Cometer atrocidades no es la opción
Nicolás Maduro optó por transitar el camino de la represión, su única política. Durante dos meses y medio ha sofocado con violencia las protestas masivas, primero contra la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de acabar con la Asamblea Nacional y arrogarse las atribuciones del cuerpo legislativo; y luego de improvisar una constituyente fraudulenta que va a contrapelo de la Constitución de 1999 y de la voluntad de Hugo Chávez, quien consideró a esa Carta su mejor legado a los venezolanos, a pesar de que en 2007 intentó reformar su letra y esencia para remover los obstáculos que le impedían la cubanización total del régimen. Una Constitución para los próximos mil años, repetía. Una década después, su heredero se va por la calle del medio contra ese pacto con el vano propósito de imponer lo que su mentor no logró: un sistema autocrático parcelado en pequeñas comunas que facilitarán el ejercicio despótico del poder y la eternización de la casta dominante en Miraflores.
Para convencer a la gente de este soberbio disparate, Maduro desecho las fórmulas persuasivas y escogió la amenaza, el chantaje y la coerción desembozada. Intimida a los empleados del Estado para que respalden el llamado constituyente en mitines y actos públicos cada vez más escuálidos y desabridos. Chantajea a la gente humilde que recibe los Clap amenazándolos con que no recibirán más esa limosna si no apoyan su iniciativa. Golpea y reparte gas, balas y metras a los manifestantes que se oponen a la farsa constituyente.
Esta ruta represiva le ha generado graves problemas internos e internacionales. En el plano internacional, le resulta cada vez más difícil sostener que el suyo es un gobierno democrático. ¿Cómo va a ser democrático si aplasta a plomo limpio las gigantescas movilizaciones en las que se pide cumplir con el calendario electoral previsto en la Carta Magna de 1999? ¿Cómo defenderse de las acusaciones de dictador si en vez de concertar con sus opositores los persigue, los asesina y los encarcela? ¿Cómo no darle la razón a Luis Almagro al señalarlo de déspota cuando las imágenes que se proyectan en todos los países civilizados son las de guardias nacionales y policías golpeando salvajemente a jóvenes estudiantes y robando y maltratando a periodistas que cumplen con la obligación de informar acerca de lo que ocurre en el país? La figura internacional de Maduro se asemeja cada vez más a la de un dictador de una república bananera, de los que abundaban en el continente en la época de la Guerra Fría; o, más atrás aún cuando, según la expresión de Rómulo Gallegos, la antinomia era entre civilización y barbarie.
En el ambiente doméstico, el camino represivo ha provocado escozor en numerosos sectores que incluyen la fiscal Luisa Ortega Díaz, la exdefensora del pueblo Gabriela Ramírez, diputados electos en la lista del Psuv y militares. Las recientes declaraciones del general Vladimir Padrino López en las que condena la “atrocidad” de los guardias nacionales bolivarianos en la aplicación del castigo a los manifestantes, revela ese malestar. En ellas no hay una pose o un simple saludo a la bandera para congraciar las organizaciones ocupadas de los derechos humanos. Se nota una preocupación genuina por el destino de la Guardia Nacional Bolivariana, de las Fuerzas Armadas en su conjunto y por el porvenir de él mismo. Pasar a la historia como el Ministro de la Defensa carnicero no debe de llenarlo de orgullo, especialmente frente a los argumentos irrebatibles de los mejores abogados constitucionalistas del país, quienes han demostrado hasta la saciedad que la Constituyente Comunal colide con la Constitución nacional y que una nueva constitución lo único que hará será eliminar los aspectos positivos de la Carta del 99: Asamblea Nacional, independencia de los poderes públicos, Fiscalía General, propiedad privada, descentralización, gobernadores y alcaldes, profesionalismo de las Fuerzas Armadas, derechos humanos, independencia del BCV.
Se evidencian claras diferencias entre Padrino López, por un lado, y Benavides Torres y Reverol, por el otro. A estos, parece, no les importa lanzar la institución castrense al abismo que propone Maduro. Por eso continúan cometiendo atrocidades. La intervención de la GNB generalmente trasforma las protestas en disturbios y asesinatos. Al Ministro de la Defensa, en cambio, la alternativa represiva no le convence. Las Fuerzas Armadas de una república democrática no pueden ser el instrumento dócil de una minoría arrogante que pretende, por las malas, perpetuarse en el poder.
Esa fisura podría ser el preludio de nuevas grietas en el régimen. A lo mejor Luisa Ortega Díaz no sea la única dispuesta a oponerse a que el país termine de hundirse debido a la constituyente madurista.
@trinomarquezc
