Inmigrantes irregulares volverán a tener derecho a la atención primaria
El ministro Alonso defiende esta decisión por “cuestiones de salud pública”, porque es “más práctico” y para “no saturar las urgencias”.
“Lo vemos ya con mucha claridad y trabajamos en eso, estamos dispuestos a dar un paso, creo que no tiene sentido que no puedan ser atendidos en atención primaria”, sostiene el titular de Sanidad, en una entrevista con EFE.
Sin embargo, manifiesta estar “completamente en contra” de que los ‘sin papeles’ sean titulares de una tarjeta sanitaria que “les daría un derecho en Europa que no existe en ningún otro país”.
Alonso no es partidario de retirar otras medidas de la reforma como el copago farmacéutico pese a que, según el Gobierno, la economía se está recuperando, porque España siempre ha tenido un gasto en medicamentos “muy elevado” y hay que “seguir siendo muy exigentes en su control”.
Poco después de la difusión de esta entrevista, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que el Consejo Interterritorial de Salud, que reúne al Ministerio de Sanidad y a los consejeros autonómicos, regulará la decisión anunciada por Alonso.
Financiación de los nuevos medicamentos
Para hacer frente al coste de los tratamientos innovadores que puedan surgir en un futuro cercano para enfermedades como el cáncer o la diabetes, tal y como ha ocurrido con la hepatitis C, el ministro Alonso ha adelantado que el Ministerio de Hacienda trabaja en la creación de un fondo que financie el gasto autonómico en farmacia.
Este fondo, explica el ministro, no incluirá la financiación de los 727 millones destinados a costear los nuevos fármacos para la hepatitis C porque se trata de “una situación excepcional” que requiere “una solución excepcional”.
Respecto a la posibilidad de abrir un debate sobre las patentes de los medicamentos para abaratar los precios, Alonso cree que “el discurso facilón de demonizar a la industria no lleva a ningún lado” y avisa: “No íbamos a tener los avances que hemos tenido hasta ahora”.
No obstante, pide un esfuerzo a la industria farmacéutica para que se garantice la incorporación de los nuevos tratamientos a la sanidad pública con “un horizonte presupuestario asumible” y “estable”.
