¿ A quién beneficia la demonización de la MUD?
Es increíble que siendo Venezuela el único país de América Latina en el que se ha podido lograr un acuerdo de todos los partidos políticos opositores para enfrentar y vencer al régimen, y arrebatarle el control de la Asamblea Nacional, algunos quieran ahora destruir a la oposición con críticas acervas por no haber también logrado sacar al presidente Maduro del gobierno.
El hecho mismo que exista un mecanismo que agrupe a todos los partidos es un logro de proporción mayor en la vida política de nuestra región, y nos atreveríamos a decir del mundo en general.
Que esta organización pueda haber cometido errores, que no sea perfecta y que se tarde mucho en tomar decisiones, eso lo sabemos, pero hay que concientizar que es integrada por más de 27 organizaciones políticas heterogéneas y las decisiones se toman, como lo exige la democracia, por acuerdos o consenso.
Hay que solo imaginar dónde estaríamos los venezolanos que no están de acuerdo con el actual Gobierno si no existiera un mecanismo de coordinación política que exprese el malestar y las preocupaciones que tenemos la mayoría de los venezolanos frente a la deriva autoritaria o inclusive totalitaria que ha venido asumiendo el régimen.
Es obvio que el principal interesado en desmantelar a la MUD y a los partidos políticos es el propio Gobierno porque, nos gusten o no, son una piedra en los zapatos -o botas- de quienes pretenden convertir a nuestro país es una nueva Cuba.
Por eso, más que criticar, que achacarle culpas y pretender sustituir a la MUD por una entelequia intelectual, hay que reforzarla, orientarla y convertirla en nuestra principal palanca para el cambio.
Pérez Jiménez, en 1953, suprimió a AD como partido y el país se unió detrás de la tarjeta amarilla de URD para infligirle una derrota electoral, que forzó al régimen de entonces de terminar de quitarse la careta y convertirse en lo que fue hasta su caída: una dictadura militar.
Ahora, el régimen pretende hacer lo mismo poniendo condiciones prácticamente imposibles de cumplir en el lapso y con las pocas máquinas para que los partidos políticos se relegitimen .
¿Qué nos quedaría, entonces, para votar? La tarjeta de la Unidad. A menos que se inventen otra argucia leguleyera para también excluirla. Hacer esto último requerirá que el TSJ cometa otro fraude legal y, entonces, al igual que en 1953, estaríamos, sin atenuantes, en una nueva dictadura militar.
