¡Basta de represión!
La grave crisis institucional provocada por Nicolás Maduro y el obsecuente Tribunal Supremo de Justicia, derivada de la ruptura del orden constitucional, nos ha conducido a dos semanas de manifestaciones y deplorables hechos de violencia. En verdad, esos hechos han sido siempre provocados por la Guardia Nacional, la Policía Nacional y otros cuerpos de Seguridad del Estado, los cuales arbitraria y sistemáticamente, han impedido, mediante el uso indebido de la fuerza y la violación permanente de los derechos humanos de los manifestantes, el acceso de las manifestaciones pacíficas, convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática, al municipio “Libertador” para presentar sus quejas ante las instituciones del Estado. La evidencia audiovisual de esa violencia ha sido difundida mundialmente, causando preocupación a Nicolás Maduro y a su camarilla. La razón de tal preocupación, no es por la violación de esos derechos, sino por la necesidad que tiene el gobierno nacional de obtener 2,3 millardos de dólares, en préstamo, para cancelar obligaciones de la deuda externa, antes del 12 de abril y el efecto negativo que produce esa conducta represiva en la opinión pública internacional, además del riesgo que surge para cualquier prestamista facilitar esa cantidad sin la debida aprobación de la Asamblea Nacional,
Tan difícil situación, agravada por la declaración de la doctora Luisa Ortega Díaz, condujo recientemente a Nicolás Maduro, a insistir en el planteamiento de un nuevo diálogo entre el gobierno nacional y la Mesa de la Unidad Democrática y a afirmar, en una posición sorprendente, que el PSUV estaba presto para competir en las elecciones de gobernadores con la seguridad que derrotaría a los partidos democráticos. Esta nueva estratagema, ante el abrumador desprestigio internacional de su gobierno, tiene como fin: mejorar su imagen internacional, al presentar a la Mesa de la Unidad Democrática como un grupo de radicales que no acepta negociar y que busca una solución violenta de la crisis venezolana. De esta manera, mejoraría su imagen, permitiéndole algún respiro financiero. Pienso que la MUD no debe caer en esa nueva celada. La única respuesta a su propuesta es la exigencia del cumplimiento previo de los puntos establecidos por monseñor Pietro Parolín, secretario de Estado de la Santa Sede, en su carta remitida a Nicolás Maduro, el pasado mes de diciembre de 2016. Pero además, en vista de los recientes acontecimientos y los anteriores hechos de violencia, creo que se debe plantear la creación de una seria e imparcial comisión de la verdad, integrada por personas de reconocido prestigio internacional, expertos en la materia de derechos humanos para que, definitivamente, se investiguen y establezcan responsabilidades, por todos los atropellos que ha sufrido la sociedad venezolana, como consecuencia de sus convicciones políticas. Una sociedad civilizada, no puede permitir que esos atropellos queden impunes.
Es igualmente inaceptable que Nicolás Maduro y su cada día más ineficiente e inoperativa sala situacional, pretendan distraer nuestra atención de los verdaderos problemas, con el cuento de la invasión imperial o con la tesis de la injerencia de la OEA en nuestros asuntos internos sólo por plantear la aplicación de la Carta Democrática Latinoamericana. Además, pareciera que la Guerra Fría ha vuelto a comenzar. El bombardeo de la base aérea Siria por los Estados Unidos, como consecuencia del uso por el gobierno de Bashar al-Ássad de armas químicas contra la población civil, es una de varias y recientes manifestaciones surgidas en el campo internacional. Justamente, la riesgosa decisión tomada por Nicolás Maduro de respaldar a Siria y a la Unión Soviética en dicha crisis, compromete seria e innecesariamente intereses vitales de Venezuela. Es inexplicable que un Jefe de Estado tome a la ligera una decisión tan delicada. Se quiera o no, los Estados Unidos es uno de nuestros principales mercados petroleros, sólo superado por China, con la diferencia que el petróleo que envía Venezuela a ese país va exclusivamente dirigido a cancelar importantes deudas adquiridas, irresponsablemente, por Hugo Chávez durante nuestro último esplendor petrolero. Es inexplicable que Nicolás Maduro no entienda la gravedad de lo que está ocurriendo y mantenga tan absurda política internacional.
Ante todo lo planteado, creo oportuno y necesario, referirme nuevamente al papel de la Fuerza Armada Nacional. Lamentablemente, los ministros de la Defensa y la mayoría de los Altos Mandos de estos dieciocho años de desgobierno, desvirtuaron el cometido constitucional de la Institución Armada. Una inaceptable ruptura de la ética militar y un inconveniente oportunismo, los ha conducido a afirmar públicamente que nuestra Institución es “chavista, revolucionaria y socialista”, más el uso de un sinnúmero de frases, muñecos y afiches, los cuales, estoy seguro, avergüenzan a todo militar que tenga un mínimo de sentido profesional, ha comprometido totalmente su capacidad de influir, leal y oportunamente, a favor del destino de Venezuela. Una Fuerza Armada, orientada como corresponde a cumplir cabalmente sus deberes constitucionales, hubiese buscado convencer a Nicolás Maduro, para mencionar solo los casos más recientes, que era un grave error apoyar en el conflicto sirio al gobierno sunita de Bashar al-Ássad, ya que esa posición comprometía la necesaria imparcialidad de Venezuela y nuestros intereses nacionales. Tampoco hubiera aceptado la ruptura del orden constitucional ejecutado en el momento en que el Tribunal Supremo de Justicia dictó las sentencias 155 y 156 y Nicolás Maduro aceptó y respaldó su contenido. Mucho menos hubiese permitido que la Guardia Nacional y la Policía Nacional se transformaran en cuerpos represores de la población civil al mejor estilo de la Gestapo hitleriana y la KGV estalinista o de las organizaciones policiales y de inteligencia militar de las sanguinarias dictaduras latinoamericanas, solo para satisfacer el ego revolucionario de la camarilla gobernante, al mantener al municipio Libertador, como zona de su exclusiva y única propiedad.
Es verdad, como dice el general Padrino, que nuestra constitución autoriza plenamente las manifestaciones pacíficas. Todas las marchas de la oposición se han iniciado de esa manera, pero la injustificada y violenta agresión de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional han generando violentos disturbios, con graves violaciones de los derechos humanos. Es más, la última agresión ocurrió, sin que la manifestación opositora se moviera de su sitio de concentración. General Padrino, usted conoce mejor que yo los detalles de esos hechos y los responsables, como también ha estudiado la normativa internacional en materia de derechos humanos. Los venezolanos esperamos de usted, que se tomen las acciones legales y disciplinarias que corresponden. Cumpla con su deber. No permita que más ciudadanos pierdan su vida o su libertad al ser injustamente agredidos al asistir a manifestaciones convocadas por la oposición democrática. ¡Basta de represión! Piense en Venezuela y en el destino de la Fuerza Armada Nacional.
