Responsabilidad para Proteger (R2P)

Recientemente Juan Guaidó anunció que se están adelantando consultas para activar el R2P en el caso venezolano y que, simultáneamente, se avanza en otros mecanismos como es el caso del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

“Responsabilidad de proteger” o “Responsibility to Protect” (R2P por sus siglas en inglés), es un compromiso unánimemente aprobado por todos los miembros de las Naciones Unidas en la Cumbre Mundial en septiembre del 2005.

Allí se aprobó: “La aceptación clara e inequívoca de todos los gobiernos de la responsabilidad colectiva internacional de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. La disposición a tomar medidas colectivas de manera oportuna y decisiva para tal fin, por conducto del Consejo de seguridad, cuando los medios pacíficos demuestren ser inadecuados y las autoridades nacionales no lo estén haciendo manifiestamente”

Se deriva esta política del hecho de que la soberanía de cada Estado conlleva la responsabilidad de proteger a sus poblaciones contra los crímenes descritos y las violaciones de los derechos humanos.

Nació esta norma como respuesta al fracaso de la comunidad internacional de impedir los genocidios de Ruanda en 1994 y en de Srebrenica en 1995. El entonces Secretario General de la ONU, Kofi Anan, insistió en una redefinición de la noción de Soberanía. Planteaba que una “intervención humanitaria” en defensa de las poblaciones, no debía ser considerada como violatoria del concepto de soberanía.

Desde aquel momento se ha venido ratificando y definiendo el compromiso internacional de actuar para proteger a las poblaciones. Sin embargo, siguen existiendo controversias en el caso de una intervención militar que pudiese afecta la soberanía de algún Estado.

La “Responsabilidad para Proteger” encarna el compromiso político de la comunidad internacional de poner fin a las peores formas de violencia y persecución. El principio de soberanía de un Estado conlleva la obligación de proteger a sus habitantes pero, si un Estado viola los DDHH de su pueblo o no es capaz de impedir que estos se violen, esa responsabilidad se traslada a la comunidad internacional para que por vía diplomática, humanitaria o por otros medios, se proteja a las poblaciones.

En un esfuerzo por alcanzar definiciones que permitan materializar esa Responsabilidad de Proteger (R2P), e Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó recientemente una resolución que abre un proceso de discusión sobre el tema. Esta resolución fue aprobada el 27 de julio del 2020 con el voto favorable de 32 países, 14 abstenciones y un solo voto en contra: Venezuela, que pretende que el tema ni siquiera se discuta.

¿Surge aquí un interrogante? Será que el régimen considera que puede verse afectado por mecanismos de carácter internacional de protección a las poblaciones? ¿Será que considera que se trata de una injerencia sobre sus asuntos internos? ¿Será que su concepto de soberanía es el mismo que defendían los príncipes en la Edad Media cuando se creía que el derecho del príncipe no tenía límites porque era de origen Divino?

El concepto mismo de soberanía sin duda ha venido evolucionando. Cada vez que un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional, de alguna forma está renunciando a un poco de su soberanía en favor de una comunidad internacional de la cual forma parte y con la cual comparte intereses. Muy particularmente, la comunidad internacional se preocupa cada vez más de los temas vinculados con la defensa de los derechos humanos.

En este sentido, el régimen venezolano ha sido objeto de severas acusaciones que quedaron plasmadas en el informe que presentó Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Tales acusaciones guardan relación con las normas contempladas en las políticas de “Responsabilidad de proteger” (R2P) hoy aceptadas por la comunidad internacional.

José Toro Hardy, director adjunto de Analítica