liderazgo deberá – con el apoyo de todos los venezolanos – esforzarse en reconstruir un edificio llamado Nueva Venezuela, concientizando a todos que esta reconstrucción material, institucional y moral será larga y dolorosa.  y será el reto de la nueva democracia y ésta si bien no garantiza el buen gobierno, si garantiza la gobernabilidad de los países a largo plazo, además de que permite alternar a los gobernantes.

Esta amarga experiencia de 25 años de dictadura nos deja valiosas lecciones cómo debemos cuidar la nueva y auténtica democracia, recuperando los indicadores de gobernabilidad. La convivencia nacional es vital para reconstrucción nacional tanto material como moral. Mano a la obra.

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[1]Kaufmann, Daniel. Replanteando Gobernabilidad: las lecciones empíricas desafían los convencionalismos” Instituto para la gobernabilidad del Banco Mundial. Washington 2003.Pág.3.

[2]KAUFMANN, Daniel. Replanteando Gobernabilidad, Op Cit. p.9.

Ex profesor UCAB, Caracas, Magister en Ciencias Militares,  Mención  en Conflictos y Negociación Internacional, Academia de Guerra del Ejército de Chile(ACAGUE, 2006).