Para el 2050 la población de Venezuela deberá alcanzar los 40,6 millones de habitantes, unos 10,4 millones más que los actuales, lo que significa un crecimiento promedio cercano a los 300 mil habitantes cada año. Como hoy el 94% de sus habitantes vive en ciudades, es evidente que ese crecimiento demográfico se concentrará en las ciudades; la pregunta sin embargo es, ¿en cuáles?
La respuesta, evidentemente, no es fácil, pero sí parece posible adelantar que tenderá a localizarse en los sistemas regionales de ciudades más dinámicos como el que va de Guarenas-Guatire a Puerto Cabello, el de Maracaibo y la Costa Oriental del Lago, Maturín-Ciudad Guayana, Barcelona-Puerto La Cruz-Cumaná y San Cristóbal-San Antonio-Cúcuta. Con más intensidad en unos casos que en otros algunos de esos sistemas, particularmente el primero, al cual la terminación del Ferrocarril de la Región Central puede dar un impulso definitivo, apuntan a configurarse como auténticas mega-regiones en términos económicos. Estas pueden ser unos formidables instrumentos para garantizar un crecimiento exitoso y sustentable en lo que resta del siglo y un eficaz sustituto del tóxico rentismo petrolero; pero ello solo será posible a partir de la implantación de un nuevo modelo de ciudad que, además de sustituir el rentismo y erradicar la informalidad, se afiance en su propia capacidad de generar riqueza y se articule alrededor de modernos sistemas de autogobierno democráticos, eficaces y capaces de generar altos niveles de gobernanza. Esto requiere, entre muchas otras cosas, una revisión a fondo del medio urbano actual, segregador y excluyente.
Puede haber la tendencia a pensar que el 2050 está muy lejos, pero las tareas pendientes son muy complejas y su puesta en ejecución requiere de perseverancia, lucidez y mucha voluntad política. Ellas, evidentemente, superan las capacidades de quienes se empeñan en empujar al país por el barranco del socialismo del siglo XXI, pero no hay tiempo que perder esperando que éste termine de desmoronarse: es preciso abrir ya el debate sobre un tema que es complejo y en muchos aspectos inédito, pero no inexplorado. Esa es la tarea prioritaria que, mientras llega la hora de actuar, deberían abordar la academia y los gremios, pero también los partidos democráticos porque ahí está el futuro.
