Bioética para electores
El título puede parecer extraño. ¿Qué relación tiene la bioética con electores y elecciones? ¿Quizás con la política y el derecho? Para responderlo, la primera consideración es analizar lo que es la bioética y cuáles son sus competencias. ¿Se justifica introducir la filosofía y la ética en los asuntos electorales, que son tan de la práctica común del ciudadano de a pie? Pero el nexo existe y es central en su estructura, aun cuando la bioética es una disciplina reciente en constante evolución, de la cual mucho se habla pero poco se conoce y que generalmente se asocia a otros ámbitos, particularmente al de la salud.
En las tres últimas décadas, la comprensión del impacto de la biología sobre la vida ciudadana global ha impulsado a la bioética con mayor intensidad hacia la arena pública, donde también se manifiestan el derecho, la política, el ambiente, los otros seres vivos y las decisiones sobre los conflictos, entre algunas disciplinas . Esta cada vez mayor interdisciplinaridad de la bioética ha conducido a su politización, hasta justificar la introducción del término biopolítica en substitución del de política. Su análisis está fuera del objetivo de este texto.
Sin embargo, en artículo publicado recientemente (*), el autor estableció la íntima relación coevolutiva entre la bioética, la biotecnología y la bioseguridad y argumentó sobre el aspecto práctico del empleo de la bioética en problemas generales de la vida cotidiana, bajo la óptica de la aplicación de la filosofía práctica en la evaluación del riesgo/beneficio de una potencial decisión, como se hace en este texto al enfocar el asunto de las elecciones.
La complejidad de la administración electoral.
La administración de los procesos electorales parece ser una de las actividades más complejas, plagadas de riesgos, de las desarrolladas en cualquier país. La tendencia general es, que la valoración del riesgo/beneficio inscrito en la estrategia práctica de la bioética se haya circunscrito a la única gestión del riesgo, equivocadamente, dejando de lado la valoración del beneficio. La responsabilidad de esa valoración corresponde no solamente a los cuerpos electorales creados por los estados para ese fin, como el Consejo Nacional Electoral venezolano, CNE, sino a los propios electores.
El caso venezolano es de una importancia nuclear, dado que la necesaria estandarización de la gestión del riesgo electoral para comprender mejor y prestar asistencia tanto al ente electoral mencionado como al simple votante, se dificultan extraordinariamente por estar altamente contaminados, particularmente el primero, cuyo tren directivo es de mayoría gubernamental, en franca violación al mandato constitucional. Esto conduce a ejercer una desusada presión o cuasi hegemonía gubernamental, tendente a imponer sus conveniencias y criterios políticos en su beneficio. Evidentemente, no se trata de un ejercicio democrático el que se desarrolla en Venezuela, stricto senso, sino de una distorsión demofóbica, lo cual es uno de los principales análisis que debe ser hecho por los votantes en la valoración del riesgo/beneficio propuesto aquí.
Las dimensiones del proceso electoral.
Obviamente, los procesos electorales tienen varias dimensiones. Una de ellas es la estricta observación de los términos, plazos y cronologías, algunas veces definidos por otras leyes o incorporados en la Constitución. Los retrasos en una actividad actúan corriente abajo, perturbando o creando presiones en la organización y ejecución de las actividades correlacionadas en otros segmentos del sistema, lo que podría enlentecer el proceso general. Es el caso de la dilación o adelanto intencional de fechas o los retrasos en la nominación de candidatos, lo que acorta sus lapsos de campaña.
Otra dimensión es la de la participación del público en actividades específicas, que es diferente si se trata de la inscripción de los partidos políticos y candidatos (baja participación poblacional), al compararla con el proceso de registro de los votantes, particularmente los nuevos o la rápida depuración de los registros electorales (alta participación poblacional).
Una tercera dimensión es la del ámbito geográfico de las actividades que deben ser organizadas. Algunas, como la captación de los votantes, son planificadas centralmente; otras, como su educación e información electoral pueden ser planificadas y ejecutadas localmente. Pero una importante condición es la capacitación de los testigos de mesa, cuya responsabilidad organizativa es central, pero local para su ejecución.
La realización del acto de votar es la actividad más compleja, ya que abarca las tres dimensiones anteriores y cuyo objetivo último es asegurar que todos los votantes inscritos depositen su voto en las mesas designadas en los sitios de votación en un solo día.
Los errores y distorsiones del proceso.
Debido a estas complejidades intrínsecas a la organización de elecciones, son inevitables los errores y distorsiones. Pero son también el objetivo subyacente de la manipulación del gobierno, interesado en mantener o extender su permanencia en el poder, disfrazado con la cubierta de unas elecciones que aparentan ser puras, transparentes y legítimas. Las inconsistencias organizacionales, las ambigüedades legales, muchas de ellas introducidas ex profeso por el organismo electoral, los plazos operacionales demasiado optimistas, la falta de financiamiento equilibrado para los partidos políticos participantes prefiriéndose a los gubernamentales o su financiamiento ilícito como el notorio caso Odebrecht o el propio gobierno, la ausencia de material electoral o su ubicación en los sitios inadecuados, los equipos que no funcionan bien, la mala práctica electoral y las disputas sobre los resultados electorales son algunos de los escenarios desalentadores que se desarrollan en muchos procesos electorales. La inhabilitación política de candidatos destacados o de potenciales candidatos opositores, por supuestas malas prácticas administrativas, en abierta violación de sus derechos humanos, es común en el país, aun sin existir sentencia firme que la respalde, como señala la ley.
En la etapa pre-electoral los conflictos se desarrollan alrededor de las posibles manipulaciones de las listas o padrones electorales, al incluir nombres ficticios, hasta repetidas veces, o excluir a legítimos votantes. A ello se agrega, durante la campaña, la interrupción abrupta de las campañas opositoras y la destrucción de su propaganda, la intimidación de candidatos y votantes, los ataques a las sedes partidistas y una atmósfera general de violencia y amenaza. Los espacios para la propaganda en los medios oficiales son monopolizados por el partido gubernamental, en abierta expresión de abusiva hegemonía comunicacional. El día de la votación se impide que el ciudadano ejerza su derecho al voto, al generar violencia física en los colegios y mesas de votación y sus alrededores, la instalación tardía de mesas, el robo de las cajas de las constancias de votación, el elevado número de máquinas de votación descompuestas y la dilación en su reemplazo, las amenazas directas al personal electoral en las mesas y la falsificación de resultados. La usurpación de la identidad del votante es práctica generalizada. Y, recientemente, los cambios de votantes hacia centros muy alejados de su residencia, sin justificación, así como la reubicación y concentración extemporánea de centros electorales (gerrymandering), que los congestiona favorecen al sector gubernamental. La situación en las áreas rurales es particularmente delicada, por su mayor vulnerabilidad.
En el período post-electoral, que generalmente se circunscribe al lapso del conteo de los votos, los conflictos se concentran en la victimización de los votantes y peleas entre ganadores y perdedores. O en la grosera y criminal alteración de los resultados registrados en las actas de escrutinio, sin la presencia de los testigos opositores. Valga mencionar la burda modificación de esas actas después de la votación para elegir al gobernador del estado Bolívar, en octubre de 2017, que desembocó en el fraude al otorgar el triunfo al candidato gubernamental. Lo mismo había ocurrido en la contienda electoral para elegir al presidente de la República en 2013, que se manipuló groseramente a favor del candidato oficial.
Durante la votación misma existe la práctica del ente rector de prolongar exageradamente el funcionamiento de algunas mesas, ya sin votantes en espera, ubicadas en zonas conocidas como de alta participación de votantes afectos al gobierno, pero que han estado ausentes del proceso. Se intenta así facilitar la búsqueda compulsiva de los mismos a fin de que voten o llenen los espacios vacíos de votantes ausentes en los cuadernos electorales.
Sin embargo, las mayores amenazas externas a las elecciones provienen de las organizaciones paramilitares y otros grupos extremistas, armados o no, apoyados descaradamente por el gobierno y su partido político, que se colocan en las proximidades de los colegios electorales para aterrorizar a los votantes opositores, con consignas, vocería y música estridente (intimidación acústica) y hasta con violencia física. El objetivo es intimidar al votante, desalentarlo y aterrorizarlo, para que deje de votar o se pronuncie por el gobierno. Generalmente, la denuncia ciudadana no ha sido atendida por el organismo rector. Ni siquiera las fuerzas armadas asentadas allí para resguardar a votantes y al proceso electoral intervienen para su desactivación. Al contrario, permanecen inactivas en actitud cómplice por formar parte del status quo bajo la obvia figura de su transformación en el brazo armado revolucionario del partido, carentes de supervisión democrática y en patente violación del mandato constitucional, que prohíbe su militancia política. Ello es expresión de la suprapolítica gubernamental “revolucionaria” inscrita en el concepto de gestión dual cívico-militar, violatoria de la Constitución y destructiva para el país, que pone, también, en manos de militares incapaces la gerencia de segmentos clave de la administración pública. Esta saturación militar de lo civil está configurando una dictadura militar en Venezuela, descaradamente dirigida in situ por el régimen cubano.
Otros factores importantes.
Aun cuando la evaluación del riesgo tiende a institucionalizarse mundialmente, sujeto a premisas de aplicación general, la situación venezolana está alejada de esta tendencia, particularmente en el cuerpo rector electoral. No existe esta cultura electoral, que debiera ser promovida por el propio ente rector, con la ayuda de organismos foráneos especializados en esa actividad. Evidentemente, no hay interés en su actualización, probablemente por presión gubernamental, para garantizarle una ventajista continuidad en el poder, sin importar su responsabilidad ante el país.
Tampoco deja de ser llamativo el desinterés del ente rector electoral en autorizar la observación internacional calificada, en todas las etapas del proceso electoral, con atribuciones específicas para sugerir correcciones oportunas en el mismo cuando se detecten violaciones a la norma. En cambio, este desinterés es substituido por la presencia de grupos de amigos gubernamentales, también foráneos, que garantizan su prevalencia. O la limitación de las atribuciones de los observadores a participar solamente en la etapa de la emisión del voto.
En esto último se inscriben también las limitaciones que se establecen a la prensa (nacional y foránea, particularmente a ésta) para ejercer sus funciones libremente, lo que afecta su derecho a informar y el del votante a ser informado oportuna y verazmente.
Todo esto contribuye a incrementar la desconfianza popular en el ente rector.
¿Qué hacer?
Dada la enorme carga de tensión política y social exhibida en los recientes procesos electorales, que se traduce en calurosas disputas públicas en los medios sobre si votar o no hacerlo, el votante se enfrenta a la dicotomía entre la decisión de no legitimar con su voto a un gobierno espurio y dictatorial (abstención) o votar y cumplir con su derecho constitucional, el autor de este texto recomienda analizar objetiva y empíricamente tanto el potencial riesgo (lo negativo) como el potencial beneficio (lo positivo) en todos y cada uno de los factores mencionados en este texto y otros que el lector conozca. La sumatoria de cada uno de ellos y su relación (riesgos sobre beneficios) le indicará claramente al votante si se justifica o le conviene participar o no en el proceso: mayores riesgos debieran conducir a la decisión de no votar y mayores beneficios, a sí votar. Y en caso de ser afirmativo, en cuál dirección votar, a menos que el votante esté sujeto a fidelidad partidista o cuyo voto haya sido negociado.
Corolario.
En el corto plazo, el contenido de este texto podría ser útil como un alerta para superar la falta de previsiones organizativas, principalmente de los candidatos opositores y de sus comandos de campaña, cuyas consecuencias negativas se expresaron con toda su fuerza en el último proceso electoral para la elección de los gobernadores. Se infiere también, que está en manos de la gran comunidad votante poder controlar y supervisar al ente rector, que ha dejado de ejercer su obligatoria y esencial neutralidad en estos procesos. En el plano teórico, este ente debiera aprobar y confirmar las bondades de la gestión del riesgo como una manera de reforzar su capacidad de ejecución para lograr unas elecciones creíbles. No lo ha hecho. A ello se agrega la ilegalidad constitutiva de su actual directiva, por el vencimiento de su mandato.
Más allá de la bioética, queda el sabor amargo y la frustración del elector por la experiencia vivida en esas elecciones, cuando se mostró la perversa parcialización del CNE y su actuación amañada y tramposa, orientadas a afianzar la dudosa supremacía electoral de la dictadura venezolana, a cualquier precio. No estarían equivocados quienes al analizar tales resultados pronostiquen, que ese comportamiento se repetirá en las elecciones para alcaldes, induciendo una elevada abstención. No les falta razón. El riesgo de perder es muy elevado. El beneficio, escaso. La farsa electoral continuará extendiéndose, incluyendo hasta la compra y reparto previos de sus resultados, bendecida por la insobornable electrónica.
Es de esperar, al mirar hacia un futuro impreciso e impredecible, que de esta manera se pueda comenzar a revertir la tendencia del venezolano común, quien está dejando de creer en la institucionalidad del voto por la descomposición del sistema electoral, lo que profundiza el gigantesco deterioro del país. Pero dejar de creer en esa institución y su poder es abrir la puerta de la muerte democrática, dejando el campo abierto al total usufructuo del populismo autoritario gubernamental, intensamente practicado en Venezuela desde 1999, cuando el mismo ha marcado no solamente los resultados electorales desde entonces, sino que ha distorsionado, y hasta pervertido, la conducta del ciudadano ante muchos retos existenciales, para su perjuicio.
(*) www.analitica.com/opinion/coevolucion-biotecnologia-bioetica-y-bioseguridad/
