Al embajador Samuel Moncada
Los dirigentes políticos, la sociedad civil y el sector militar de Guyana están unidos en un solo bloque en torno a la disputa territorial por el Esequibo. En Venezuela, en cambio, la división es total e intensa. En el gobierno se advierten algunas contradicciones en el discurso. Lo mismo ocurre en la oposición que carece de mensaje claro y firme que permita orientar a los venezolanos. No en balde, el jesuita Pablo Ojer señaló: “Venezuela es un país en donde los venezolanos tenemos que luchar contra nosotros mismos para defender lo que es nuestro”. Siempre vigente la afirmación de este sabio y héroe en la defensa de las fronteras de Venezuela.
El tono guerrerista se está elevando en Guyana y en Venezuela con la amenaza de un posible conflicto militar. De una vez hay que decirlo sin vacilar: una guerra en la zona tendría graves y dolorosas consecuencias contra ambos países. Esa no es la solución. Para Venezuela sería devastador. Se agravarían los ya muy deficientes servicios públicos de agua, electricidad y salud. Son impredecibles las consecuencias de una guerra. Esa no es la solución.
El único camino que queda a nuestro país es participar vigorosamente en el juicio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Así podremos preparar la contramemoria, presentar nuestras pruebas y demostrar que nunca ha habido aquiescencia de parte de Venezuela en el ilegal despojo del que fuimos víctimas con el Laudo de París de 1899. Es en el juicio, y no fuera de él, como podremos demostrar las razones de hecho y de derecho que nos asisten. Mi opinión se basa en las consideraciones que expongo a continuación.
No es cierto que la posición tradicional de Venezuela ha sido desconocer la competencia de la CIJ. Hay suficientes elementos que así lo demuestran. Uno de ellos es la carta de fecha 19 de septiembre de 1982, suscrita por el canciller José Alberto Zambrano, a la cual me referí en mi artículo anterior (“La participación en la consulta sobre el Esequibo”, El Nacional, 21.11.2023).
Adicionalmente, se pueden ponderar las declaraciones de Ignacio Iribarren Borges, emitidas con ocasión de la presentación del Acuerdo de Ginebra ante el Congreso de Venezuela. En esa oportunidad el canciller declaró: “Después de varios contactos informales, nuestra Delegación optó por dejar en mesa una fórmula semejante a la tercera propuesta venezolana que había sido rechazada en Londres, con la adición del recurso a la Corte Internacional de Justicia”. Y agrega el canciller: “Fue, pues, sobre la base de la propuesta venezolana, como se vino a lograr el Acuerdo de Ginebra. Lejos de haber sido éste, como se ha dicho maliciosamente, una imposición, o un artilugio británico que sorprendió la ingenuidad de la Delegación venezolana, está basado en una propuesta venezolana que rechazada terminantemente en Londres ha venido a ser aceptada en Ginebra”. Está claro, entonces, que el arreglo judicial fue propuesto por Venezuela.
La opinión de que Venezuela nunca ha reconocido la jurisdicción de la CIJ obedece a una interpretación insuficiente del Acuerdo de Ginebra, el cual contempla esta posibilidad en el artículo IV.2 en relación con el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Así lo declaró la CIJ en su sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el numeral 82 de la decisión. En todo caso, ya Venezuela nombró un juez ad hoc y a sus agentes, y de esta manera accionó el principio fórum prorrogatum que se refiere a conductas de las partes que entrañan aceptación de la competencia de la corte
Si Venezuela comparece, podrá presentar la contramemoria y también promover y evacuar sus pruebas para demostrar que el Laudo Arbitral de 1899 es nulo, porque es inmotivado, contiene ultra petita y es producto de un fraude contra nuestro país. También podremos probar que poseemos mejores títulos que Guyana que demuestran nuestros derechos. Estas pruebas documentales son producto del trabajo de ilustres venezolanos, como, Alejo Fortique, Rafael María Baralt, José María Rojas, Rafael Seijas, Domingo Sifontes y los jesuitas Pablo Ojer y Hermann González Oropeza. Cabe preguntar entonces: ¿cómo podríamos hacer valer nuestros títulos si no comparecemos?
También estaremos en capacidad de solicitar al Reino Unido que exhiba documentos que permitan aclararle a los jueces de la CIJ la verdad del asunto. Un ejemplo de ello es la carta del 4 de marzo de 1842, suscrita por Henry Light, gobernador de la Guayana Británica, dirigida a Lord Stanley, ministro de Colonias del Reino Unido. En dicha comunicación afirma el gobernador: “Yo creo que el señor Schomburgk asume que el Amacure es la frontera, solamente por razones de conveniencia…” (véase la carta en: Héctor Faúndez: La competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia y el caso Guyana vs. Venezuela, Academia de Ciencias Políticas y Sociales- Editorial Jurídica venezolana, serie estudios 126, Caracas, 2020, pp. 166-167).
Para completar el cuadro, cabe destacar una entrevista con el embajador y agente de Venezuela en el proceso ante la CIJ, Samuel Moncada, en la cual explica en lenguaje claro la disputa con Guyana, tanto desde el punto de vista histórico como jurídico. Si se examinan con serenidad sus explicaciones y opiniones se podrá concluir que entiende bien el problema, conoce las declaraciones de Iribarren Borges antes referidas y admite la conveniencia de presentar pruebas en el proceso ante la CIJ para defender nuestros derechos y demostrar que el laudo de 1899 es nulo. (Entrevista disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=mBML1gflm6M; especialmente minutos 22 y 48). Es, en mi opinión, la más completa y coherente explicación hecha desde el alto gobierno sobre este fundamental asunto para los venezolanos.
Como quiera que el gobierno invoca de manera reiterada la unidad nacional para defender nuestro territorio –y de ser sinceras estas declaraciones– el agente Samuel Moncada puede reunir inicialmente a una comisión de expertos venezolanos para que elaboren la contramemoria y diseñen la mejor defensa de los derechos e intereses de nuestro país.
En un primer paso hacia la amplitud, Moncada puede llamar a Héctor Faúndez, Víctor Rodríguez Cedeño y Josmar Fernández, entre otros, para que organicen un equipo integrado por juristas, historiadores, geógrafos, ingenieros y especialistas en seguridad nacional que participen en la defensa de Venezuela. Esto permitiría buscar espacios de encuentro entre los venezolanos que están en capacidad de ayudar a nuestro país. Todo dentro del espíritu de unidad y responsabilidad que debe imperar en un asunto vital para el destino nacional.
La reclamación del Esequibo no puede ser una materia para el desencuentro y la división, porque la defensa de nuestro territorio no tiene color político ni tinte ideológico. La dirigencia política debe superar las diferencias y estar a la altura del compromiso histórico.
Y en esto el gobierno debe tomar la iniciativa.
