60 años después: las dos Fuerzas Armadas

 Hoy, hace 60 años fue derrocada la que pensamos  sería la última dictadura. Nos equivocamos. Ahora impera una dictadura peor, cuya  represión no discrimina si el asesinado, agredido, encarcelado o exiliado es o no político.  En nuestros días, cualquier ciudadano puede ser objeto de violaciones a sus derechos. Ambas dictaduras contaron con el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero  hay una diferencia significativa entre las de ayer y la de hoy.

El dictador Pérez Jiménez no tuvo empacho en predicar que presidía un gobierno de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, un grupo de destacados oficiales  se opuso , por lo que  fueron arbitrariamente  pasados a retiro, encarcelados o exiliados. Dos fueron asesinados, el capitán Wilfrido Omaña y el teniente León Droz Blanco.  Descaradamente el dictador se robó las elecciones de 1952  y también el plebiscito espurio de 1957.

La trampa electoral de 1952 contó  con el visto bueno de las Fuerzas Armadas.  La de 1957 despertó mucho rechazo en las filas castrenses y fue un factor importante en su derrocamiento. Las Fuerzas Armadas apoyaron casi por unanimidad la de 1952 porque estaban recientes  los errores,  atropellos y sectarismo  de Acción Democrática en el período 1945-1948, aunque ello no justifica  el golpe contra Gallegos, ni la trampa electoral.

Pérez Jiménez realizó muchas obras públicas, modernizó algunas instituciones, pero descuidó la educación. Asesinó, torturó, encarceló y exilió  a quienes consideró enemigos políticos.  Además, tanto él, como muchos de sus colaboradores, principalmente civiles, incurrieron en actos de corrupción. Fueron pocos los oficiales acusados de delitos comunes y los que ocuparon cargos públicos.

Las Fuerzas Armadas de entonces pecaron por desentenderse de los hechos señalados. Sin embargo, nunca participaron en actos de represión. Esta la llevaba a cabo la Seguridad Nacional.  Ningún militar fue acusado de lo que hoy se conoce como violación a los derechos humanos.  Solo un sargento de apellido Matamoros fue señalado como responsable de una represión desproporcionada en Turén.

Las Fuerzas Armadas reaccionaron con el alzamiento de Martín Parada y Hugo Trejos el 1 de enero y la exigencia del general  Rómulo Fernández de expulsar a  los represores Estrada y Vallenilla. La unidad lograda entre los partidos de la oposición, reflejada en la Junta Patriótica, el manifiesto de los intelectuales, la huelga estudiantil y general, la Iglesia,  las protestas de calle y la insubordinación de la marina  decidieron a la alta oficialidad  a retirarle el apoyo al dictador. Sin la intervención de los militares la dictadura se hubiese prolongado a pesar de las protestas civiles.

Durante los gobiernos de Betancourt y Leoni, las Fuerzas Armadas derrotaron a la guerrilla castro-comunista. Lamentablemente, en algunos de los  llamados Teatros de Operaciones ocurrieron casos repudiables de torturas y de desaparecidos. Otros hechos, calificados como asesinatos o masacres, por los malandros que hoy gobiernan fueron  enfrentamientos   en medio de un estado de subversión.

Después de los sucesos del 11 de abril del 2002, Chávez retiró  a los oficiales que consideró no eran “revolucionarios”. Otros pidieron la baja para no ser cómplices de la dictadura y hoy hay    militares presos y exiliados. A partir de esa fecha la Fuerza  Armada, ahora en singular, dejó de ser la misma que era  desde el 18 de octubre de 1945.

Esta nueva Fuerza Armada es represora,  corrupta e ineficiente. A diario leemos de oficiales  que han sido acusados de malversación, asaltos, narcotráfico, asesinatos, torturas y represión con uso desproporcionado de la fuerza. Muchos  oficiales ocupan cargos públicos y fueron creadas empresas,  para ser manejadas por ellos. Numerosos oficiales tendrán que ser juzgados cuando se recupere el estado de derecho.  Igualmente tendrán que  ser investigados los oficiales que han permitido y protegido a grupos paramilitares rojos. Recordemos el caso del asesinato de José Manuel Vilas, bajo la mirada de un pelotón de guardias y, la semana pasada, la masacre de El Junquito en la que fueron asesinados, después de rendirse,  un grupo de valientes luchadores románticos: Oscar Pérez, la dama Lisbeth Ramírez  Mantilla, Daniel Soto Torres, Abraham Lugo Ramos, José Díaz Pimentel, Jairo Lugo Ramos e Israel Agostini. El mentiroso general Reverol y Bernal tendrán que responder por esos asesinatos y el mayor Bastardo Mendoza tendrá que aclarar su participación.

La primera orden del general Richard López Vargas, nuevo comandante “revolucionario”de la Guardia, fue impedir la asistencia  de familiares y amigos al entierro de los siete indomables masacrados. El  general del ejército que ordenó el sepelio sin autorización de familiares  fue el fiscal Jesús Vásquez Quintero ¡Qué perversidad!

También el ejército cometió atropellos en los desalojos de los campamentos habitacionales de los petroleros en el 2003. Sin embargo, el principal delito de los los ministros de Defensa y de los comandantes del Ejército, de la Marina y de la Aviación ha sido el de alcahuetear los abusos  del régimen, no exigir el respeto a la Constitución y permitir la injerencia castrista. Los demócratas los repudiamos y clamamos por un nuevo 23 de enero liderado por oficiales no corruptos. Cabe preguntar si todavía existirán al menos los diez hombres justos que Jehová solicitaba para no destruir a Sodoma.

Como (había ) en botica: Nuestra producción petrolera en diciembre fue de   1.621.000   barriles por día, apenas un 5,3% de la producción Opep. Lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero Juan Aray¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!