Ley Antibloqueo
El proyecto de Ley Antibloqueo bloquearía la posibilidad de que retiren las sanciones y afianzaría el desconocimiento del régimen agudizando su aislamiento.
Una Asamblea Nacional Constituyente desconocida por casi 60 naciones e ilegítima de origen porque no fue convocada por el pueblo, pretende aprobar una ley que excede los límites de su supuesta competencia. El objetivo de una Constituyente sería el de redactar una Constitución y, en ningún caso, el de aprobar una “Ley Constitucional” que intenta implantar una supra constitucionalidad del Poder Ejecutivo dotándolo de poderes que lo transformarían en una suerte de monarquía absolutista.
Se trata de una “Ley Constitucional” que en la práctica suspende la Constitución pero que no existe en la nomenclatura jurídica vigente en la cual se contemplan leyes orgánicas, especiales y ordinarias, pero no “constitucionales”.
Habría que empezar por dilucidar el viejo dilema de qué viene primero, si el huevo o la gallina. Una supuesta Ley Constitucional tendría que emanar de alguna constitución. La ANC tendría que comenzar por someter a la aprobación del soberano -el pueblo- una nueva Constitución. Pero como el soberano no ha aprobado ni siquiera la convocatoria a una constituyente, mal podría hacerlo con un instrumento que en la práctica suspende la Constitución vigente. En otras palabras todo lo que se está proponiendo es inconstitucional de pies a cabeza y en consecuencia nulo.
Atribuye el régimen todos los males de la República a una presunta guerra económica y a las sanciones que pretende combatir con este instrumento.
Se trata de una guerra que el régimen le ha declarado a los postulados más elementales de la ciencia económica provocando, como era de esperar, una devastación sin precedentes de la economía venezolana, hundiéndonos en la mayor hiperinflación y contracción económica del mundo.
Esa devastación comienza con la destrucción de la industria petrolera que se inicia con el despido del 50% de los trabajadores de PDVSA en el 2002-2003. Se profundiza en el 2008 con la aplicación de condiciones irracionales a esa industria. Se agudiza con la eliminación de la autonomía del BCV a partir del 2004 (el famoso “millardito”) y la aniquilación progresiva del signo monetario que se remonta al 2007 cuando le quitan 3 ceros al bolívar, las expropiaciones (“!!Exprópiese, exprópiese!!”) y la violación de contratos, el irrespeto a la propiedad privada, el endeudamiento y pare usted de contar.
Todo eso ocurrió mucho antes de que apareciesen las sanciones en el panorama. Estas arrancaron en agosto de 2017, pero las primeras sanciones con implicaciones económicas se plantearon a partir de noviembre de 2018 y las sanciones petroleras desde el 2019 en adelante. El daño ya estaba hecho mucho antes de las sanciones, pero a ellas pretenden endilgarle el muerto.
El proyecto propuesto serviría sin embargo como excusa para entregar a Venezuela a una suerte de capitalismo perverso como el que surgió en Rusia a la caída de la URSS, en el cual los jerarcas del partido se transformaron en mafias que se adueñaron del Estado.
El proyecto de Ley Antibloqueo profundiza el creciente autoritarismo en Venezuela al otorgar poderes excepcionales a Nicolás Maduro (quien enfrenta el rechazo del 77% de la población), permitiéndole desaplicar cualquier ley del ordenamiento jurídico vigente sin ningún tipo de límite. Contempla el proyecto que “el Ejecutivo podría modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior…”
En otras palabras, a discreción del Ejecutivo, podría entregársele el país entero y las empresas del Estado a países como China, Rusia, Cuba, Irán o Turquía, saltándose a la torera todo el ordenamiento legal venezolano.
Dudo sin embargo que nadie acepte. Si algo salta a la vista es la inestabilidad económica, política y social que impera en Venezuela. Un régimen en esas condiciones no es capaz de dar garantías. Quien sea tan torpe de caer en la tentación, está advertido: perderá sus inversiones porque estas dependerían de un instrumento jurídico a todas luces inconstitucional y nulo de toda nulidad.
José Toro Hardy, editor adjunto de Analítica
