La decisión de la Corte no debe ser tomada a la ligera

Aunque es cierto que la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no abordó directamente el referéndum, ya que se trata de un asunto interno de Venezuela, sí emitió una advertencia al gobierno venezolano. La CIJ señaló que debía «abstenerse» de tomar acciones que alteraran «la situación del territorio al oeste del río Esequibo». Además, por unanimidad, instó a ambas partes a evitar cualquier acción que pudiera complicar el litigio o dificultar su resolución, subrayando un «riesgo real e inminente» de que Caracas tome medidas adicionales después del referéndum.

La Corte concluye expresando que existe un riesgo de daño irreparable al derecho reclamado por Guyana en el procedimiento actual ante la CIJ, una preocupación que la Corte considera plausible.

Es evidente que la Corte destaca que está en curso un procedimiento que determinará la validez del laudo de 1899. Indica a las partes que esa decisión decidirá el destino de la reclamación. Si la Corte no declara nulo el laudo, confirmará la plena posesión de Guyana sobre el territorio al oeste del río Esequibo, sin abordar la delimitación de áreas marinas y submarinas. En caso contrario, si la Corte anula el laudo, se iniciarán negociaciones con Guyana para delimitar el territorio, sin que la Corte otorgue la posesión a ninguno de los dos países.

La advertencia de la Corte a ambos países es clara: eviten acciones unilaterales que agraven la situación, ya que la resolución del conflicto está pendiente ante la Corte, según lo acordado en el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Por tanto, para resolver la controversia de manera basada en el derecho internacional, es crucial preparar y presentar una contramemoria sólida en abril. Cualquier acción unilateral podría tener consecuencias negativas a nivel internacional, y se espera que la sensatez prevalezca para seguir la senda del derecho internacional, como se ha hecho desde 1996.