Gobernabilidad

La gobernabilidad es fundamental en el mantenimiento del orden social. Tiene que ver con la capacidad de un gobierno para sostener la estabilidad social y política dentro de un marco de respeto al orden jurídico establecido. El origen del término «gobernabilidad» viene del verbo latino «gubernare», que puede traducirse como «pilotar un barco».

Luce sin embargo evidente que para este régimen, gobernar, se reduce al hecho de aferrarse al poder a como dé lugar, aunque el barco vaya a la deriva.

Los Estados están supuestos a superar las crisis. Hay una condición para que puedan lograrlo: la legitimidad.

¿En qué consiste la legitimidad de un gobernante? La misma puede ser de dos tipos:  de origen y de desempeño.

Hay legitimidad de origen cuando se han respetado las normas electorales. Tal como lo señala la Constitución, el soberano no es el régimen, es el pueblo, quien puede ejercer esa soberanía “mediante el sufragio por los órganos que ejercen el Poder Público».

Ahora bien, la experiencia en nuestro caso indica que no importa lo que el soberano -el pueblo- decida, el régimen dispone, como le viene en gana, de la voluntad popular valiéndose del TSJ, de la Sala Constitucional y de la Sala Electoral. Es por ello que casi 60 países del mundo le dan la espalda.

Por su parte, la legitimidad de desempeño depende, como lo expresa la propia Carta Magna, de que el gobierno respete «la Constitución y la ley». Y es que «los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos». Al violar el equilibrio de los Poderes, que es una de las condiciones «sine cua non» de la democracia, el régimen está desconociendo la soberanía popular y el sometimiento que a ella le debe, con lo cual destruye  la legitimidad de desempeño. 

Así, cuando la Sala Constitucional declara en «desacato» a la Asamblea Nacional, viola la soberanía del pueblo que la eligió, porque la figura del desacato de la Asamblea no está prevista en la Constitución. 

Y cuando hay presos políticos, cuando se inhabilita sin justa causa a los líderes de la oposición o se los obliga al exilio, cuando suspenden las juntas directivas de los partidos que se le oponen o cuando se designa un árbitro electoral violando las disposiciones al efecto establecidas en la Constitución; cuando se quebranta la libertad de expresión. También cuando se subordina al BCV al Ejecutivo y se valen de él para financiar el déficit fiscal. Cuando esas cosas ocurren la legitimidad de desempeño está rodando por el fango

Como se dijo al principio, el régimen ha perdido la capacidad para sostener la estabilidad social y política dentro de un marco de respeto al orden jurídico establecido. Pareciera que sólo por la vía de la coerción intenta aferrarse a un poder. Al hacerlo quebranta una institución que debe estar al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso de persona o parcialidad política alguna.

Sin legitimidad de origen y sin legitimidad de desempeño, en medio de una crisis económica sin precedentes marcada por la destrucción de aparato productivo, de la industria petrolera y del agro, la mayor hiperinflación del planeta, sumidos en un empobrecimiento brutal de la población, con más de 5.100.000 venezolanos que se han visto forzados e emigrar, en medio de una crisis sanitaria, de electricidad y agua, sin gasolina, inermes frente a la pandemia, sin presencia del Estado en buena parte del territorio controlado por organizaciones terroristas de otras naciones, aislados del mundo y abrumados por infinidad de casos de corrupción y vínculos dudosos con el narcotráfico, la única posibilidad del régimen de asirse al poder es, como antes se dijo, la fuerza. Pero la fuerza suele volverse contra quien abusa de ella.

El conjunto de situaciones descritas son características de un Estado en el cual se ha perdido la gobernabilidad. Estado fallido, lo llaman algunos. Es un buque que ha perdido la flotabilidad.

José Toro Hardy, editor adjunto de Analítica