¿A quién nos recuerda Luisa Ortega Díaz?

Era el personaje fundamental del “Tribunal Revolucionario” que manejaba cómo le daba la gana, controlando a jueces, fiscales y jurados. Redactaba todas las actas de acusación, hacía aplicar normas legales anticonstitucionales.

Él fue el alma del tribunal, el que escogió a los jueces y a los jurados, el que redactó las actas de acusación, el que hizo aplicar la ley injusta,, el que designó el número de las carretas de condenados y el que rindió cuentas al Comité de Salud Pública. Fue el acusador de la Reina María Antonieta, condenada a la guillotina por delitos que no había cometido, también logró la condena a muerte de los diputados girondinos por oponerse a los jacobinos que controlaban el gobierno revolucionario.

Después de todos sus desmanes, cayó en desgracia y fue acusado de múltiples hechos delictivos como haber enjuiciado a gran número de personas, muchas de ellas desconocidas, incluyéndolas en la misma acusación formulada contra centenares de ciudadanos a quienes se les imputaban toda clase de delitos, en su mayoría inexistentes. Se le acusó también por haber hecho guillotinar a varias personas sin fórmula de juicio y de que había hecho ejecutar también a individuos en sustitución de otros condenados.

En su defensa ante el Tribunal dijo:

No soy yo quien debería ser juzgado aquí, son los jefes que me dieron órdenes que yo ejecuté. Sólo actué ateniéndome a leyes aprobadas por una Convención investida de todos los poderes. Sus miembros no están aquí y ahora se me coloca como cabeza de una conspiración que desconozco. Soy el blanco de una calumnia y de un pueblo que sólo quiere hallar culpables.[1]

Ya preso en la Conciergerie, poco antes de ser guillotinado, dijo: «No tengo nada que reprocharme, siempre actué conforme a la ley, y no he sido jamás la marioneta de Robespierre ni de Saint-Just; muy al contrario, estuve a punto de arrestarles cuatro veces. Muero por mi patria y sin reproches. Estoy satisfecho; después será reconocida mi inocencia».[2]

¿Hay o no hay parecidos ? Desde luego, en Venezuela el Ministerio Público no puede pedir pena de muerte porque esa pena no está contemplada en el derecho penal venezolano. Sin embargo, con ciertas condenas de prisión si puede haber muerte el condenado, tal como podría suceder en el caso de Iván Simonovis a quien el gobierno, la Fiscal General y una juez le niegan una medida humanitaria; también hay pena indirecta de muerte, como sucede con los presos en las cárceles que son asesinados por las pandillas de reos allí recluidos.

Quienes cometen delitos, quienes violan los derechos humanos, por ahora impunes, algún día cuando retorne la justicia a Venezuela serán juzgados por delitos que no prescriben. Desde luego, no serán condenados a pena de muerte, ni a 30 años como actualmente se ha condenado a Simonovis y los comisarios por delitos que no cometieron, pero sí serán condenados a las penas que merecen.