Autoridades tricentenarias
El raro honor de presidir los actos de celebración de los trescientos años de la Universidad Central de Venezuela a cumplirse el próximo 22 de diciembre le añade un ingrediente de trascendencia histórica a la ya de por sí extraordinariamente compleja situación que atraviesa “la casa que vence la sombra”.
Algunos profesores, estudiantes, empleados y obreros se han atrevido a remover las aguas del pantano en que se encuentra atascada la institución con la finalidad de renovar a sus autoridades como un primer paso para avanzar en su reanimación como actor estelar en esta tragedia de la vida nacional.
En las actuales circunstancias, el mero hecho de convocar a elecciones de autoridades entraña cierta temeridad, incomprensible, considerando que todas tienen sus períodos vencidos y están desempeñando funciones por inercia administrativa, bajo la figura de interinatos y encargadurías, como consecuencia de la política del régimen hacia las universidades autónomas de ponerlas bajo asedio, para hacerlas cada vez más vulnerables a la intervención.
Esta política se expresa en medidas ejecutivas, legislativas y judiciales, entre otras, para imponer un lineamiento electoral manifiestamente inconstitucional e ilegal, que no tiene precedente en el mundo ni en la historia del país, para encubrir como si fuera democrática la designación de autoridades alineadas con la implantación del socialismo del siglo XXI.
Siendo que el artículo 109 de la Constitución impuesta por el mismo régimen establece que “el Estado reconocerá la autonomía universitaria” y que “las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno”, no cabe duda de que el Reglamento Electoral aplicable es el que la misma Universidad ha establecido y que se encuentra en vigencia.
Otro asunto, adjetivo pero importante, es la operatividad del proceso electoral en estos tiempos de pandemia. Cuestión que corresponde resolver a la Comisión Electoral que debe elaborar las normas que permitan el voto a distancia (on line, como se dice ahora), mediante mecanismos, que ya existen y están suficientemente probados, que garanticen la transparencia y confiabilidad del voto, el escrutinio y la proclamación de resultados.
Esto supondría vaciar el registro electoral en formato electrónico, lo que tradicionalmente se llama “el claustro”, que constituye el universo electoral, definido de acuerdo con lo que establece la normativa vigente; no ninguna otra espuria que el régimen pretenda imponer.
Como se ve, las cuestiones legales, técnicas y procedimentales no presentan dificultad alguna que no pueda superarse con un poco de buena voluntad e ingenio, que abundan en la UCV; el verdadero problema es el reconocimiento oficial de los resultados, que pueden ser impugnados, anulados por el TSJ y expuestos a otras retaliaciones consabidas, cuando éstos no satisfacen las pretensiones políticas del régimen.
Y aquí arribamos a un punto que tiene que ver con el talante moral, con el carácter de las personas, incluso, con la sinceridad con que se asumen las posiciones académicas, políticas e individuales, cuestiones difíciles de juzgar, cuando no imposibles de resolver, porque apuntan al fuero interno de cada quien, exigiendo integridad y valentía.
Por supuesto, no se le puede pedir a nadie que se inmole en aras de un ideal, por noble que sea; pero sí se le puede exigir a quien se comprometa con un proyecto de Universidad y de País, con todas las dudas que puedan suscitar ambos, que cumpla con las obligaciones asumidas, cualesquiera que sean las consecuencias.
Las actuales autoridades de la UCV son inusitadas en más de un sentido de la expresión: Lo primero que salta a la vista no es sólo que la ciudadana rectora sea la primera mujer en ocupar la silla de Vargas, sino que lleva ya tres períodos consecutivos y se adentra en el cuarto, sin ofrecer la más mínima señal de ser relevada en el cargo, desde mayo de 2008.
Muy por el contrario, manifiesta que en virtud del obstáculo del Reglamento Electoral y la ostensible actitud del régimen de pretender desconocer las autoridades universitarias, como parte de su proyecto hegemónico, ella seguirá allí plantada, “hasta que el cuerpo aguante”, sin legitimidad en el cargo, ni legalidad de ejercicio; pero con sobrada determinación.
En orden alfabético o de aparición, que es casi el mismo, los profesores Amalio Belmonte, Absalón Méndez, Genaro Mosquera y Víctor Rago, han manifestado públicamente sus impresiones sobre la crisis universitaria, la estrategia del régimen contra la institución, la actitud de las autoridades y la comunidad universitaria, alineándose con respecto a la necesidad y conveniencia de convocar a las tan controvertidas elecciones universitarias.
Nadie se llama a engaño, las condiciones no pueden ser peores, el deterioro físico de las instalaciones de la ciudad universitaria avanza implacablemente, pese a cumplir el pasado 2 de diciembre veinte años de su declaración por la ONU como Patrimonio de la Humanidad, una expresión material de su deterioro institucional, jurídico, económico y espiritual, cumpliéndose una vez más el dicho popular de que “la universidad es el reflejo del país”.
Como si fuera un designio de la Providencia, en esta Universidad nació una idea de República y en ella morirá.
