Un Debate, Señor Márquez

Habiendo tenido el coraje de enfrentar más de una vez las ideas de Gustavo Márquez (el del MAS, no mi compañero del IESA), me sorprende su respuesta publicada recientemente en El Nacional («La primera inocencia» 16 de mayo). Según Márquez, mis comentarios reflejan posiciones «maniqueas, antidialogales, ortodoxas, fundamentalistas y dogmáticas»; además de plantear «un antagonismo basado en prejuicios ideológicos…evadiendo el debate verdadero». Aprovecho este ciberespacio en Venezuela Analítica para responder más ampliamente a Gustavo, aunque voy a mandarle copia dura para asegurar que la lea. Tengo fama de muchas cosas, pero desconozco acusaciones anteriores de rehuir un debate. Aprecio los esfuerzos de Márquez para aclarar sus posiciones, porque son pocos los políticos que se molestan en hacerlo. De hecho, a veces parece que son pocos los que leen, por lo que es natural que aún menos escriben (y que escriban sus propios artículos). Entonces, señor Márquez, ¡a pelear!.

Primer Round: La CANTV se Vende en Bolsa.

Para aclarar los términos del debate, me refiero a los muchos artículos de Gustavo Márquez en El Universal y El Nacional con respecto a la privatización. En un primer intento de debatir su opiniones, expresé mi desacuerdo con su análisis de la venta en la bolsa de las acciones de la Cantv, a un precio por debajo de lo pagado por el consorcio liderado por GTE en 1991 («Oposición pavloviana», El Nacional, 17 de octubre de 1996). Precio de gallina flaca, había dicho Gustavo. Si era una ganga tan buena, ¿habrá comprado acciones Gustavo Márquez? ¿No hubiera sido una contribución a la democratización del capital hacerlo? ¿No hubiese sido una buena manera de participar en la industria ahora que el Estado queda indefenso?.

Beneficio para pocos. Despojo del patrimonio nacional. Intensificación del monopolio. Basura, dije yo. El Estado no tiene porqué ser dueño de las acciones de una empresa telefónica: tiene cosas más importantes que hacer con su dinero, particularmente en el área de infraestructura e inversión social. En cuanto al precio de venta, Gustavo objetó el precio esperado en la oferta pública porque, aparentemente, él cree que en la bolsa un precio que haya bajado significa que se esté subvalorando el activo subyacente. Parece no entender que normalmente se paga un «premium» por el control de una empresa-un monto por encima de lo que pagaría un accionista minoritario. Otros factores entran en el cálculo del inversionista. El valor de la Cantv puede ser menor cuando faltan sólo 4 años para culminar su monopolio garantizado (y por lo visto, quizás menos tiempo si leemos bien a Orozco), a diferencia de la situación en 1991. Además, y tristemente, el riesgo país se percibe hoy bastante mayor en relación con la percepción de 1991, cuando no se vislumbraban golpes, controles de cambio, crisis financieras, gobiernos indecisos, inflación galopante, etc. En todo caso, no me gustaría pensar en el estado de la Cantv, sin que se hubiera privatizado. Lo único seguro es que estaríamos aún más desesperados para que se privatizara ya, porque estaría colapsada completamente. Y sin duda, valdría aún menos.

Márquez contestó en El Universal (12 de diciembre de 1996), citando el riesgo que tomaba de que «algunos pontífices o sacerdotisas de ortodoxia neoliberal» lo calificaran de «aguafiestas». No me di por aludida (a pesar de la ligera sospecha de que se refería a mí), porque no me considero sacerdotisa en ninguna religión económica. De hecho, con tal de que Hugo Faría siga acusándome de socialista blandengue con preferencias por los burócratas del sector público («econócrata», según su léxico creativo) y mientras los masistas clásicos me acusen de inocente maniquea, seguiré pensando que estoy justo en el medio aristotélico, donde generalmente se encuentra la verdad. No sólo no me sentía aludida, sino que no encontré nuevos argumentos interesantes en la respuesta de Márquez, y no quería repetirme.

Gustavo añadió su sospecha de que había chanchullo en la administración de la oferta pública de acciones, debido a que el precio final cayó exactamente en el promedio entre el mínimo y el máximo fijado, sugiriendo que la banca de inversión había manipulado alguna parte de la oferta para dar este resultado (pero, ¿porqué no un poco más bajo, Gustavo, lo que le hubiera significado una gran ganancia para el comprador?). Además, a Márquez no le gustó la posibilidad de que la misma GTE pudiera haber incrementado sus tenencia accionaria, dando lugar, en sus términos, a un «monopolio de la propiedad de la empresa», cuyas implicaciones no son claras debido a que todo el mundo considera que GTE controla la administración de todos modos. Habría que asistir a las asambleas de accionistas para ver cuán monopolizada está la propiedad. Menos que muchas empresas en la bolsa, seguro. El control de una empresa no guarda relación con el monopolio que ésta pueda tener en su mercado y no se deben confundir los conceptos. Por supuesto, si realmente hubo evidencia de chanchullo, habría que investigar y no sólo lanzar acusaciones en la prensa.

Segundo Round: La Ley de Industrias Básicas.

Bueno, no contesté aquel artículo, pero seguía leyendo la obra prolífica de nuestro congresista. En marzo y abril de este año, Gustavo emprendió otra lucha, arguyendo a favor de la aprobación de una Ley de Industrias Básicas. Me horrorizaba la idea; pero, en ese momento, estaba dedicada a otros problemas y no tenía tiempo ni espacio para responder. Esa idea de las industrias básicas ha flotado sobre Venezuela desde su inclusión desafortunada en el Artículo 96 de la Constitución de 1961, donde se refiere a «la industria básica pesada» que tendería a estar bajo el control del Estado. Desde el momento de su inclusión, Venezuela se condenó a un largo período de confusiones y desaciertos, entre los cuales se encuentra la frecuente inclusión de cualquier cosa (electricidad, telecomunicaciones, agua, etc.) bajo el rubro, y el olvido de la calificación «pesada» insertada por nuestros soviéticos próceres de la democracia temprana. Gumersindo y Carmelo retomaron la bandera de las industrias básicas en los setenta; pero, gracias a dios, nunca llegaron a redactar una ley para ellas. El problema es que no hay criterio para definir lo básico. La mayor parte de lo que utilizamos es básico en algún sentido, pero eso no significa que no pueda estar sujeto al mercado. Siempre me acuerdo de una conversación coctelística que sostuve con Carlos Rafael Silva hace muchos años en la casa de Alfredo Machado Gómez, cuando Silva me explicó pacientemente que la industria de la sal tenía que estar en manos del Estado, porque la sal es un elemento básico para la supervivencia humana. ¿Qué tal el yodo, el potasio, el ácido fólico? quería yo contestar, aunque mi buena educación me lo impidió.

Mi formación jesuita me inculcó un respeto profundo por las definiciones, sin las cuales no hay lógica que valga. Gustavo Márquez define una industria básica y estratégica (¿son lo mismo?) como una cuyos precios, suministro oportuno y calidad competitiva (¿?) determinan la salud y estabilidad de la economía industrial del país. A mí me parece que muchísimas industrias son básicas según esta definición, desde los chips de Intel y el software de Microsoft hasta los lápices Mongol y la tecnología HyL. ¿Dónde empieza y dónde termina el concepto? Me preocupaba que Gustavo Márquez no hubiera pensado suficientemente en su definición de «industria básica», pero dejé de dar mayor pensamiento al asunto, pues nadie se presentó para ayudarle a levantar su bandera. En algo sí soy fundamentalista: tengo miedo de las leyes que se basan en supuestos acerca de la estructura de los mercados. La industria del aluminio se concibió en Venezuela cuando las seis grandes empresas internacionales controlaban casi el 80% del mercado internacional. Ahora controlan 45% debido a la entrada de nuevos competidores globalmente. Lo importante será facilitar la entrada de nuevas empresas, así como se estará haciendo pronto en las telecomunicaciones.

Tercer Round: La Venta en Bloque

Si bien Márquez dejó de hablar de su Ley de Industrias Básicas, no soltó una parte del discurso asociado, según la cual la privatización de las empresas de la CVG, las de acero y de aluminio, amenazaba con poner en peligro nuestros fabricantes aguas abajo en estas industrias, quienes enfrentarían un monopolio que podría decidir no venderle el insumo necesario (sea éste aluminio o acero), o venderlo a un precio de extorsión por encima del precio recibido por la exportación. Según Márquez, entonces, no se debía hacer una venta en bloque. Sin esperar, y sin evadir el debate, me lancé sobre mi teclado y me puse a discutir de nuevo. Revelando mis reacciones a sus artículos de los últimos meses, hice algunos chistes amistosos acerca del hecho de que las posiciones de Gustavo Márquez siempre me llaman la atención por ser perfectamente opuestas a mi manera de pensar. No creo que esto refleje maniqueísmo de mi parte, porque no significa que el mundo sea blanco o negro a mi manera de verlo. Simplemente da la casualidad de que, en un mundo de infinitas posibilidades y opiniones igualmente dispersas, encontré en Gustavo Márquez mi perfecta contradicción. ¡Qué suerte que nos encontramos, cuando la probablilidad era tan pequeña de que ocurriera!

Mi argumento era bastante sencillo. El que la bauxita o la alúmina formaran parte o no de la compañía dueña de la reductora de aluminio no afecta en nada el poder monopólico de la empresa que suministra el aluminio al fabricante aguas abajo. La venta en bloque evita que se constituyan monopolios individuales en la cadena de producción. Cuán segura sería la inversión en la planta de Venalum, si el comprador (Alcoa, por ejemplo) tuviera que comprar la alúmina a una sola fuente en poder de uno de sus competidores internacionales (Alcan, por ejemplo), que tendría que comprar su bauxita de un solo suplidor dueño de la mina de bauxita (Alusuisse, por ejemplo). Obviamente, la venta por pedazos no sería muy atractiva para nadie. Cada una sería rehén de la otra. Que Alcasa se vendiera por separado sería posible, quizás, aunque su inclusión en el paquete se debe a su descapitalización completa, que requeriría casi pagar a alguien para que se la llevara sola.

Si bien la venta en bloque resuelve ciertos problemas, deja otros para la discusión. Márquez teme que la única alternativa de los fabricantes nacionales sería el mercado internacional, donde no tendrían ventaja alguna y donde estarían sujetos a pagar los costos asociados con la importación. Pero no me entendió bien. Dije que la empresa del aluminio tendría que venderle el producto a los fabricantes sin discriminación de precios, según la Ley de Procompetencia. Discriminar precios sería vender a los fabricantes por encima del precio a puerta de fábrica, el cual excluye lógicamente los costos del transporte marítimo y otros costos de importación. Cualquier acuerdo sobre la privatización tendría que garantizar acceso a los precios competitivos y, si no me equivoco, existe consenso completo sobre este punto, por lo que no entiendo exactamente la preocupación de Márquez.

Más espinoso es el problema del futuro. ¿Cuál sería la probabilidad de que otras empresas quisieran montar nuevas reductoras de aluminio, cuando dependerían de una sola fuente nacional de bauxita? Sobre esto habría que pensar. Pocos se acuerdan de que en Venezuela la industria del aluminio se concibió antes de que se descubriera la existencia de bauxita comercializable en suelo venezolano, porque la ventaja comparativa se basaba en la disponibilidad de hidroelectricidad. Se seguía importando bauxita, aunque en cantidades cada vez más pequeñas, hasta 1993, sin mayores efectos sobre la competitividad de la industria. Existe la posibilidad de desarrollar otras minas de bauxita con inversiones cuantiosas, pero en todo caso, una nueva empresa reductora de aluminio estaría confrontando un solo suplidor, independientemente de que se venda la industria en bloque o no.

¿Quién es Inocente? ¿Quién Dogmático?

Gustavo Márquez me reta a debatir, pero no sé qué debatir, porque él no me ha explicado cómo la venta por partes disminuiría el problema que más le preocupa a él, a saber, la monopolización de la oferta a los fabricantes nacionales. Llegué a pensar que Gustavo había caído inocentemente en la trampa de los argumentos de los fabricantes, quienes obviamente ven en el momento de la privatización una gran oportunidad para negociar términos especialmente atractivos que podrían proteger a productores ineficientes. Esto me sorprendió, dado el hecho de que los compradores más privilegiados siempre han sido los japoneses y las dos empresas que reciben aluminio líquido directo de Venalum, una de las cuales era acusada de haber llegado a su situación de privilegio por su vínculo con CAP I, con grandes ganancias para el beneficiado.

Ahora Márquez me acusa a mí de ser la inocente («La primera inocencia», El Nacional, 16 de mayo de 1997), cuando no ideológica, etc. No, Gustavo, no creo que toda propuesta de privatización sea buena, sin consideración de las particularidades. He explicado por qué creo que los planteamientos sobre la privatización de PDVSA no son convenientes, por lo menos en el futuro próximo. He escrito largamente sobre las fallas en la privatización de Viasa (por tardía, por incompleta, por ser adjudicada a una empresa estatal). He arguido que empresas con fines sociales como Monte Avila juegan un papel positivo en la cultura. He criticado el esfuerzo desconsiderado para privatizar el agua cuando no existía un marco regulatorio. He mostrado cómo las externalidades asociadas con el Metro y Edelca aconsejan dejarlos en el sector público. He dicho que el plan de concesiones en la autopista Caracas-La Guaira carece de elementos necesarios para su éxito. Me he opuesto a la implantación de «vouchers» para sustituir el sistema público de educación. Y cualquiera que me conozca sabe que yo mantuve mi fe en la posibilidad de implantar una gerencia eficaz en Guayana durante más años de lo que me gustaría admitir ahora. Llegué a reconocer que la privatización era la única opción sólo después de mucho estudiar el asunto, porque estas empresas no son sino operaciones fabriles que más beneficios darán a la nación cuando sean gerenciadas con criterios de mercado. Esta conclusión no implica que fuera un error emprender estos proyectos como empresas públicas en sus comienzos, pero no debemos dejarnos arrastrar por argumentos caducos. Y sería reducirse a argumentos sin fundamento clasificarme sin más como dogmática. Me gustaría saber, Gustavo, cuáles son las privatizaciones que tú has promovido, porque sospecho que tus posiciones han sido mucho más monolíticas que las mías. Me gustaría verte debatir con Teodoro, que no puede ser acusado de neoliberal ideológico. ¿Próximo round?.

Mi Antípoda, Mi Semejante.

El debate es sano, y me alegra haber tenido la oportunidad de seguir la polémica con Gustavo Márquez, con la esperanza de que los lectores participen también. (¡Y que voten por mí!). Una característica del debate en Venezuela es que pocas veces los ciudadanos comunes entran al campo de batalla para enfrentar a personas poderosas. (Sí, Gustavo, tú eres poderoso, como líder del MAS, como integrante del Congreso). Algunos amigos míos me han aconsejado opinar menos y seguir la regla criolla de nunca nombrar individuos. Puede tener consecuencias indeseables. Pero realmente no podría vivir en Venezuela si pensara que mis opiniones tuvieran que ocultarse. En eso estoy muy de acuerdo con Gustavo Márquez (a pesar de nuestras contradicciones antipodales) en que el debate verdadero contribuye a construir el futuro. Por lo menos, estamos de acuerdo en las cosas más importantes.