¿Privatizar o Desnacionalizar?

Durante el gobierno de Raúl Leoni, quizás el mejor de la era democrática, hubo dos Ministros que tuvieron a su cargo los asuntos petroleros: Manuel Pérez Guerrero y José Antonio Mayobre, ilustres venezolanos prematuramente desaparecidos, tan superiores ética e intelectualmente a quienes de un tiempo a esta parte se sientan en cualquiera de las sillas ministeriales. Tuve la suerte y el honor de su amistad y disfruté también el privilegio de trabajar por muchos años bajo las órdenes de ambos, en el Ministerio de Minas e Hidrocarburos y en las Naciones Unidas.

Fue en esos años del buen Presidente Leoni, cuando comencé a percibir con claridad, y con conocimiento de causa, que las empresas extranjeras concesionarias de nuestro petróleo esquilmaban los intereses de Venezuela. Por aquel entonces, nadie, ni siquiera el partido comunista, osaba hablar de nacionalizar la industria petrolera. Entre 1964 y 1969, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, bajo la conducción de Pérez Guerrero y Mayobre, y con el apoyo de técnicos de la talla de Alirio Parra, Félix Rossi Guerrero, Luis Plaz Bruzual, Arévalo Guzmán Reyes, Mariano Gurfinkel, Reinaldo Figueredo Planchart y tantos otros, había confirmado lo que se intuía desde hacia algún tiempo: que las compañías, al hacer su declaración de impuestos, nos engañaban. Decían haber vendido, por ejemplo, a $ 2,30 el barril de un determinado tipo de crudo, cuando en realidad lo habían vendido a & 2,70. Esa grave anomalía dió lugar a que el Ministerio diseñase el sistema de precios de referencia, mediante el cual el Ejecutivo Nacional fijaba los precios de los distintos tipos de crudo y las compañías debían calcular sus impuestos sobre la base de esos precios, salvo cuando los precios de realización hubiesen sido superiores, en cuyo caso prevalecerían éstos últimos. Como asistente ejecutivo del Ministro -a la sazón no llegaba yo a los treinta años de edad- fuí testigo presencial de las interminables y arduas negociaciones, a veces con riesgo para la estabilidad política del entonces incipiente sistema democrático, que dirigieron los Ministros Pérez Guerrero y Mayobre, hasta llegar a firmar el convenio de precios de referencia con las concesionarias.

Una de aquellas empresas, por cierto, puso en práctica una estratagema para eludir el pago de mayores impuestos, y en su empeño contó con la ayuda de venezolanos, ejecutivos medios de dicha empresa, a quienes invitó a retirarse de la compañía y a establecer su propia firma comercializadora de hidrocarburos. El resultado fue que cuando el Fisco intentó cobrar a aquella concesionaria el impuesto basado en los precios de referencia, la compañía respondió que el convenio firmado se refería a los crudos exportados y ese petróleo había sido vendido en Venezuela a la firma XXX, precisamente la creada por sus ejecutivos renunciantes. Tampoco pudo el Fisco cobrar a la firma XXX el impuesto calculado con los precios de referencia, pues XXX no había suscrito el referido convenio por no ser titular de concesiones petroleras. Para decirlo en lenguaje más gráfico. Venezuela se quedó con los ojos claros y sin vista.

Los cómplices venezolanos de aquella maniobra en contra de los intereses de su país, han figurado y siguen figurando en conocidas columnas periodísticas en las cuales se les ensalza como paradigmas de sabiduría y patriotismo, como modelos de ejecutivos y gerentes, han ocupado posiciones parlamentarias, disfrutan de honores y enormes riquezas, y desde entonces se les menciona en listas de hombres a quienes todo gobernante que se respete debe solicitar consejo y orientación, sobre todo en materia petrolera ( no está lejos el día en que s erijan estatuas a los «petroespias», ¿se acuerdan de ellos?. ¿Cree el lector una mera casualidad que esos ejecutivos se cuenten entre los que con mayor denuedo se han convertido en adalides de la aberrante ideas de «privatizar» a PDVSA?

Una de las razones fundamentales que privó para que el gobierno que se inició en 1974 se dispusiera, con el apoyo de casi todo el país, a nacionalizar la industria petrolera, fue, precisamente, la necesidad de tener el control sobre las decisiones de precios de nuestros crudos y productos que se comercializaban en el exterior. No podíamos seguir aceptando que esas decisiones, que afectaban la esencia misma de nuestra existencia como país, se adoptasen a nuestras espaldas, y no pocas veces en contra de nuestros intereses, en Nueva York y Londres. Los «patriotas» venezolanos a quienes aludí más arriba estuvieron inicialmente en contra de la nacionalización y trataron con todos los medios a su alcance de convencernos de que cometíamos un grave error. Para la época, 1974, era yo Viceministro de Minas e Hidrocarburos y, por consiguiente, sé de lo que hablo. Cuando el hecho de la nacionalización fue inevitable, estos gonfaloneros de vario pendón rápidamente se cambiaron el sombrero y estuvieron usando hasta hace poco la boina nacionalista, lo que les permitió continuar escalando posiciones políticas y acrecentando fortuna económica. Ahora, de hace tres años para acá, con igual desparpajo, han comenzado a llevar el sombrero neoliberal para aconsejar con tesón no la simple apertura petrolera que, para ellos, no es más que un abreboca, sino que se sirva de una vez, cuanto antes, el verdadero plato fuerte, el gran banquete: la privatización de PDVSA.

El móvil que les anima no es, decirlo hasta parece ingenuidad, democratizar el capital, introducir a Venezuela en las tendencias modernas de la economía mundial y otras monsergas con que nos atiborran a diario los que sostienen que quienes discrepamos de ellos no somos más que unos dinosaurios y reliquias del pasado. No, de lo que se trata es de que un puñado de vivos, a quienes todos conocemos, ansían ponerle la mano a la industria que va a seguir siendo el pilar fundamental de nuestra economía. Están dispuestos a servir, otra vez, de mampara a los mismos intereses extranjeros que hace 22 años, en proceso civilizado y pacifico, los venezolano decidimos nacionalizar.

Con frecuencia se esgrime el argumento simplista de que los ingresos petroleros no le han servido de mucho al país, salvo para enriquecer ilícitamente a partidos políticos y a dirigentes y para crear empresas estatales improductivas. Añaden quienes así piensan que, en consecuencia, lo mejor es dejar que el petróleo lo maneje el sector privado. Esta linea de argumentación no toca el meollo del asunto y se desvía por la tangente.

En efecto, aceptamos que los ingresos petroleros se han despilfarrado (aunque aquí habría mucha tela que cortar). Coloquemos la industria petrolera en manos privadas. Es de suponer que los nuevos dueños privados tendrán que pagar impuestos al Fisco Nacional en una cuantía muy parecida a la que actualmente paga PDVSA. A menos que se esté pensando en el absurdo de traspasar la industria petrolera a manos privadas y, encima, liberarlos de impuestos. Pues bien, con la industria petrolera en el sector privado el Fisco recibiría igual cantidad de recursos y, por tanto, continuaría existiendo la misma posibilidad de que políticos y funcionarios despilfarren esos recursos.

En otras palabras, lo que se discute no es si el Estado va a administrar eficientemente los ingresos públicos, sino quién va a controlar la fuente de esos recursos, es decir, el petróleo. Yo prefiero que lo controle el Estado y no cuatro vivos aprovechadores. Si esos ingresos se gastan bien o mal, es harina de otro costal y no tiene absolutamente nada que ver con el control de la industria petrolera. Los venezolanos podemos manejar con eficiencia el negocio petrolero y así lo hemos demostrado durante décadas. Lo hacemos mejor, según las cifras que otros países productores. No olvidemos aquel viejo adagio que reza: «El mejor negocio del mundo es una compañía petrolera bien administrada, y el segundo mejor negocio del mundo es una compañía petrolera mal administrada». En general, PDVSA y sus filiales están bien administradas, pero hay que reconocer que podemos y debemos hacerlo aún mejor, porque es sabido que en ellas hay prácticas indebidas. Ha existido allí -y seguramente perviven otros- focos de corrupción como aquel de los petroespías. Pero la corrupción no tiene su asiento sólo, ni muchísimo menos, en el sector público o político, como hemos visto en la crisis bancaria. el corrupto no deja de serlo cuando pasa de un ministerio a una empresa privada o viceversa. El problema atañe a la naturaleza humana y no tiene nada que ver con el sitio de trabajo.

Creer que la solución de nuestros males es privatizar la industria petrolera es un inmenso error. Eso sería lo mismo que decir que como algunos de los hijos despilfarran el dinero que produce el padre con un negocio de su propiedad, la solución consiste en vender el negocio a otro señor, venezolano preferiblemente extranjero, porque se supone que los no venezolanos lo hacen mejor. El problema no reside en quién es el dueño del negocio sino en quiénes y cómo gastan lo que produce el negocio del padre. Cambiemos a los administradores, no al propietario, que somos nosotros mismos. PDVSA y sus filiales nos representan como propietarios, pero no son los que gastan el dinero que producen. Esa responsabilidad es de los que gobiernan. Cambiémoslos, pero no vendamos a PDVSA.

Privatizar nuestra industria petrolera no es desestatizar, es desnacionalizar. Los abogados de la entrega intenta engañar a los incautos con cantos de sirena, que si ahora los obreros podrán tener acciones de PDVSA, que ahora la industria si va a ser nuestra, hasta llegar a la descabellada idea de que a cada venezolano le debe ser entregada una acción de PDVSA. En el fondo, ellos saben que la meta no es esa, sino apoderarse por sí mismos o por interpuestas persona (las antiguas concesionarias) de cuando menos un 20% de esa empresa. quien logre tal objetivo se convertirá en dueño y señor de vidas y haciendas en este país. Ya sabemos quiénes serían esos desinteresados patriotas.