AN, conteo regresivo
La proposición y convocatoria a una disparatada Asamblea Nacional Constituyente, realizada por la tiranía venezolana, ha generado un fuerte impacto discursivo en el país y profundizado sus diferencias. Es tal vez el más grave error cometido por la tiranía desde la instalación de ese régimen en 1999. Más allá de su ilegalidad, de la cual no quedan dudas, preocupan a la población informada los efectos inmediatos derivados de su posible puesta en marcha, consecuencias que han sido muy cacareadas por la tiranía.
Los objetivos principales.
Los primeros blancos de la Constituyente gubernamental serán los componentes del Poder Público Nacional. La disolución de la Asamblea Nacional (AN), cabeza visible del Poder Legislativo y depositaria de la soberanía popular (no temporalmente en el presidente, como decidió el Tribunal Supremo de Justicia-TSJ en aberrante decisión, hace poco), la substitución de los miembros titulares y subordinados del Poder Ciudadano (Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Contraloría General) y del Poder Electoral, ejercido por el Conejo Nacional Electoral (CNE). En el sistema judicial, encabezado por el TSJ, no se esperarían muchos cambios significativos, dada su conocida trayectoria y desempeño funcional de sumisión a la tiranía. A menos que los nuevos magistrados propuestos fueran más radicales. Pero los gobernadores y representantes municipales serían sustituidos, a dedo, por miembros de un consejo comunal o un colectivo paramilitar. ¡Vaya futuro “constitucional” el que nos aguarda!
Es la paradoja de una constituyente que destituye y destruye en lugar de constituir y construir.
El resultado sería una constitución calcada de la Cuba castrista, con lo cual Venezuela se transformaría en una nación vasalla de un miserable país comunista.
El plazo
La acción potencial tiene término: 30 de julio del presente año. El conteo regresivo ya comenzó. Es el tiempo restante para detener y derrotar a la convocatoria constituyente, en la cual la tiranía “se la juega”, por lo que su rechazo sería un golpe aniquilante para el régimen. La AN está compelida a tomar decisiones sanamente agresivas y de alto impacto y significación políticos para contrarrestar el peligro. Ciertamente, la opinión pública ha rechazado abrumadoramente, con más de un 85%, la proposición de una Constituyente comunal y militarista y señala sin argumentar, encuestas por delante, que ésta no se va a realizar. Pero la AN no puede confiarse en dicha mayoría ni en el deseo etéreo de que no tendrá lugar, que pareciera más bien un acto de fe, y esperar de brazos cruzados la llegada de la fecha anunciada.
Se criticó intensamente la lentitud de la AN para tomar las primeras decisiones trascendentales al inicio de su instalación en enero de 2016, así como por haberse diluido en tópicos de escaso impacto o necesidad para el país, que denotaban inseguridad, morigerados por el triunfalismo producido por la aplastante victoria. Pero el tiempo pasó y es ahora cuando se ha comenzado a corregir. Muchas voces señalaban entonces, como urgente, el nombramiento de los magistrados del TSJ y de los rectores del CNE, que habían sido designados en las dos últimas sesiones de la AN saliente, violentando desvergonzadamente las normas constitucionales.
Ambas acciones y sus decisiones son estratégicas pues constituyen prelación para la toma de otras decisiones correctivas. Acertadamente, la AN ya inició el procedimiento para resolver el primero de los objetivos mencionados, pero anuncia las designaciones de los magistrados para finales de junio, un término que es peligrosamente largo dada la urgencia y trascendencia del caso y la proximidad de la fecha de la posible instalación de la Constituyente del régimen.
La nación democrática necesita decisiones aceleradas de la AN que detengan con éxito los actos inconstitucionales de la tiranía, ejecutados a través de las decisiones espurias del TSJ ilegítimo. Las acciones de calle organizadas y ejecutadas por agrupaciones políticas o no de la oposición en todo el país significan, no solamente rechazo contundente a la tiranía, sino el claro apoyo a la AN. Es clamor popular, que las mismas deben continuar con intensidad creciente.
Las acciones extra-AN
El recurso contencioso electoral presentado por la Fiscal General ante el TSJ contra la constituyente fue rápidamente declarado inadmisible por la Sala Electoral del tribunal. Esta decisión pone a la AN y a sus miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en la necesidad de actuar perentoriamente, de apoyar el contragolpe constitucional, el cual supuestamente adheriría el sector militar. Es la opinión de Jesús Petit da Costa, conocido abogado constitucionalista, quien reitera que es obligación de la AN cambiar al TSJ ilegítimo. Enrique Aristeguieta acusa sin ambages de traidores, semejantes a los de la tiranía, a aquellos diputados de la AN que no renueven al TSJ. Esta situación de interdependencias aclararía la relación militar con la decisión de la AN de destituir al ministro Reverol por desacato, al ignorar su solicitud de comparecencia ante la misma, con el resultado de colocar a la Guardia Nacional y a la Policía Nacional ante la disyuntiva de acatar órdenes de quien no tiene la cualidad o autoridad para ello
Los hechos políticos continúan desarrollándose con inusitada rapidez. Apenas el 13 de junio, la Fiscal General de la República acudió ante la Sala Plena del TSJ para solicitar el antejuicio de mérito contra ocho magistrados de la Sala Constitucional de dicho organismo, “frente a la negación y desconocimiento del estado de derecho”, por ”desmantelar al Estado desde el TSJ” y por “delitos de conspiración contra la forma republicana que se ha dado la nación. Su accionar se sustenta sobre el impacto provocado por las sentencias 155 y 156, en las que se producía una ruptura del orden constitucional. Y finalizó al manifestar, que: “Corre peligro la nación, el estado de derecho, la paz y la ciudadanía. Esta sería la muerte del derecho si permitimos que los magistrados se mantengan en la Sala”. Surge la pregunta: Si estas personas fueron designadas arbitrariamente, podrían ser consideradas como usurpadoras y como tales no les correspondería el beneficio del antejuicio de mérito. En una democracia funcional no habría dudas al respecto, pero no en la actual Venezuela. De todas maneras, rápidamente el TSJ decidió negarlo, sin analizar el fondo del asunto.
La sabiduría popular no está plenamente convencida de los verdaderos objetivos e intenciones de la Fiscal General y así lo pregona. Pero, indudablemente, esas acciones, dentro de sus atribuciones, contribuyen a destrabar el estancamiento que experimentaba la situación política general del país, que de otra manera cerraría las salidas para una solución pacífica de la crisis venezolana. Si fuera por el presidente ilegítimo, él dejaría que el país continuara ardiendo y en franca caída hacia un abismo desconocido. Y es muy probable, que en acción conjunta con la AN se pueda alcanzar el saneamiento del TSJ. E inmediatamente, el del CNE. El pueblo, que es el mandante, espera que así lo entienda y ejecute la AN.
La convocatoria para inscripciones de los votantes a las elecciones de gobernadores publicada por el CNE el 15 de junio y su realización para el 10 de diciembre de 2017 ponen presión adicional a la AN y a la oposición en general. Es notoria la celeridad de este organismo, ahora, cuando otras decisiones fueron dilatadas al máximo o superadas por otros requerimientos.
Ese mismo día, la Fiscal General interpuso ante el TSJ tres recursos de nulidad contra los decretos presidenciales mediante los cuales se convocó a la Constituyente y se establecieron sus bases comiciales. Igualmente, contra las decisiones del CNE relacionadas con esa convocatoria.
¿Qué estrategia deberá atender entonces la AN? ¿Calle o legislación?
Es muy loable que los diputados hayan participado frontalmente en las manifestaciones de calle sin dejar de realizar su labor legislativa, por lo cual ésta se ve disminuida. Es su deber continuar realizando ambas actividades, sin importar los sacrificios que conlleve. La primera, por convencimiento y solidaridad hacia el pueblo y la segunda, por obligación.
¿Funciones adicionales de la AN?
La AN tiene dos funciones adicionales, no descritas taxativamente en la Constitución: una ser conductora y otra catalizadora. Como depositaria de la soberanía popular, la AN debe honrar esa potestad conductora para encauzar el destino del país hacia un futuro cada vez mejor, en felicidad y bienestar, pleno de libertad, responsabilidad y respeto entre sus ciudadanos. La paz vendrá como consecuencia de lo anterior. Es deber insoslayable de la AN encauzar, entonces, las acciones de protesta legítima de la población, cuyo resultado debiera ser la contribución a que el movimiento popular se imponga sobre la tiranía. Actualmente, la tiranía ha usurpado la delegación de la soberanía popular y, con innumerables trucos y el visto bueno del ilegítimo TSJ, la ha traspasado al poder ejecutivo y éste a los comuneros, para integrar los votos oficiales a la constituyente espuria. Procesos legislativos que en ausencia de la potestad legislativa de la AN serían marcadamente lentos, son acelerados hasta su concresión en leyes acabadas a través de esa función catalizadora. Otras acciones cívicas son aceleradas por esa función.
Reflexiones para concluir
Diputados y oposición viven momentos brillantes. No se sabe cuánto durará. Pero el mejor acicate es el convencimiento de que Venezuela saldrá de este régimen tiránico. Para evitar el fastidio y el posible cansancio de la población deberá haber algunas acciones novedosas. La novedad reciente es la contundente serie de acciones legales, ya citadas, emprendidas por la Fiscal General, reconocida defensora del régimen chavista, pero ahora frontalmente opuesta al madurismo. La sumatoria de las acciones de los sectores mencionados, incluidas las fuerzas políticas y sociales democráticas, deberían tener como resultado la incorporación del estamento militar. Del conjunto surgirían las estrategias, que apunten hacia las vías de una posible transición de salvación nacional.
Sobre algo debemos alertar: Al igual que ante las decisiones de la AN, no espere la oposición decisiones del TSJ favorables a los recursos y solicitudes jurídicos presentados por la Fiscal General, debido al ignominioso sometimiento del cuerpo al poder ejecutivo. Recuérdese el sistemático rechazo del tribunal a la casi totalidad de las decisiones de la AN. Vale más cuidar el puesto.
¿No podría la AN autorizar el allanamiento de la inmunidad del presidente, en una acción conjunta con la Fiscalía por el delito de conspiración? ¿Ejercer acciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿Hacer énfasis en el respeto a los Derechos Humanos, materia en la cual el régimen está aplazado? ¿Comenzar a designar especialistas opositores en áreas claves de la economía, finanzas, lo político/social, agricultura, educación, cultura y universidades, industria y comercio, energía y minería, ciencia y tecnología tanto en el país como en el exterior, que estén preparados, con planes concretos, para la posible transición de salvación nacional, a la manera de un gabinete en la sombra, a la usanza europea?
Para la tiranía y su partido, los movimientos que ocurren en el país constituyen un atentado contra su supervivencia, por lo cual harán todo lo posible, también lo ilegal y hasta lo criminal, por inactivarlos. Reclamarán ilegitimidad de las decisiones legales y tal vez, harían lo que les viniera en gana, como es su costumbre. Tienen el poder y la fuerza bruta para ello.
La antes invulnerable hegemonía gubernamental no está muerta. Pero está profundamente fracturada. La insatisfacción popular es tan elevada, que el caos parece reinar. No. No es explosión de anarquía. Es el deseo general de cambio. Y de libertad. De libertad que se sobrepone al hipócrita llamado a la paz ofrecido por la tiranía. Parece que esto, por fin, es ponderado y aceptado por la población, que sí quiere paz, pero antes quiere libertad.
Conducida por sus líderes, la población buscará mejorar los aspectos fundamentales de organización, unión/centralización y una tenacidad/constancia, ya practicados, pero aún dispersos y sin sintonía con los objetivos mayores. Los resultados serán más significativos.
A la AN se le sugiere mucha entereza en sus decisiones. No les está permitido a sus diputados equivocarse o atender otros intereses que no sean los del pueblo. Deberán recordar siempre, al igual que la oposición en general, su deber de superar la nefasta y perversa influencia que ejerce la expoliadora satrapía castro-cubana sobre numerosas instancias ejecutivas de la tiranía venezolana y no olvidar, que el país está manejado por delincuentes que bailan al son del invasor castro-cubano. Esa dictadura foránea hará todo lo posible por continuar saqueando al país.
La democracia en Venezuela ha sido conculcada por esa decrépita dictadura, con la traición al país, el visto bueno y la anuencia de los dos mandatarios que extraviaron los destinos de la nación desde 1999. Fuimos víctimas de un agitador y provocador político, que en su ignorancia y narcisismo intentó presentarse como heredero único del Padre de la Patria, al extremo de fabricarse un Bolívar zambo que se pareciese a él, después de profanar indignamente el reposo de sus restos.
Y una vez expulsada la tiranía, la AN, el sistema judicial depurado y la población deberán prepararse para ejercer las acciones legales contra los miembros del Poder Ejecutivo y su entorno, la administración pública, entre muchos otros, para lograr su detención preventiva, juicio y condena por sus crímenes contra la nación. Sería el inicio de lo que este columnista ha denominado deschavización, en otro texto en Analítica.
Sin lugar a dudas existe un futuro resplandeciente para Venezuela sin la revolución chavista. El pueblo venezolano es un pueblo en rebelión, que ha decidido poner fin a ese proyecto aberrante y totalitario.
La situación actual es irreversible. El tiempo avanza. El conteo regresivo está activo.
