Aclaremos algo…
Mi artículo de la semana anterior originó una andanada de comentarios y (sobre todo) de reclamos por parte de algunos lectores que, creo, justifican que me explaye más en el asunto. Este se refería a cómo enfrentar algunas situaciones difíciles durante la transición que se ve cada vez más cercana, sin importar cuántas piruetas hagan el usurpador y su combo. Una de las más espinosas era el trato que debiera darse a los jerarcas salientes, siendo que casi todos ellos son reos de malversación, corrupción, violaciones de los derechos civiles (incluyendo la tortura). Palabras más, palabras menos, yo sugería que se siguiese lo que practica la Iglesia desde hace dos mil años, como es: verlo todo, corregir algo de lo que se ha visto como malo y hacerse los locos en lo mucho. Añadía que el perdón de los delincuentes (en este caso) debería llenar unos requisitos, cuales son: reconoceroficialmente que se erró, que siente contrición por el mal causado y pagar una penitencia. Terminaba con algo que, pensaba yo, lo aclaraba todo: “Solo después de que se haya cotejado el cumplimiento de esos pasos, es que una comisión de alto nivel, de personas por encima de reproche alguno, podría recomendar (…) la absolución del sujeto y su reingreso a las esferas social, económica y política. Nada de indultos, amnistías, absoluciones d’amblée. Que se cumpla lo que dice en el Evangelio de San Mateo: “pedid y se os dará”. No antes…”.
En ninguna parte decía que tooodos los incursos en delitos contra la cosa pública o contra la humanidad debieran ser beneficiados con esa gracia; ni que sería muy agradable la tarea de aceptar dentro del seno de la sociedad —y hasta del gobierno— a ciertos especímenes del régimen, oprobioso como todos ellos.
Sin embargo, algunos lectores me hicieron recriminaciones que me señalan la necesidad de aclarar (o de complementar lo dicho, por lo menos). Del rimero de correos, extraigo tres para comentarlos y tratar así de remendar el capote.
Desde Sincelejo, Colombia, Eduardo González, un querido amigo, me señala: “veo que Ud. (…) está aceptando la propuesta que se abre camino y en la cual no está presente por ninguna de sus partes el resarcimiento obligatorio a la arcas u otra instancia, que permita usar esa ingente cantidad de dinero en la reconstrucción del país y su gente…”. Le concedo enteramente la razón, pero es que cuando se está constreñido aunas novecientas palabras algo se queda en el tintero. Les pongo un ejemplo gringo, quienes tienen mucha experiencia en casos parecidos: el del tuerto Andrade. Le descubrieron todos los chanchullos y lo pusieron en un brete: “Iras preso por muchos años y te decomisamos todos tus bienes; pero, si nos ayudas a completar el expediente que estamos armando contra la nomenklatura venezolana, el tiempo a pagar será menor, en una cárcel no muy ominosa, y te dejamos algo de capital para que tú y tus hijos puedan vivir tranquilos el resto de sus vidas. Pero el grueso del dinero y los bienes los retendremos hasta que podamos devolverlos a su legítimo dueño, el pueblo de Venezuela. Tú decides…”. Entonces, quienes decidan acogerse a las medidas de clemencia que sean adoptadas durante la transición deberán pasar por una crujía parecida. ¿Chocante? Sí. Mucho. Pero necesario para que haya paz y para recuperar parte de los fondos que deban destinarse a la reconstrucción del país. Si no se les endulza el remedio, nadie pedirá perdón y todos huirán con sus botines a paraísos fiscales que no tengan tratado de extradición.
Un venezolano excepcional, un monumento a la dignidad y la honradez, Gustavo Coronel, desde su autoexilio me dice: “Yo soy más duro que tú en esto de la aplicación de la justicia. Creo que hay unos 600 pandilleros chavistas/maduristas, civiles/militares, que deben ir a prisión. (…) Mi tesis es que si no hay justicia, estaremos, en efecto, invitando a los bandidos a una repetición de la pesadilla de los últimos 20 años dentro de poco tiempo, cuando regresen a ser elegidos los bandidos dejados libres…”. También le concedo la razón. Pero es que con las manos manchadas (de dinero robado, o con la sangre de sus compatriotas) hay miles, no seiscientos. Y no hay tanta cárcel para meterlos a todos. Por eso, a los de menor cuantía habrá que aplicarles lo del “multa dissimulare” que sugiere la Iglesia. Al generalote que comanda el contrabando de combustible para Colombia por una frontera que, más bien, debe proteger habrá que enjuiciarlo y ponerlo preso; pero con los tenientes que cumplen las órdenes de custodiar los convoyes (y que reciben su parte por esa “acción”) habrá que, necesariamente, hacerse los locos.
José Tomás Esteves Arria, a quien no tengo el honor de conocer personalmente, pero de quien disfruto mucho sus muy bien pensados artículos me comenta: “Tengo la impresión de que en el Sebin y en la súper Dirección de Contra-Inteligencia Militar se está torturando y hasta asesinando (…). ¿Entonces, también perdonaremos a los que han irrespetado los derechos humanos? ¡Para nada! Con esos no puede haber sino condena. Aquí, en La Haya u otra ciudad; pero condena después de juicios con apego a la Ley y la Justicia. Por una razón muy sencilla: esos hechos, además de que claman al Cielo, están tipificados como de lesa humanidad en el Estatuto de Roma —del cual somos signatarios— y son imprescriptibles. Y perseguibles por cualquier corte penal, del país que sea. A esos delincuentes, todo el rigor de la Norma; la nacional, la internacional, o la de cualquier otro Estado que se sienta afectado o al cual le hayan perjudicado uno de sus ciudadanos. Nada de clemencia para este tipo de casos.
