Balance de la Política Exterior de Nicolás Maduro en el año 2014
La conducción de la política exterior continuó estando marcada por la persistencia en la improvisación, las contradicciones, el dogmatismo y la conflictividad con otros países, rasgos que han dominado la ejecución de la política internacional desde 1999, como si se tratara de un buen ejemplo a seguir, en virtud de lo cual el año culmina con un saldo negativo para las relaciones internacionales de la República.
La imagen internacional del país acentuó su deterioro, sobre todo por la violenta represión de las manifestaciones estudiantiles iniciadas a mediados de febrero, que produjo más de 40 muertes, centenares de detenidos y numerosos casos de tortura y malos tratos, hechos que ocuparon la atención de los medios internacionales.
En efecto, la crisis política que vivió el país desde comienzos del año y la violenta represión desatada contra los opositores hizo más evidente el desprecio del gobierno de Maduro por los derechos humanos y el Estado de Derecho. Como en pocas ocasiones, sus autoridades quedaron expuestas ante la comunidad internacional como representantes de un régimen que irrespeta los más elementales estándares de protección a los derechos humanos, así como el resquebrajamiento y violaciones del Estado de Derecho, quedando sólo, en forma mermada, las instancias internacionales como el único camino para canalizar las demandas de justicia.
Frente al legítimo ejercicio del derecho a la protesta, garantizado por la Constitución Nacional y las normas internacionales de derechos humanos, el gobierno optó por la represión y la violencia mediante el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias, procesos políticos, tortura física y mental, tratos degradantes y persecución. La persecución política obligó a otros ciudadanos a optar por el camino del exilio
Sobre estos graves acontecimientos expresaron su preocupación, y siguen haciéndolo, Su Santidad el Papa, diversos gobiernos de la región y de otros continentes, organizaciones internacionales, parlamentos de varios países, movimientos políticos, instituciones que velan por el respeto de los Derechos Humanos, ex presidentes, líderes políticos mundiales, el Parlamento Europeo, y hasta los secretarios generales de la OEA y de la ONU.
Más recientemente, dos instancias de la ONU se pronunciaron al respecto. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria exhortó a la liberación inmediata del dirigente político Leopoldo López; y el Comité contra la Tortura publicó un demoledor informe en el que, entre otras cosas: denuncia las violaciones a los derechos humanos en Venezuela; se muestra seriamente preocupado ante la falta de independencia del poder Judicial respecto del poder Ejecutivo, evidenciada por el caso de la jueza María Lourdes Afiuni; expresa su alarma por las torturas y malos tratos a detenidos; expresa su preocupación por el uso excesivo de la fuerza para controlar manifestaciones; manifiesta su alarma por el drama penitenciario; así como su inquietud por las detenciones arbitrarias de dirigentes políticos opositores.
Numerosas organizaciones alzaron su voz para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos y recordar que Venezuela abandonó formalmente la CIDH en 2013, desestimando los numerosos llamados a reconsiderar una decisión que pretende excluirla del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y que contribuye aun más a su aislamiento de la comunidad internacional.
De otra parte, los incidentes diplomáticos con otros gobiernos tradicionalmente amigos de Venezuela, se hicieron frecuentes, como fueron los episodios con las autoridades de Perú, España y Estados Unidos, por citar sólo los más emblemáticos.
En otro orden, con respecto, a Colombia, si bien las relaciones han discurrido en una ambiente de relativa normalidad, aún persisten las prácticas restrictivas al comercio bilateral, el cierre unilateral de fronteras, las deudas pendientes con exportadores colombianos, algunos incidentes fronterizos y la ausencia de información oportuna acerca de los diversos mecanismos de concertación.
Las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos han descendido a uno de sus momentos más bajos, al acentuarse las tensiones que marcaron su rumbo durante estos últimos años, al punto de que sus representaciones diplomáticas continúan sin embajadores desde 2010. La escalada de desencuentros ha llegado a niveles sin precedentes, signada por el recurso a los insultos; las acusaciones; la expulsión de funcionarios diplomáticos y consulares; las amenazas; y la revocación de visas, entre otras acciones.
El punto más álgido de estos desencuentros fue la aprobación por unanimidad en las cámaras de Representantes y del Senado, así como su posterior firma por el Presidente de los EEUU, de una ley mediante la cual se podrán establecer sanciones personales contra aquellos funcionarios del gobierno de Venezuela que se encuentren involucrados en actos violatorios de los derechos humanos tales como la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y las desapariciones forzosas ocurridas a raíz de las protestas de principios de año, tipificados como crímenes internacionales en el derecho internacional, en los tratados internacionales adoptados por la comunidad internacional y en el derecho penal internacional, que constituyen delitos imprescriptibles y en cuya investigación y sanción están obligados a cooperar todos los Estados.
De la misma forma, la importante decisión tomada por el ejecutivo norteamericano tras largas negociaciones secretas, de reiniciar relaciones diplomáticas con Cuba, interrumpidas desde hace más de medio siglo y que podría implicar el progresivo desmontaje del embargo comercial, económico y financiero que le han aplicado los EEUU a la isla desde 1960, introduce necesariamente un elemento de cambio fundamental en nuestra relación tanto con Cuba como con los EEUU. El régimen venezolano deberá tratar de conciliar el hecho de que su principal aliado continental abra una nueva etapa de relacionamiento con los Estados Unidos, cuya importancia como principal mercado de nuestras exportaciones petroleras ha disminuido progresivamente.
El fiasco experimentado por el más alto gobierno, que pareció haberse enterado por los medios de que Cuba y los EEUU habían estado negociando el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la cooperación de Canadá y de la Santa Sede, pone de manifiesto la inoperancia de la Cancillería venezolana, la cual fue incapaz de percatarse e informar sobre dicha iniciativa. La embarazosa situación pone de relieve la degradación institucional y la falta de profesionalismo que afecta a la Cancillería y al Servicio Exterior, trastocados en agencias de propaganda internacional del régimen, incapaces de informarse debidamente, menos aún de velar por los intereses nacionales.
Los desencuentros para acordar una simple resolución de bienvenida a dicha decisión por parte de los miembros de la OEA en una accidentada reunión a fines del año ponen de relieve las dificultades de digerir sus implicaciones.
Por otro lado, no es por azar que para organizaciones como el Foro Económico Mundial, el Instituto Fraser y Transparencia Internacional, por solo mencionar algunos, la percepción de Venezuela en temas como la corrupción, la libertad de prensa, la inseguridad y la criminalidad, las libertades políticas y económicas, y su desempeño económico y social, continuó agravándose hasta llegar a ocupar los últimos lugares de sus índices anuales.
Recordemos que Venezuela es el país que más casos tiene en el CIADI, instancia de arbitraje internacional de la cual se retiró en el 2013, como resultado de la interpretación arbitraria de los derechos del Estado frente a los inversionistas extranjeros y a los incumplimientos de las normas legales, todo lo cual no ha hecho sino agravar la inseguridad jurídica y deteriorar nuestra credibilidad e imagen externa.
En lo que puede considerarse una muestra más de las improvisaciones en política exterior, pocos días antes de concluir el año, se produjo el reemplazo del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien apenas tenía 3 meses en su cargo, una decisión que revela la ausencia de objetivos estratégicos de mediano y largo plazo en la política internacional. Su reemplazo, por una ficha cercana al entorno presidencial que exhibe credenciales de sectarismo e intolerancia, augura un mayor dogmatismo en el manejo de las relaciones exteriores.
En suma, el gobierno cierra el año 2014 con un escenario internacional adverso y crecientemente aislado. Recomponer tal estado de cosas requiere dejar a un lado la visión ideológica en el manejo de las relaciones internacionales; elaborar unas líneas estratégicas claras, realizables y acordes con la Constitución y la dimensión y capacidad actual del Estado venezolano; reparar las relaciones con nuestros aliados tradicionales; recuperar la institucionalidad y profesionalización de la Cancillería; por citar solo algunas.
El impacto de la crisis económica
Al ya negativo desempeño económico del país, producto entre otras causas de la disparatada gestión económica gubernamental, criticada por numerosos analistas a nivel interno y externo por sus desaciertos y calificada por los analistas del influyente The Economist como la economía peor administrada del mundo, vinieron a sumarse dos hechos de especial significación: la protesta estudiantil y ciudadana que sacudió al país durante el primer semestre, con una fuerte repercusión en la imagen internacional del régimen; y la estrepitosa caída de los precios mundiales del petróleo durante la segunda parte del año, que amenaza seriamente la continuidad y viabilidad de una serie de programas y proyectos gubernamentales, entre otras serias consecuencias.
En efecto, el manejo económico del país no podría ser más desacertado, sobre todo si se consideran los resultados de la gestión a la luz de los ingentes ingresos recibidos durante los últimos años, en medio de su mayor bonanza petrolera. Los persistentes problemas, entre otros, de desabastecimiento, escasez, inflación, fuga de capitales, devaluación de la moneda, déficit fiscal, fuga de cerebros y desinversión generalizada han continuado agravándose, sin que se perciban propósitos serios y racionales de enmendar los entuertos. El propio Banco Central de Venezuela, en su informe anual, confirma que el país ha entrado oficialmente en recesión económica y exhibe una inflación anualizada hasta el mes de noviembre del 63,6 por ciento.
El significativo reajuste del precio mundial del petróleo experimentado desde mediados del mes de junio, que en el caso del crudo Brent ha bajado de 115 $/b a menos de 60 $/b, atribuible a una baja generalizada del consumo energético en la Unión Europea y en países como China, Japón y la India, junto con el aumento de la producción petrolera en varios países no-OPEP, a la violación de las cuotas de producción por parte de los países de la OPEP, así como al importante crecimiento de la producción de los EEUU, implica una reducción de casi un 50 % de los futuros ingresos en divisas del país.
Ante semejante panorama, Venezuela asiste inerme a la confluencia de un rápido mas no inesperado crecimiento de la producción de petróleo en los EEUU y la negativa de los principales países árabes productores del Golfo Pérsico de reducir sus exportaciones para recuperar los precios. En efecto, la propuesta venezolana de reducir la producción para defender los precios solo fue acogida por los países más afectados por su caída, incapaces de reducir su producción, pero rechazada de plano por los grandes productores del Golfo, que prefieren salvaguardar sus mercados, aunque ello signifique sacrificar los precios.
Venezuela, junto con dos de sus nuevos aliados, Rusia e Irán, encabeza el grupo de países más afectados por la merma de los ingresos petroleros, situación que amenaza con perdurar por algún tiempo, habida cuenta de la negativa de Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos de reducir sus exportaciones para frenar la caída del precio, decisión que pareciera tener mucho que ver también con intereses geopolíticos, en donde adversarios tradicionales como Irán y Siria juegan un papel importante.
Como consecuencia de ello, la economía nacional, cada vez más maltrecha y dependiente de los ingresos petroleros, recibió un serio golpe durante la segunda mitad del año. Sus efectos se han hecho sentir en una importante reducción de las divisas otorgadas discrecionalmente por el gobierno para la importación de bienes e insumos esenciales, presionándolas a la baja y afectando aún más los serios problemas de abastecimiento que sufre el país desde hace ya cierto tiempo.
En medio de este panorama, como consecuencia de la continuada merma de las reservas internacionales y de la necesidad de hacer frente a diversos compromisos financieros, los acuerdos de cooperación petrolera con los países del Caribe y Centroamérica se han visto afectados también, en especial con Cuba, país que recibía volúmenes superiores a sus necesidades reales, que incluso revende a precios internacionales. La significativa caída de los precios mundiales del petróleo obligará a realizar ajustes en toda una serie de iniciativas gubernamentales de cooperación internacional, siendo la más afectada de todas las relativas a Petrocaribe, pero seguramente extensible a otras como el ALBA, Telesur, etc.
En ese contexto, no resulta aventurado afirmar que la dispendiosa actitud del régimen venezolano en el marco de sus iniciativas de ayuda y cooperación hacia varios países latinoamericanos y del Caribe se verá necesariamente afectada, con una significativa reducción de su cuantía y alcance, cuyos primeros indicios se vislumbran, a pesar de la tradicional opacidad informativa oficial.
La influencia reciente de Venezuela en el contexto latinoamericano luce entonces comprometida, en razón de la merma de su capacidad financiera para impulsar decisiones de su interés. En el caso de la ALBA, aparte del fracaso comercial que ha significado para Venezuela, se hace cada vez más evidente la pérdida de influencia del régimen bolivariano, lo que se manifiesta de la actitud divergente de las agendas internacionales de sus principales miembros, Ecuador, Bolivia y Nicaragua.
A todas luces, la insoslayable necesidad de generar un amplio debate a nivel público y privado sobre la política petrolera nacional, en el cual no podría estar ausente la Cancillería, como sería de esperar en un país que depende en tan alto grado de los mercados mundiales del petróleo, no se puede seguir posponiendo.
Comercio e integración
El desempeño de Venezuela en materia de comercio exterior sigue siendo altamente insatisfactorio y preocupante, como resultado de la marcha general de su economía, (baja producción, alta inflación, deuda externa creciente) caracterizada por la inseguridad jurídica, la existencia de múltiples controles gubernamentales (de cambios y de precios, entre otros), expropiaciones injustificadas, poca competitividad, leyes que desestimulan las inversiones nacionales y extranjeras, así como un permanente y sistemático acoso al sector privado. No hay por lo tanto una política coherente y clara que promueva e impulse las exportaciones no petroleras, lo cual nos ha hecho perder mercados internacionales. La diplomacia venezolana tampoco le otorga prioridad a esta temática. Como consecuencia de todo ello, seguimos siendo un país mono exportador, ha resultado imposible avanzar en la diversificación de las exportaciones y por el contrario se depende cada vez más de las exportaciones petroleras, las cuales incluso han sufrido una merma considerable, a pesar del incremento de las ventas a Asia (China).
Venezuela se inauguró como miembro de pleno derecho en Mercosur en 2014, luego de que el Congreso de Paraguay reconsiderara sus objeciones a nuestra entrada y aprobara el Protocolo de Adhesión respectivo en el mes de diciembre de 2013. Las razones del cambio de parecer del Congreso paraguayo se desconocen, aunque se puede conjeturar que tienen que ver con intereses geopolíticos y económicos.
En el mes de julio tuvo lugar en Caracas la 46ª Cumbre Presidencial de Mercosur bajo la presidencia de Venezuela, en la que se admitió a Bolivia como miembro pleno, se trató el tema del juicio que contra Argentina han intentado sus acreedores (holdouts) y se debatió sobre el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, cuya negociación ya lleva casi 15 años y en la cual Venezuela no participa de manera directa.
Por otra parte, Venezuela, cuyas exportaciones al Mercosur se han reducido significativamente, constituye fundamentalmente un importador en dicho bloque, el cual ha perdido su dinamismo inicial y en donde la política se ha impuesto por encima de lo económico.
Venezuela no pertenece a ningún otro bloque comercial en el hemisferio, aparte de su membresía en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y de su rol central en la ALBA, una agrupación más bien de carácter político, con cuyos miembros mantiene un déficit comercial importante, a pesar de las ingentes ayudas (petróleo subsidiado, entre otras) que tales países reciben del nuestro.
El apresurado e inconsulto ingreso de Venezuela al MERCOSUR, el abandono de nuestra participación en la Comunidad Andina y la ausencia de una visión estratégica para evaluar las nuevas iniciativas de comercio e integración con la región Asia/Pacífico, así como con otras regiones del mundo, ponen de manifiesto la necesidad de reevaluar las estrategias de inserción de Venezuela en dichas iniciativas.
Relaciones con Guyana
En el comunicado conjunto firmado el 17 de octubre del 2013, los cancilleres de los dos países “acordaron explorar mecanismos en el marco del derecho internacional para abordar el tema de la delimitación marítima y que en los próximos cuatro meses un equipo técnico se reúna para intercambiar opiniones al respecto”. Guyana reclama que ha pasado más de un año y no ha habido ninguna reunión “técnica”. Mientras tanto, Guyana ha reactivado su solicitud a la ONU de ampliar la plataforma continental de 200 a 350 millas, incluyendo en la misma no sólo la fachada atlántica que proyecta la zona en reclamación del Esequibo, sino la del estado venezolano Delta Amacuro, cercenándonos centenares de miles de kilómetros cuadrados de áreas marinas y submarinas, ricas en hidrocarburos y recursos de la pesca, privando a Venezuela además de su salida libre al Atlántico.
Guyana no solo ha seguido otorgando concesiones en esas mismas áreas a transnacionales como la Exxon-Mobil, sino que además su canciller declaró en marzo pasado sobre una represa hidroeléctrica que sería construida conjuntamente con el Gobierno del Brasil en el Esequibo y afirmó que no visualizaba ninguna consecuencia con la nación vecina, puesto que esa área ya no está considerada en “disputa”, lo cual significa un evidente desconocimiento de la controversia territorial con Venezuela que debe ser resuelta a través de una “solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia”, como reza el Acuerdo de Ginebra de 1966.
El fallecimiento del buen oficiante de la ONU Norman Girvan crea las condiciones para el nombramiento de un nuevo buen oficiante o de reflexionar sobre la conveniencia de buscar vías alternativas para la solución de la controversia.
El gobierno debería buscar un gran consenso nacional, a través de la consulta y el diálogo con los diversos actores y expertos nacionales, para defender los derechos de Venezuela en el Esequibo y en la fachada atlántica del Delta del Orinoco.
Creciente militarización del Estado y la sociedad
La Constitución afirma que: “La Fuerza Armada constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política…está al servicio de la nación y en ningún caso de persona o parcialidad política…”. Efectivamente, en toda democracia las fuerzas armadas deben ser institucionales, profesionales y sobre todo apolíticas, porque custodian las armas de la nación y constituyen el brazo armado del Estado
En nuestro país, la Fuerza Armada dejó de ser apolítica, obediente y no deliberante, está sujeta a un constante adoctrinamiento ideológico-político y se está convirtiendo en una verdadera guardia pretoriana del régimen. Asimismo, la progresiva militarización de la sociedad y el Estado se manifiesta como uno de los objetivos fundamentales del gobierno de Maduro.
La administración pública, las empresas del Estado, el Servicio Exterior, las Gobernaciones y las Alcaldías están siendo inundadas de militares activos, estimados en unos 1.700, a los cuales se añade un número mucho mayor de militares retirados, ocupando funciones que en toda sociedad democrática estarían en manos de civiles. Las autoridades civiles electas popularmente se encuentran hoy subordinadas a las autoridades militares de los Comandos de Guarnición regionales, los cuales disponen y manejan generalmente recursos superiores a los de ellas para atender las necesidades de salud, vivienda, suministro de alimentos e incluso tomar parte en los procesos electorales, con autoridad real sobre la actuación del ciudadano en el acto del sufragio.
A las Fuerzas Armadas regulares hay que agregar los centenares de miles de civiles regimentados e indoctrinados en las “Milicias Populares”, verdadero brazo armado del partido de gobierno. Con el nombre de “unidad cívico-militar”, se quiere encuadrar militarmente a la mayor parte posible de la sociedad civil, con el objetivo de facilitar su adoctrinamiento, movilización y control, con las inevitables secuelas de los resabios típicos del mundo castrense, como el autoritarismo, el abuso del fuero militar, la arbitrariedad como método de imposición de la disciplina, los castigos o sanciones con base en la fuerza, la imposición de la obediencia debida, etc.
En Venezuela se está gestando y creciendo un nuevo militarismo que, al amparo de una pretendida legalidad democrática, implica entregar a una cúpula del estamento militar el ejercicio determinante del poder político, en detrimento de la forma republicana que exige la sujeción de los militares al poder civil
