Árbol que nace torcido…
A pesar de los intentos -por demás dramáticos- de limpiar el Poder Judicial, y el sistema en general, incluyendo al Ministerio Público para mostrarle a la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas su decisión de conformar una organización de justicia profesional e independiente, la realidad va en sentido contrario, demostrando –como en el reciente caso de la adjudicación apresurada de la sede del diario más importante del país, El Nacional, a Diosdado Cabello, entrega sin respetar requisitos del Código de Procesamiento Civil para rematar un bien- que las acciones no van por esa ruta de seriedad constitucional y democrática.
En el citado caso de El Nacional, una sentencia calificada como aberrante determinó el “resarcimiento moral” exigido por Cabello por 12 millones de dólares, por la reproducción una información publicada originalmente por el diario madrileño ABC –que no fue demandado- en la cual se señalaba al dirigente chavista como “presuntamente” vinculado al narcotraficante “Cartel de los Soles”.
Otro caso es la intención de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia sin pleno respeto al procedimiento establecido para ese propósito por la Constitución, en función de asegurar una conformación del alto tribunal equilibrada e independiente.
Como en estos y numerosos casos, la Justicia se ha convertido en nuestro país en un apéndice obediente del Poder Ejecutivo. Así, que ¿quién va a arriesgar inversiones en un país de justicia obediente y, por eso, sin Estado de Derecho?
¿Cuál juez o fiscal internacional confiará en un país en el que sus colegas son simples funcionarios sumisos al servicio del régimen?
