Voracidad tributaria

Los inversionistas han manifestado preocupación por las potestades fiscales de algunos municipios. Un reciente estudio del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones destaca cómo el uso irracional de esa potestad, que pecha de forma indiscriminada y cruzada a los capitales, se está convirtiendo en un serio impedimento para las empresas que desean invertir en el país. ( El Universal 1-6-1997). No son sólo los municipios. El Estado venezolano está entrando, a través de sus instituciones regionales y centralizadas, en un pernicioso proceso de voracidad tributaria compulsiva cuyos efectos, a mediano y largo plazo, nos conducirán a una virtual bancarrota del sistema productivo. Los alcaldes, en su mayoría, como parte de la anarquía, han creado del aire, como magia, tributos que en nada los vincula a la prestación de un servicio retributivo: conformación de parcelas, integración de las mismas, habitabilidad de parcelas, son algunos de los ‘peajes’ creados por la imaginación del alcalde de turno por los que un constructor debe ‘pasar’ para recopilar los interminables requisitos previos para la obtención de un permiso de construcción. Se puede entender el impuesto tradicional sobre el permiso de construcción, inspección y habitabilidad de viviendas porque existe la contraprestación por un servicio dado. Que esas tasas sean altas o bajas es punto a discutir. Pero, ¿puede alguien explicar el significado del término ‘habitabilidad de parcelas’?

La voracidad como endemia también ha invadido a Hidrocapital donde se exigen ‘contribuciones’ compulsivas e injustificadas como condición previa para el otorgamiento de la llamada Constancia de Factibilidad de Servicio, que nada tiene que ver con la dotación del agua. Lo mismo sucede con La Electricidad de Caracas, Cadafe, Cantv y otros. Sin considerar las ‘lecturas estimadas’ del consumo de esos servicios las cuales se han convertido en un mecanismo cotidiano de confiscación, por lo demás, ilegal e irracional. Igual sucede con las estrafalarias cifras que cobran las notarías y registros públicos por procesar un documento. Ahora más, bajo la enigmática figura de la ‘habilitación’; es decir, por hacer ‘hábil’ al funcionario. Nuevamente la ‘tecnoestructura’ como se autodenominan los burócratas que participan en la elaboración de esas decisiones, sin importar el daño que ocasionan, han sido los autores, como lo dice el Consejo de Promoción de Inversiones, de las alícuotas excesivas e inestables, múltiple tributación, pechar actividades no comerciales, impuestos recurrentes, etc.

La praxis de obtener ingresos sin retribución de un servicio, además de estimular la indiferencia y la incompetencia, lo que hace es copiar el modelo viciado de la administración centralizada (dinero fácil) que tanto daño le ha hecho a Venezuela. Equivale por ejemplo a la extravagante sanción pecuniaria que se aplica a los conductores que osen utilizar teléfonos celulares dentro del Municipio Chacao. Quizás ello explique, en parte, el superávit de cinco millardos para este año y las carrozas neoyorkinas girando alrededor de la plaza Altamira.

Indudablemente, el poder sirve para la imposición de intereses; para eso se organiza, se burocratiza bajo la figura de la tecnocracia. Ciertamente todos tenemos nuestros propios intereses que a menudo están contrapuestos a los de esas organizaciones. Pero como andamos tan desorientados no somos capaces de manejarlos. Y, creyendo en principio, erróneamente, que los intereses de las instituciones en el fondo coinciden con los nuestros, los dejamos en sus manos, convencidos de que nos producirán el bienesrar que anhelamos. Desgraciadamente no ha sido así: mayores ingresos fiscales y petroleros, incrementos de las tarifas de los servicios públicos, aumento de los peajes viales y de transporte y muchos otros, no se corresponden con el envilecido nivel de vida del venezolano. Con el anzuelo del aumento del salario, ya no podemos cambiar hoy en día ninguna disposición. Entonces ¿con qué? Esta es la pregunta incontestada hasta por los especialistas. Por tal motivo no contemplamos en los despachos de los directores generales ya caros asesores en racionalización, sino expertos en lo irracional. El mundo entero sabrá dónde podrían prepararse estos ‘expertos’ y dónde tomar clases para su tarea.

El Universal Caracas, viernes 13 de junio, 1997