Brasileños apelan a Lula para negocios con Maduro
El régimen chavista saca abierto provecho electoral y prueba mecanismos de control social en las zonas fronterizas con Colombia. Desde el 19AGO15, el Gobierno de Nicolás Maduro ha ido progresivamente cerrando el tránsito en segmentos de la frontera con Colombia y ha decretado un estado de excepción con derechos constitucionales suspendidos o administrados por jefes militares. En la población fronteriza de San Antonio del Táchira, el régimen realiza desde finales de septiembre un censo de población ejecutado por militantes del partido de Gobierno organizados en lo que denominan “Unidades de Batalla Bolívar-Chávez” con abiertos propósitos electorales. El censo, según un reportaje del diario La Opinión de Cúcuta del 06OCT15, tiene como propósito determinar el número de habitantes por vivienda, información que serviría para determinar la cantidad del suministro de productos básicos a la zona, los cuales serán entregados a “consejos comunales” para su venta a las “cabeza de familia” previa aprobación de las instancias política partidista.
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Las negociaciones entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC viven un momento de alta tensión. No pareciera tratarse de una crisis que lleve, por ahora, a la ruptura de las conversaciones de La Habana. Pero las contradicciones sobre temas de alto impacto político y el clima de confrontación pública originado, han obligado incluso a involucrar directamente a los representantes de Cuba y Noruega, los dos países garantes del proceso, en las conversaciones del 08OCT15 en procura de una salida al impasse.
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La crisis entre el Gobierno Santos y las FARC tuvo lugar luego que el 23SEP15 se realizara en La Habana un muy publicitado acto, con la presencia de Raúl Castro, Santos, el jefe de las FARC Timoleón Jiménez Timochenko, representantes de los gobiernos garantes y acompañantes, con un inusual despliegue mediático internacional. Timochenko, quien arribó a Cuba desde Venezuela con apoyo logístico del Gobierno de Nicolás Maduro, se mostraba ese día con una imagen renovada, cabello y barba recortados, vistiendo guayabera blanca y no uniforme de camuflaje, hablando pausado casi con aires de timidez en reportajes preparados por el canal cubano-venezolano Telesur, listo para cambiar la imagen internacional de las FARC. Del encuentro privado entre Santos y el cabecilla de las FARC surgió el pacto para alcanzar un acuerdo definitivo de paz a más tardar en el mes de marzo de 2016, pero ese día la noticia importante fue la firma de un supuesto acuerdo para crear una “Jurisdicción Especial para la Paz”.
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Ahora se sabe que el evento de La Habana del 23SEP15 tuvo como finalidad mejorar el clima de opinión en Colombia en relación a las negociaciones, el cual se ha ido enfriando de forma sensible. Una encuesta tras el acto de La Habana, realizada por la empresa Ipsos-Napoleón Franco para la revista Semana, mostró que el 52% de los entrevistados se mantiene pesimista sobre que los diálogos concluyan en “la paz”. Esta cifra revela un relativo cambio ya que tres meses antes el 69% se decía pesimista. Incluso, un 9% de los entrevistados dijo tener una imagen positiva del jefe de las FARC y el 20% afirmó que Timochenko debería poder ser congresista. Pero otras respuestas dejan ver las dudas que mayoritariamente se mantienen en la sociedad colombiana: el 72% no cree en la voluntad de paz de las FARC, el 67% cree que las FARC no cumplirán con un potencial acuerdo de paz y, pese al intenso esfuerzo publicitario del Gobierno Santos alrededor del acuerdo sobre “Jurisdicción Especial para la Paz”, el 54% de los encuestados se mostró pesimista acerca de que los diálogos llevarán a la paz y el 65% cree que las negociaciones podrían romperse. Además, el 59% aseguró que apoya “castigar duro” los delitos cometidos en el conflicto y el 51% dijo apoyar al expresidente Álvaro Uribe Vélez en sus críticas al proceso de negociaciones.
En medio de ese clima de opinión, el acuerdo de La Habana sobre justicia se ha mantenido en secreto y cada una de las partes ha filtrado lo que considera de su interés. Con el pasar de los días quedó en evidencia que no existe tal acuerdo sobre justicia para la paz sino un documento de 75 puntos en el cual temas claves como delitos sujetos a amnistía, “restricción de libertad” y extradición están pendientes. Las FARC acusaron el 08OCT15 al Gobierno Santos de estar violando lo pactado: “cumplimos nosotros, seguimos a la espera de que lo firmado sea aceptado sin reticencias. Lo que pudiera faltar corresponde a un desarrollo que no puede variar para nada el contenido y alcance del sistema concebido, que como se ha afirmado, está cerrado”. Mientras Humberto de la Calle, el jefe negociador por el Gobierno, afirmó que el texto firmado “exige mayores desarrollos y en algunos casos, precisiones” y que el único acuerdo con las FARC fue el texto del comunicado distribuido. Uno de los temas centrales de la disputa es el tipo de penas que se impondrían en un hipotético escenario de fin del conflicto a manos de un sistema judicial especialmente creado para este proceso. El Gobierno colombiano, según cercanos observadores del proceso, teme que la divulgación de un listado de penas leves que habría sido negociado en La Habana, podría erosionar fuertemente el apoyo político y de opinión sobre el acuerdo de paz. Finalmente, las FARC accedieron a la propuesta del Gobierno de devolver el documento sobre “Jurisdicción Especial para la Paz” al grupo de juristas designados por ambas partes quienes deberán retomar sus tareas en Bogotá a mediados de octubre.
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El régimen venezolano no emitió invitaciones a la OEA o la Unión Europea para enviar comisiones de observadores a las elecciones parlamentarias del 06DIC15. Salvo la usual lista de invitaciones individuales a políticos extranjeros simpatizantes con el régimen, las autoridades electorales sólo extendieron invitación en calidad de “acompañante” a Unasur, organismo que operativamente está en manos de sectores afiliados o cercanos con el castrochavismo.
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Unasur se apronta a enviar a Venezuela, una semana antes de los comicios, a un grupo de cincuenta representantes de los países que conforman esa organización, los cuales estarán encabezados por un “representante especial”, figura que recayó en el brasileño Nelson Jobim. Jurista de formación, Jobim es un hombre con alta movilidad en los medios políticos y judiciales de Brasilia, con tránsito abierto ante el Gobierno de EEUU. Se desempeñó como Ministro de Defensa de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Roussef donde ejecutó una intensa “diplomacia militar” en Suramérica, ha sido miembro del Supremo Tribunal Electoral y del Tribunal Superior Electoral. Políticamente está relacionado con el partido prooficialista PMDB, se mueve como pez en el agua entre la oposición, el Gobierno y sectores empresariales y, desde finales del año 2014 ha realizado gestiones ante las autoridades judiciales a favor de empresarios envueltos en el escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras. El hombre seleccionado por Dilma Rousseff para representarla en Caracas durante las elecciones del 06DIC15 es un personaje de primera línea en su país, no incondicional con el chavismo, pero cercano a sectores empresariales con intereses en Venezuela. Sin embargo, el papel de Jobim y de los representantes de organismos electorales suramericanos será más cercano al “turismo electoral” que a la observación técnica y política de la pulcritud de todo el proceso electoral. Interrogado sobre su papel en Venezuela, Jobim dijo el 17SEP15 a Folha de São Paulo que “acompañamiento” y “observación” son la misma cosa, dejando en evidencia desconocimiento o indiferencia acerca de una materia de fondo en cuanto a este proceso electoral.
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Lula da Silva habría realizado tareas de lobby en Venezuela no sólo ante Hugo Chávez sino ante Nicolás Maduro. Según un reportaje de la revista brasileña Veja, Lula habría intervenido a favor de la empresa Andrade Gutierrez ante Maduro. Documentos incautados en medio del proceso judicial por corrupción en la petrolera estatal Petrobras, dejarían ver la preocupación de altos ejecutivos de la constructora sobre el distanciamiento, a principios del año 2014, entre Maduro y Dilma Rousseff el cual podría afectar las operaciones de la empresa Andrade Gutierrez en Venezuela. La táctica de Andrade Gutierrez habría sido utilizar la amistad de Lula con Maduro como “punto focal de apoyo” para los negocios en Venezuela.
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La situación política de Brasil tiende a hacerse cada vez más inestable. La posibilidad de que Dilma Rousseff sea destituida en una fecha relativamente pronta del año 2016, quedó abierta por dos decisiones tomadas con diferencia de pocas horas por el Tribunal Superior Electoral y por el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil.
El Tribunal Superior Electoral abrió el 06OCT15 un proceso judicial contra Rousseff y su vicepresidente Michel Temer, ha quienes podrían serle retirado su triunfo electoral. Ambos serán procesados, a pedido del opositor partido PSDB, por sospechas de haber utilizado el poder político y económico del Estado para ejecutar y financiar su campaña, mediante el uso indebido de locales y equipos públicos, uso indebido de cadenas de radio y Tv, manipulación de indicadores socioeconómicos, desvío de dinero de la estatal Petrobras y gastos superiores a los oficialmente informados a las autoridades electorales.
Por su parte, el Tribunal de Cuentas de la Unión decidió el 07OCT15 recomendar al Congreso la no aprobación de la ejecución presupuestaria del Gobierno de Rousseff correspondiente al año 2014. El caso será llevado a la Comisión Mixta de Presupuesto y posteriormente a la plenaria del Congreso, en un proceso que podría desembocar en un juicio político a Rousseff (impeachment) y a su destitución.
En el primero de los casos sería necesario convocar a nuevas elecciones. En el segundo escenario, el vicepresidente Temer, cabeza del partido PMDB, asumiría la Presidencia. Por ahora la suerte aún no está decidida para Rousseff y habrá que esperar largos meses de tensión política en Brasilia en un reacomodo de fuerzas políticas y empresariales, procurando un nuevo cuadro de ejercicio del poder.
