Las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos durante la era Clinton: coincidencias estratégicas y diferencias tácticas

I. Introducción:

El tema de las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos no ha tenido una suficiente cobertura en la bibliografía sobre las relaciones internacionales de Estados Unidos y América Latina. Al analizarse las políticas exteriores de América Latina, tanto en relación a la perspectiva hemisférica como la perspectiva bilateral, en la literatura especializada y en la misma formación de las agendas internacionales de ambos países no se contemplan, más allá de un marco tradicional (en donde prevalecen el petróleo y el apoyo a la democracia como puntos nodales de encuentro y apoyo mutuo) otros escenario más complejos. (Bond 1975, Ewell 1996, C. Romero 1986)

Son varios los argumentos que pudieran utilizarse para contestar a la pregunta de por qué estas relaciones se han mantenido, con escasas excepciones, en un bajo perfil. En este sentido, ante la reiterada interrogante de algunos venezolanos sobre por qué Washington no da muestra de aspirar a una relación especial con nuestro país, no falta quién se refiriera en círculos políticos, académicos, militares y empresariales que en «Venezuela no pasa nada». (1) Otro reiterada observación señalada a lo largo de tantos años de relaciones es que, de cierta manera, Venezuela ha obtenido logros fundamentales en su acercamiento a los Estados Unidos: el apoyo al sistema democrático, la colocación del petróleo venezolano en el mercado norteamericano, la seguridad en las importaciones de productos provenientes de ese país, la influencia del Pentágono en las Fuerzas Armadas nacionales y la presencia mucho mayor que en el resto de América Latina del «American Way of Life».

Fueron cuatro las premisas en las que se basaron las relaciones bilaterales desde los finales de la década de los cincuenta hasta nuestros días, premisas que, como se verá más adelante, están hoy cuestionadas.

En primer lugar, la reiterada tesis de los gobiernos venezolanos sobre la importancia estratégica de nuestro país en el contexto hemisférico (socio confiable); en segundo lugar, la idea de la excepcionalidad histórica del caso venezolano con respecto a otros países de la región (socio con estabilidad política y económica); en tercer lugar, el predominio de la cooperación sobre el conflicto entre ambos países (socio que no preocupa); en cuarto lugar, el predominio de temas bilaterales ajenos en parte a la agenda regional y global de los dos países (socio conocido). Estas cuatro premisas reflejan dos tendencias históricas: Venezuela en los últimos cincuenta años, no ha tenido sanciones políticas, militares o económicas por parte de los Estados Unidos, y ha podido deslindar su compromiso bilateral con un desempeño más independiente de su actuación internacional. (Ewell 1996, A Romero 1986, C. Romero 1986).

Venezuela, a pesar de tener una relación asimétrica con los Estados Unidos, ocupa un lugar fundamental en los intereses estratégicos de esa superpotencia. Su condición de primer suplidor de petróleo importado, el ser el 19º país del globo que comercia con Washington y la importancia de la democracia venezolana así lo indican. Sin embargo, las relaciones presentan en su desarrollo momentos accidentados dada la pluralidad de intereses e identidades internacionales de la política exterior de Caracas y una vocación propensa al activismo, lo cual le ha permitido en muchas ocasiones, deslindarse de posiciones norteamericanas, principalmente en foros internacionales y organismos multilaterales. (Ewell 1996). En este marco, Venezuela ha tenido como constante dentro de los objetivos de su política exterior, la de presentarse frente a los EE.UU. como un aliado seguro, dada la importancia estratégica del petróleo y la democracia.

Por otra parte, la élite económica local orienta sus negocios hacia los Estados Unidos, el comercio mundial de Venezuela se dirige en un 50% al país del norte, las importaciones que provienen de éste giran alrededor del 45%, la empresa petrolera estatal, PDVSA invierte en los EE.UU. y establece alianzas estratégicas con compañías norteamericanas y se observa una fuerte colocación de dinero venezolano privado en la banca de

ese país. De igual forma, el sector militar venezolano se entrena y tiene una cultura institucional con bastante influencia de Washington, el sector

político mantiene buenas relaciones con la élite política norteamericana y en la población en general se aspira a tener una buena relación bilateral, no así en el sector cultural donde la visión que se tiene es más variada.

(Begler 1981, Myers 1994).

En materia estratégica, a la par de la importancia económica del petróleo, los gobernantes venezolanos han estado atentos de ofrecer a los mandatarios norteamericanos condiciones favorables para una alianza segura, tanto a lo que se refiere al papel intermediario que puede jugar el país, como por su prestigio como actor internacional moderado y cooperador en el ámbito hemisférico.

Si bien es cierto que a nivel estratégico Venezuela ha logrado una relación estable con los Estados Unidos, en el nivel más coyuntural de las relaciones se han presentado algunos problemas, principalmente aquellos relacionados con las nuevas posturas norteamericanas sobre los nuevos temas de la agenda internacional. En este sentido, Venezuela se ha visto frustada por observar posiciones unilaterales planteadas por Washington en ocasión de una crisis política regional y por tener diferentes puntos de vista a los EE.UU. en materia económica. La incertidumbre frente a las restricciones comerciales, el problema del pago de la deuda externa colocada principalmente en EE.UU., el hecho mismo que los EE.UU. ocupe el primer lugar como el país que importa más productos venezolanos y que exporta más a Venezuela, conforman una base de cooperación muy compleja y sin un marco de negociaciones definido. (Cardozo 1992, Guerón 1972, Martz 1977).

En el marco de la historia reciente de las relaciones, cabe recordar que durante el primer gobierno constitucional de la segunda época democrática en Venezuela, presidido por Rómulo Betancourt (1959-1964), el país tuvo una política exterior basada en la promoción de una alianza hemisférica anti-dictadura, la defensa del petróleo venezolano y la insistencia en buscar soluciones multilaterales a los problemas regionales a través de los mecanismos de la OEA. Por otra parte, Venezuela apoyó el programa de la Alianza para el Progreso y la política de enfrentamiento hacia Cuba, aunque no estuvo de acuerdo con una invasión militar a la isla. La conducta venezolana hacia los Estados Unidos en esos años se concentró en lograr el apoyo de Washington a su proceso interno, lo cual lo obtuvo con éxito. A pesar de la indiferencia norteamericana ante la ola sucesiva de golpes militares en la región y la promulgación de la llamada Doctrina Betancourt, Venezuela no se vio amenazada por un cambio de actitud desfavorable hacia Caracas por parte de La Casa Blanca. (Guerón 1972).

Durante el gobierno presidido por Raúl Leoni (1964-1969), Venezuela mantuvo unas relaciones menos coincidentes con los Estados Unidos. Leoni respetó los lineamientos generales de la política venezolana hacia los EE.UU., la promoción de la democracia en el país y en la región y la cooperación petrolera, pero se opuso a la invasión militar norteamericana a la República Dominicana en 1965, impulsando una política exterior más global y aceptando a medias la ayuda militar norteamericana basada en la tesis de la contrainsurgencia (Martz 1977).

Las relaciones bilaterales entre Venezuela y los Estados Unidos en el marco de la primera presidencia de Rafael Caldera (1969-1974) se orientaron hacia los temas económicos y petroleros. La estabilización de los regímenes militares en el continente y del proceso cubano permitían una política más flexible, la cual se conoció como la del «Pluralismo Ideológico», tendiente a reconocer la diversidad política en la región. La denuncia del Tratado Comercial con los Estados Unidos, firmado en la década de los cuarenta, el comienzo del proceso de reversión petrolera, tendiente a una mayor participación directa del Estado en el negocio petrolero y la búsqueda de un trato especial por parte de Washington simbolizaron una conducta que respondía a una situación regional poco favorable para la democracia en América Latina y para el petróleo venezolano (Tugwell 1975).

Durante el primer gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez (1974-1979), Venezuela concentró su política exterior hacia los Estados Unidos en dos direcciones. Por una parte, se desarrollaron unas relaciones

bilaterales excelentes en el plano político, pero desde la perspectiva internacional, Pérez trató de no comprometerse con los Estados Unidos en temas sensibles como el Nuevo Orden internacional y Cuba. (Tugwell 1975, Ewell 1996).

En el marco de la presidencia de Luis Herrera Campíns, Venezuela sostuvo una política de «coincidencias» con los Estados Unidos en relación al desarrollo de una política regional no socialista en América Central y en el Caribe. Esto llevo a la concertación con los EE.UU. dentro del esquema de distribución regional que se diseñó en Washington. Sin embargo, hay que recordar que Venezuela no apoyó la conducta de los EE.UU. durante la Guerra de las Malvinas, la invasión norteamericana a Grenada ( con base a la tesis venezolana de buscar soluciones políticas ) y la política de hostigamiento de los EE.UU. al Sandinismo. (C.Romero 1986)

El gobierno presidido por Jaime Lusinchi (1984-1989) le dio un mayor énfasis a los aspectos económicos de las relaciones, específicamente

a lo relacionado con la deuda externa y la búsqueda de mejores precios y condiciones comerciales para los productos de exportación venezolanos. (Rojas 1992)

En el segundo gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez (1989-1993) se enfatizó el aspecto económico de las relaciones, procurándose abrir el intercambio comercial hacia los productos no tradicionales y la entrada de PDVSA en el mercado petrolero norteamericano. (Rojas 1992).

En este contexto han transcurrido las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos. Desde el punto de vista político una coincidencia estratégica en cuanto a favorecer la democracia y la seguridad hemisférica y desde el punto de vista económico, procurar un intercambio bilateral equilibrado dentro del signo petrolero. Este contexto es el que sirve de base para analizar las relaciones entre los dos países durante la era Clinton (2).

II. El Desarrollo de las Relaciones (1993-1997).

2.1. Aspectos Políticos.

«Entre Venezuela y Estados Unidos quedan espacios para crecer». Así se refirió el entonces Canciller de Venezuela, Fernando Ochoa Antich,

en ocasión de dictar una conferencia sobre las relaciones entre ambos países patrocinada por la Cámara Venezolana-Americana de Comercio e industria, VenAmCham, el día 29 de julio de 1992 (3). Durante esos meses, Venezuela había vivido la peor crisis de la democracia: el fallido intento de golpe de Estado contra el Presidente Pérez. Desde la perspectiva gubernamental norteamericana, el entonces Embajador de los Estados Unidos en Venezuela, Michael Skol, alertó sobre que «cualquier acción extra-constitucional en Venezuela sería inaceptable para Estados Unidos» (4). Desde la perspectiva de los grupos de presión, el sector académico y el sector empresarial, se insistió en que para los Estados Unidos era preferible «negociar con un gobierno democrático y no con un gobierno de facto» (5).

Al mismo tiempo que se reiteraba el compromiso estratégico, se presentaban, tal como se notaba desde 1990, algunos problemas derivados de la nueva vinculación táctica que Venezuela tenía con los EE.UU. Esta

relación descansaba sobre dos nuevas realidades: por una parte, Petróleos de Venezuela, PDVSA, la empresa petrolera estatal se preparaba para la apertura de sus negocios al capital privado, ya estaba participando como socio y como accionista principal en las empresas norteamericanas de carácter petrolero, Citgo, Champlin y Unoven (acrecentándose así las inversiones venezolanas en el país del Norte), y las reservas petroleras venezolanas alcanzaban para la fecha una cantidad semejante a las reservas norteamericanas. Por la otra, estaban pendientes de firmarse una serie de acuerdos derivados del seguimiento de las propuestas del Presidente Bush sobre la «Iniciativa para las Américas» y de implementarse el cuerdo

Marco de creación del Consejo de Venezuela y los Estados Unidos sobre Comercio e Inversiones suscrito por ambos gobiernos en la ciudad de Washington en abril de 1991. (Cardozo 1992). Entre estos acuerdos destacaban, el de régimen de doble tributación, el de promoción de inversiones, el de régimen de subsidios (recuperación de la prueba de daños), y el de propiedad intelectual. A esto se añade la controversia sobre los efectos del embargo norteamericano a las exportaciones de atún venezolano, la investigación norteamericana sobre la supuesta práctica de dumping y la ausencia de derechos compensatorios a las exportaciones de acero, cemento, alambique de aluminio y ferrosilicón de hierro (M. de R.R.E.E. de Venezuela 1992).

Bill Clinton y los demócratas ganaron las elecciones presidenciales

de 1992 y como pasa en cada oportunidad en que se celebran esos comicios, se abrían muchas expectativas sobre le futuro de las relaciones hemisféricas con el nuevo gobierno. (Smith y Mc Coy 1994 ). Sin embargo, en esa ocasión, la mayoría de los analistas y decisores expertos en las relaciones de los EE.UU. y América Latina indicaron con acierto que en la era de los cambios globales Clinton respetaría las iniciativas hemisféricas de Bush. En el caso especifico venezolano, a pesar de las abiertas simpatías del Presidente Pérez por una victoria demócrata, la mayoría de los análisis pronosticaron tan sólo pequeñas diferencias entre ambos líderes ( Smith y Mc Coy 1994 ).

Bajo estas circunstancias, se inició el período Clinton en las relaciones E.E.U.U-Venezuela. Washington veía con preocupación la fracturada estabilidad de un país en el cual estaban «pasando cosas» y unas relaciones comerciales que comenzaban a dar dolores de cabeza.

En marzo de 1993, Caracas recibió la visita de Albert Coll, Sub-Secretario Adjunto de Defensa para Asuntos Especiales y Conflictos de Baja Intensidad, el cual aprovechó su visita para dejar claro que …»Estados Unidos no apoyaría en forma alguna, un gobierno venezolano impuesto o creado por los militares contra las autoridades constitucionales» (6). Esta misma línea fue ratificada por voceros del Departamento de Estado al desincorporares el Presidente Pérez de la jefatura del Estado y sustituirse

por Ramón J. Velázquez (a quién le tocó completar el resto del período presidencial) y expuesta de manera franca por el nuevo Secretario de Estado del Gobierno Clinton, Warren Christopher. Este último argumentó, en ocasión de una visita del Canciller venezolano, Fernando Ochoa Antich, a Washington, en el mes de septiembre de 1993, que Estados Unidos apoyaba… «fuertemente el proceso democrático de Venezuela». Más adelante agregó que «estamos dispuestos a trabajar con el Presidente Velázquez hasta las elecciones de diciembre, así como con cualquier gobierno que resulte elegido en esa ocasión» (7).

En vísperas de las elecciones presidenciales de diciembre de 1993, y contando con la presencia de un nuevo embajador de los Estados Unidos en Venezuela (Jeffrey Davidow, quién remplazaba a Michael Skol), Caracas recibió la visita del subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Alexander Watson. Watson se entrevistó con el Presidente Velázquez (a quién le entregó una carta personal del Presidente Clinton), con el Canciller Ochoa Antich y con varios candidatos presidenciales, a quienes le reiteró el apoyo norteamericano a la democracia venezolana. La visita de Watson fue considerada de gran poder simbólico ya que indicaba que Washington no apoyaría un golpe de Estado, tal como se desprende de una afirmación de Clinton en la carta enviada al Presidente Velázquez en donde dice que «no habrá posibilidad de unas relaciones normales entre los Estados Unidos y una Venezuela no-democrática». Al mismo tiempo, Watson se refirió, en ocasión de una

conferencia dictada en VenAmCham, que …»el mantenimiento de la brillante tradición democrática de Venezuela es un prerequisito indispensable para las relaciones normales entre Estados Unidos y Venezuela» (8).

Las elecciones presidenciales venezolanas de diciembre de 1993 las ganó Rafael Caldera, ex-Presidente de la República en el período 1969-1974. El hecho que ganara Caldera, quién había mantenido unas relaciones

cordiales con los Estados Unidos en su primera presidencia, daba ciertas garantía al gobierno norteamericano sobre la posibilidad del fortalecimiento de un sistema político tan convulsionado en años recientes. Caldera se refirió a este tema cuando al dictar una conferencia patrocinada por VenAmCham dijo que estaba … «consciente de la importancia que tiene EE.UU. para Venezuela, pues todo lo que sucede en la nación del Norte repercute en nuestro país, especialmente en lo referente al mundo petrolero» (9). Sucesivas visitas de funcionarios norteamericanos permitieron reiterar el apoyo de Washington a Caldera. Luigi Enaudi, embajador y funcionario del Departamento de Estado y con larga trayectoria académica en el área de los estudios sobre América Latina, dijo, en ocasión de su visita a Caracas en enero de 1994, que «Venezuela ha demostrado una cierta madurez política al enfrentarse como ningún otro país a la crisis política, militar y moral que ha tenido que vivir durante estos últimos años». De igual forma, el ex-embajador norteamericano en Caracas y entonces subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Michael Skol, planteó que los Estados Unidos iba a tener «unas buenas relaciones con el Presidente Rafael Caldera. Yo tengo mucha confianza en esa relación. El Gobierno, el Secretario de Estado Warren Christopher y el Presidente Bill Clinton tienen mucha confianza. Debemos ser optimistas» (10). En el mes de mayo de 1994, visitó a Caracas, el Embajador Charles Gillespie, Coordinador Principal del Departamento de Estado para la Cumbre Hemisférica de 1994 a fin de coordinar con las autoridades venezolanas el temario de la Cumbre. El 3 de junio de ese mismo año, el gobierno venezolano recibió la visita de una delegación del gobierno norteamericano encabezada por el Embajador Strobe Talbott, Secretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos, en donde se reiteró el apoyo norteamericano a la democracia venezolana, el papel de Venezuela en la promoción de la democracia en el Hemisferio, especialmente en la Cuenca del Caribe, para efectuar consultas sobre el eventual envío de una misión especial de las Naciones Unidas a Haití (Venezuela no prestó su colaboración para la realización del bloqueo naval a Haití ni tampoco para la invasión de tropas norteamericanas a ese país, agotando todos los esfuerzos pacíficos a través del Grupo de Amigos de Haití y las Naciones Unidas), y para discutir la Agenda de la Cumbre Hemisférica, en donde las autoridades venezolanas recalcaron su intención de promover los temas de un programa compensatorio para contribuir a solucionar los problemas sociales derivados de la apertura de las economías, la integración energética hemisférica y un plan de acción hemisférico contra la corrupción (M. de R.R.E.E de Venezuela 1994: p. 181). A fines de 1994, los Estados Unidos apoyó abiertamente la elección del ex-Presidente de Colombia, César Gaviria, como Secretario General de la OEA, lo cual contribuyó a la derrota del candidato venezolano a ese cargo, el Canciller Burelli Rivas, agrietándose así las relaciones entre Washington y Caracas. (Ewell 1996).

Durante el año 1995, los temas políticos más importantes que se destacan en la agenda de las relaciones entre los dos países son aquellos referidos a la presunta violación de los derechos humanos por parte de las autoridades policiales y carcelarias venezolanas, ya denunciadas por voceros de organizaciones no gubernamentales norteamericanas especializadas en el tema, y la lucha contra el narcotráfico. En este sentido, en la medida en que se veía que el gobierno Caldera se estabilizaba, el gobierno Clinton disminuía la emisión de sus señales de apoyo, aunque se produjeron algunas referencias veladas contrarias al programa económico instaurado en junio de 1994 y que tenía como norte el control de cambios y la ejecución de medidas estatistas y proteccionistas ( Ewell 1996).

Desde el punto de vista económico, hay que destacar como el embargo norteamericano al atún venezolano, las trabas para el desarrollo en el mercado norteamericano de la Orimulsión ( Rossinoi y Luis 1996), de la gasolina reformulada, y la percepción norteamericana sobre una situación de inseguridad aérea y jurídica en Venezuela no propició un campo seguro para las inversiones privadas provenientes de ese país.

Al mismo tiempo, el gobierno Clinton tardó en nombrar al sucesor de Jeffrey Davidow como embajador norteamericano en Caracas, al éste ser nombrado Secretario Adjunto para Asuntos Interamericanos en octubre de 1995. En consecuencia, un encargado de negocios, el Ministro Consejero John Keane quedó como encargado de la Embajada. El nuevo embajador, John Maisto, quién tuvo como su último cargo, el ser embajador de los EE.UU. en Nicaragua, presentó sus credenciales al Presidente Caldera en el mes de marzo de 1997, un año más tarde a su nombramiento por La Casa Blanca. (Bravo 1996).

En febrero de 1996, el presidente Clinton envió de nuevo su carta anual al Congreso de los Estados Unidos en donde se hace un recuento de la labor del Ejecutivo en relación al combate del narcotráfico. Venezuela vuelve a figurar entre un grupo de 31 países en donde, al parecer del Gobierno norteamericano, no se ha hecho un buen trabajo contra las drogas. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado envió un documento al Congreso norteamericano sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. También en este documento, se enfatiza que … «el desempeño del gobierno venezolano …»… continúa siendo perjudicial en ciertas áreas e incluye ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía y los militares, tortura de detenidos y ausencia de sanciones contra los policías y agentes de seguridad acusados de abusos» (11).

Durante el primer semestre del año, el gobierno venezolano insistió en la necesidad de llegar a un acuerdo entre los dos países a fin de extraditar a los llamados banqueros prófugos que se residenciaron en los EE.UU. Sin embargo, el único que es detenido es Orlando Castro ex-dueño del Consorcio Latinoamericana-Progreso ya que se le abrió un juicio en el estado de New York por un presunto delito cometido en Puerto Rico. (Bravo 1996).

El Gobierno norteamericano acogió favorablemente el cambio de política económica que el gobierno Caldera inició en el mes de marzo. El mismo Presidente Clinton elogió las medidas tomadas (devaluación de la moneda, supresión del control de cambios, y la búsqueda de un acuerdo con el FMI) refiriéndose a que …» …» Nos interesa profundamente el bienestar y la estabilidad económica de Venezuela por lo que congratulamos y aplaudimos las reformas económicas anunciadas por el Presidente Rafael Caldera». Por otra parte, el Presidente Clinton reiteró que…» Venezuela es un baluarte de la democracia latinoamericana. Es además nuestro principal abastecedor de petróleo y uno de nuestros principales socios económicos en el Hemisferio» (12).

La OEA aprobó en el mes de mayo la Convención Interamericana contra la Corrupción en el marco de la XXXVI Asamblea Anual, ocasión en la cual Estados Unidos exigió algunos cambios en el texto para finalmente apoyar la iniciativa venezolana, aunque se abstuvo de votar ya que la Declaración tenía que ser conocida previamente por el Congreso norteamericano. En esa misma Asamblea, los países miembros de la organización votaron a favor de la condenatoria de la Ley Helms-Burton y de elevar una consulta al Comité Jurídico Interamericano para que realizara un dictamen sobre la Ley. Venezuela votó a favor de la resolución y Estados Unidos, como era de esperarse, en contra. (OEA 1996).

El subsecretario del Estado del gobierno Clinton, Strobe Talbott visitó a Caracas por segunda vez en el mes de mayo. Talbott reiteró el respaldo de Washington a las medidas económicas emprendidas por el Gobierno Caldera refiriéndose a que «los Estados Unidos utilizará su posición dentro de los foros multinacionales, con el Fondo Monetario

Internacional, el Banco Mundial y el BID para apoyar a Venezuela y asegurar el éxito de su plan económico» (13).

El problema del flujo de inmigrantes ilegales venezolanos en los Estados Unidos se convirtió desde este año en un punto de importancia en la agenda de los dos países. Hasta ese momento los venezolanos que se quedaban a vivir en el Norte lo hacían (legal o ilegalmente) por razones familiares, de estudio o por la llamada fuga de cerebros. Con la crisis económica venezolana, los venezolanos comenzaron a emigrar a los Estados Unidos en cantidades considerables, estimándose que para la fecha habían unos 150.000 de los cuales 70.000 permanecen en el territorio norteamericano de manera ilegal. Esta situación obligó al Gobierno norteamericano a limitar el otorgamiento de visas y a controlar rigurosamente la entrada de venezolanos a los EE.UU. todo lo cual trajo como consecuencia una serie de protestas por parte de los viajeros procedentes de Caracas. (Bravo 1996).

En otro orden de cosas, el retiró de la visa norteamericana al Presidente de Colombia, Ernesto Samper, impulsó al Canciller venezolano,

Miguel Angel Burelli Rivas, a que deplorara la sanción y manifestara que «obviamente, la negativa de un visado es un acto de soberanía del Estado, no podríamos nosotros juzgarlo, pero podemos lamentar lo ocurrido con el Presidente de Colombia , pues no se trata de un ciudadano común, sino de un Jefe de Estado» (14).

En ocasión de una visita de Estado a Paraguay, el Presidente Caldera

pronunció un discurso ante el Congreso de ese país en donde manifestó que …»aquellos que quieran lanzarse a la aventura de un golpe de Estado o acciones similares ya no pueden contar con el apoyo que tal vez pudieran haber soñado recibir de los estadounidenses», en una clara alusión al compromiso democrático de Washington (15).

En noviembre de 1996, Venezuela condenó el bloqueo norteamericano a Cuba y rechazó la promulgación de la Ley Helms- Burton en el contexto de las Naciones Unidas, en una clara demostración de la utilización de los foros mundiales para diferenciarse de las políticas internacionales de los EE.UU. (M. de R.R.E.E de Venezuela 1996).

A fines de 1996, la Casa Blanca anunció que divulgaría un informe (el cual salió publicado en enero de 1997), sobre Derechos Humanos, presentado a su vez ante el Congreso norteamericano. En dicha ocasión el Presidente Clinton se refirió a que «la defensa de los derechos humanos sería un componente esencial en su segundo período» (16). Al ganar el Presidente Clinton las elecciones presidenciales por segunda vez y al relegirse se cerraba el primer período de las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos durante la era Clinton.

En el mes de febrero de 1997, el gobierno de Venezuela envió un documento emitiendo una respuesta oficial al Informe sobre Derechos Humanos del año 1996 presentado por el Departamento de Estado ante el Congreso norteamericano, en donde se critica la labor en la materia del Gobierno Caldera. La respuesta venezolana tuvo un contenido fuerte y trató de presentar un récord distinto sobre el tema. En marzo de 1997, Venezuela fue incluida en la lista de los países certificados en la lucha contra el narcotráfico aunque el Gobierno norteamericano volvió a reclamar la aparente debilidad de Caracas ante el auge de ese delito (17). Ese mismo mes, el Cónsul General de Venezuela en Miami, Gustavo Rodríguez Amengual, respondió al Agregado Comercial de EE.UU. en Venezuela, Renato David, quién reveló que según cifras del Gobierno norteamericano habían 55.000 venezolanos que residían ilegalmente en los Estados Unidos. Según el Cónsul…»… los venezolanos que residen en los Estados Unidos son una pequeñísima minoría, que no es reflejada en los estudios sobre la inmigración realizados por las universidades norteamericanas, ni tampoco es considerada como un problema por las autoridades de inmigración de ese país» (18).

Venezuela se excluyó de la gira del Presidente Clinton a América Latina programada para el mes de mayo de este año y en donde visitó a México, Costa Rica y Barbados. Las reacciones tanto a nivel de círculos empresariales y académicos de Washington y a nivel de Caracas, contrarias a la exclusión de Venezuela de la visita, hizo que la Casa Blanca rectificara y finalmente se le incluyera en un segundo viaje. La inclusión de Venezuela en la programación de una nueva gira del Presidente Clinton, se consideró como un triunfo diplomático de Venezuela, lo que hizo que el Canciller Burelli en un gesto de prepotencia inusitada dijera que la visita de Clinton a Venezuela, …»beneficia más a Estados Unidos». En esta misma declaración Burelli planteó que ..»tanto en la guerra como en la paz, Venezuela ha sido el más seguro y el más confiable de los proveedores de petróleo para América del Norte» (19). La visita de Clinton fue postergada para el mes de octubre, en el marco de unas segunda etapa de la gira de Clinton a América Latina, específicamente para los días 12 y 13, ocasión en la cual se firmarán acuerdos de cooperación en diversas áreas. En este sentido, el canciller Burelli visitó a Washington a principios del mes de julio de 1997 a fin de establecer junto con funcionarios norteamericanos la agenda de la visita que contemplará la firma de seis acuerdos pendientes.

En cuanto a la materia relacionada con el combate al narcotráfico, vale la pena mencionar que en septiembre de 1993, el director de la, Oficina Nacional de Control de Drogas del gobierno norteamericano prometió el apoyo de Washington para la lucha contra el narcotráfico. Así, el funcionario dijo que esperaba «cooperar con Venezuela para enfrentar los problemas surgidos por el aumento de las operaciones de tránsito de drogas y lavado de dinero en el país» (20). En marzo de 1994, el Departamento de Estado presentó su informe anual sobre el narcotráfico en el mundo, puntualizando que en Venezuela existe una narco-corrupción y tráfico de drogas, lo que fue respondido por la Cancillería venezolana reconociendo que «Venezuela no es productor de drogas, pero está sufriendo las consecuencias el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en especial del lavado de dólares provenientes del narcotráfico» y recordando que se había firmado un memorándum de entendimiento para colaborar sobre la lucha contra el narcotráfico (21). El Gobierno Clinton reiteró que en Venezuela no hay una política firme contra el narcotráfico dada la corrupción policial y judicial que impide las operaciones antinarcóticos y denunció la participación de oficiales de la Guardia Nacional en el aborto de una entrega controlada de droga (no se entregó toda la carga detectada). El indulto presidencial al narcotraficante Larry Tovar Acuña y la participación de jueces venezolanos en indultos a presuntos indiciados así como el desarrollo de juicios amañados, provocaron en Washington una reacción hostil ante la aparente debilidad venezolana sobre el tema. Así, en febrero de 1995, Venezuela fue incluida en la lista de países donde se combate parcialmente el narcotráfico (lista enviada por la Casa Blanca al Congreso norteamericano). Sin embargo, en el Informe Anual enviado al Congreso por parte del Ejecutivo norteamericano, del año 1994, Venezuela es considerado entre los países que están colaborando con la política anti- narcotráfico instalándose unos radares en la isla de Margarita con apoyo norteamericano. (Bravo 1996).

En marzo de 1996, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, William Perry, visitó a Caracas. Perry conversó con las autoridades venezolanas sobre la nueva política de seguridad hemisférica centrada en la lucha contra el narcotráfico. En su reunión con el Ministro de la Defensa venezolano, Moisés Orozco Graterol, el Secretario de Defensa trató el tema de las posible instalación de radares en territorio venezolano y sobre la posibilidad de que Venezuela permitiera el vuelo y el patrullaje de aviones militares norteamericanos en su espacio aéreo. Siendo la primera vez que un Secretario de Defensa de los EE.UU. visitaba Caracas, la ocasión permitió al Ministerio de la Defensa venezolano a pedirle ayuda militar, de acuerdo a unas notas reversales firmadas por ambos gobiernos a fin de permitir la donación norteamericana de 20 helicópteros y la eventual compra por parte de Venezuela de dos aviones F-16 y once vehículos anfibios. En septiembre de ese año también visitó a Caracas el Jefe del Comando Sur del Ejército norteamericano con sede en Panamá, el General Lawson McGruber, a fin de propiciar planes de investigación, cooperación y entrenamiento conjunto para combatir el narcotráfico y participar en operaciones conjuntas (22).

A fines de 1996, el Ministro de la Defensa de Venezuela reconoció que se estaban estudiando las reglas de juego para recibir asistencia de los EE.UU. para el combate al narcotráfico. En marzo de 1997, se conoció que la Armada venezolana había tenido algunas diferencias con la Armada norteamericana en materia de abordaje de embarcaciones en el Caribe. Según la Armada venezolana, existe un acuerdo de operaciones marítimas contra buques sospechosos de narcotráfico del año de 1991 que permite el control de la navegación aérea y terrestre por parte de los EE.UU. en aguas internacionales cercanas a Venezuela pero que no permite la participación de buques de terceros países ni las operaciones de la Armada norteamericana en aguas interiores venezolanas. ( En julio de 1997 ambos gobiernos firmaron un protocolo al acuerdo de 1991, conocido como el «Acuerdo sobre Cooperación Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas por el Mar» a fin de que participen buques de terceros países). Los EE.UU había planteado reformar el acuerdo para que pudieran participar en el abordaje buques y oficiales de Gran Bretaña, Holanda y Francia aunque la Armada norteamericana no puede transitar por aguas territoriales venezolanas y el espacio aéreo, tal como ya se hace con la mayoría de los países caribeños orientales, Trinidad y Tobago y la República Dominicana. A principios de 1997, el Gobierno Clinton envió su informe anual sobre narcotráfico al Congreso norteamericano. En esta oportunidad, los EE.UU. endurecieron su posición. Así se dice que…» Venezuela no demostró durante 1996 suficiente voluntad para mantener una fuerte oposición contra el narcotráfico, para alentar a las fuerzas castrenses y policiales a cooperar, ni para desarrollar una coordinación efectiva» (23). Sin embargo Venezuela no fue descertificada y sigue manteniendo la posición de no aceptar la presión norteamericana sobre la posibilidad de extraditar a los EE.UU. a sus nacionales.

2.2 Aspectos Económicos y Comerciales.

Las relaciones económicas y comerciales entre Venezuela y los Estados Unidos durante el primer Gobierno de Clinton comenzaron con las firma en el mes de enero de 1993, de un acuerdo agrícola entre los dos países tendiente a ampliar el intercambio comercial en ese sector de la economía (M. de R.R.E.E 1993). En este sentido, el gobierno venezolano insistió a Washington durante todos esos meses de completar otros acuerdos. Desde la óptica de Caracas, había que evitar que se excluyera a Venezuela de la lista de país más favorecido por las acusaciones de parte de funcionarios norteamericanos de prácticas desleales de dumping. De hecho, se demandaron las exportaciones venezolanas de ferrosílicon de hierro, de tubos de acero sin aleación soldada y alambrón (Sobre este, se espera que el gobierno norteamericano se pronuncie en septiembre de 1997 en torno las acusaciones de dumping a las exportaciones venbezolanas de este producto. si se determina que existe algún subsidio, se tendrá que pagar un arancel especial o al menos se reducira el monto de lo exportado). Al mismo tiempo, seguían las conversaciones para lograr un convenio sobre doble tributación (24).

En el mes de julio de 1993, visitó a Caracas, en ocasión de la Cumbre Latinoamericana de Comunicaciones, el Secretario de Comercio de los EE.UU., Ronald Brown. La visita de Brown a Venezuela era la primera a nivel ministerial del Gobierno Clinton, la cual se aprovechó para conversar sobre la posibilidad de adelantar los pasos para que Venezuela entrara en el Tratado de Libre Comercio. El día 8, Brown sostuvo una entrevista con el Canciller venezolano, Fernando Ochoa Antich, para revisar asuntos pendientes en la agenda bilateral como lo relacionado con los subsidios, la doble tributación, la propiedad intelectual, y un tratado bilateral sobre inversiones, pronunciándose a favor de continuar con el embargo al atún venezolano. El Secretario de Comercio también se entrevistó con el Presidente Velázquez (25).

Ese mismo mes se acrecentaron las divergencias comerciales entre los dos países. Cuatro mil productos venezolanos estuvieron a punto de afectarse ante una propuesta del Senado norteamericano de eliminar el Sistema Generalizado de Preferencias. Por otra parte, la tendencia general del gobierno norteamericano era la de precisar con Venezuela y otros países latinoamericanos una serie de medidas que a todas luces tenían un fuerte perfil proteccionista. Tanto las medidas arancelarias cuantitativas (restricciones a las exportaciones; concesiones automáticas de licencias, medidas monetarias y financieras, de control de precios y de perfil fisosanitarias, embalaje, etiquetaje y aduanas) como las de carácter cualitativo (restricciones voluntarias a la exportaciones, licencias no automáticas y medidas anti dumping y de derechos compensatorios) se convertían en un asunto cotidiano para el comercio entre los dos países.

En medio de esa tensión, el Canciller venezolano Fernando Ochoa Antich planteó durante un viaje a Washington la necesidad de negociar con

los EE.UU. la solución de los problemas comerciales entre ambos países, en el contexto de una conferencia patrocinada por la Asociación Estadounidense de Cámaras de Comercio de América Latina realizada el 2 de septiembre de 1993. En sus reuniones con funcionarios del gobierno norteamericano, Ochoa Antich trató los temas de la propiedad intelectual, ya que Venezuela fue colocada como país en observación bajo la previsión 301 del Acta de Comercio de 1988, (entre otras razones por la captación ilegal de emisiones de TV por satélite en Venezuela), el control ambiental, y el papel de Venezuela en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (26).

En este contexto cabe recordar las frecuentes críticas del Departamento de Comercio sobre la conducta comercial de Venezuela en relación a la restricción de las exportaciones de productos agrícolas y pecuarios norteamericanos (como el uso de la banda de precios que impone varios cargos sobre el arancel a granos, semillas, productos lácteos, leche pasteurizada y en polvo, y carnes), la no incorporación de Venezuela en la Convención de París sobre la Protección de la Propiedad Industrial y la falta de reglamentación de la Ley de Derechos de Autor promulgada por Venezuela en 1993. (Departamento de Comercio, 1994 ). Como reacción al informe presentado al Congreso norteamericano por el Departamento de Comercio en marzo de 1994, el Ministro de Fomento del entrante gobierno Caldera, Alberto Poletto, planteó la necesidad de sincerar el origen de los problemas comerciales con los EE.UU., como el producto entre otras cosas de la presión de grupos intermediarios que temen ser desplazados en sus negocios por productos venezolanos, tal como se veía en el caso del atún, la veda a las frutas venezolanas y las restricciones a la gasolina reformulada venezolana. En abril de 1994, los gobiernos de ambos países decidieron iniciar una serie de conversaciones informales a fin de acelerar la firma de los acuerdos sobre protección de inversiones, propiedad intelectual, subsidios, y doble tributación, pasos necesarios, según la óptica norteamericana para entrar en Nafta, conversaciones que para mayo de 1997 todavía están pendientes (27).

En el marco de un foro sobre las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos realizado en Caracas, el Embajador de los Estados Unidos en Venezuela, Jeffrey Davidow planteó que la complejidad del aparato de política exterior norteamericano obligaba a Venezuela a hacerse más visible en Washington y a no depender tan sólo del Departamento de Estado para mejorar las relaciones comerciales. En este sentido, según el embajador, el lobby venezolano era importante para desarrollar puntos comunes sobre el tema de las drogas, el medio ambiente, los derechos humanos y las restricciones a los productos venezolanos. Por otra parte, en el momento de desarrollarse esta tensión entre los dos países, analistas de la realidad norteamericana comentaron la reacción desfavorable que había tenido el Gobierno Clinton por la ejecución de las medidas económicas en Venezuela tendientes al estatismo y al proteccionismo, siendo llamado a consultas por el Departamento de Estado, el nuevo embajador de Venezuela, Pedro Luis Echeverría. El Presidente Clinton, en ocasión de la presentación de las Cartas Credenciales del embajador venezolano destacó que «Aceptamos la posición de su gobierno de que los controles son temporales, aunque creemos que la historia ha demostrado que estas medidas no son las mejores para lograr el crecimiento y la estabilidad económica» (28). En este momento, le quedó claro a Venezuela que sus problemas comerciales con los Estados Unidos tenían dos facetas. Por una parte, diferencias en torno a aspectos cuantitativos relacionados con medidas económicas y comerciales como aranceles, restricciones a la cantidad, licencias y otras; y por la otra, diferencias en torno a aspectos cualitativos, vale decir lo relacionado con el impulso a las reformas económicas, acuerdos a «la carta» de tipo sectorial y acuerdos marco de libre comercio. En ambos casos, Venezuela no presentaba un buen resultado según la óptica norteamericana y Caracas insistía en una campaña de descrédito de la imagen de Venezuela en los Estados Unidos y que el gobierno norteamericano debía ser compresivo con la difícil situación que vivía el país y que no debía olvidarse que era un proveedor confiable de energía (29). Recuérdese que estamos hablando del entonces segundo exportador de petróleo a EE.UU. (en 1997 alcanzó el primer lugar), el cuarto socio comercial de América Latina, y un miembro del selecto grupo de los primeros veinte países que exportan a los EE.UU.

En octubre de 1994, el Departamento de Comercio de los EE.UU. amenazó de aplicar sanciones comerciales a Venezuela y a otros productores de banano latinoamericanos que habían firmado un acuerdo marco con la Unión Europea sobre comercialización de ese producto. En este sentido, los EE.UU. amenazó con aplicar la sección 301 para imponer sanciones. (A fines del mes de abril de 1997, se conoció que la OMC había desaprobado el sistema de cuotas acordado entre la Unión Europea y los países signatarios de ese acuerdo marco). En el mes de noviembre de 1994, los Estados Unidos condicionó la entrega de trigo a Venezuela. Dada la investigación anti-dumping que agencias del gobierno venezolano llevan adelante sobre el trigo norteamericano subsidiado y dada la prohibición de Venezuela (desde 1993) de importación de productos avícolas, porcinos y vacunos norteamericanos, el Departamento de Comercio condicionó la inclusión de Venezuela en el Programa de Promoción de Exportaciones (EEP) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. A fines de año, el embajador norteamericano, Jeffrey Davidow planteó que «en este momento existe un cierto escepticismo en el sector privado estadounidense en relación a la política económica del gobierno» (30). Esta afirmación expresaba el malestar de Washington y las tensiones experimentadas ese año, las cuales siguieron acrecentándose en 1995. Así, Venezuela trató de evitar el embargo a los camarones venezolanos por denuncia del Departamento de Comercio sobre la mortandad de las tortugas. Sobre esto, el Gobierno venezolano, conjuntamente con funcionarios norteamericanos inspeccionaron las flotas camaroneras que se encuentran en puertos venezolanos logrando detectar irregularidades en la conservación de las tortugas marinas, lo que motivó que el Departamento de Comercio certificara si se cumplían las regulaciones que se habían acordado. El 28 de abril de 1995, el Gobierno de los Estados Unidos comunicó a Venezuela que se había dado la certificación necesaria para seguir exportando camarones hasta mayo de 1996. (M. de R.R.E.E). En mayo de 1995, se conoció que Venezuela no fue incluida en la Priority Wacht List (Lista de Países Prioritarios en Observación) de la Sección Especial 301 de la Ley Omnibus de Comercio y Competitividad, pero si en la Wacht List, a pesar de la entrada en vigencia de las decisiones 344 y 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena referentes a las leyes sobre Propiedad Industrial y Derechos de Autor. Venezuela continuó así en una lista de veinte y cuatro países en observación desde 1990. Al mismo tiempo se recalcaba que no se había establecido la oficina para atender los casos sobre derechos de autor en Venezuela, ni se había revisado el régimen sobre uso de patentes y el reglamento sobre propiedad industrial (31). Por otra parte, Venezuela en su condición de miembro de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) firmó, junto con los Estados Unidos y otros países miembros una declaración en Panamá sobre la necesidad de reducir progresivamente la mortandad de delfines. Esto se consideró un paso de avance para revisar la posibilidad de suspender el embargo al atún venezolano (32).

En los mismos términos, Venezuela confrontó otros problemas comerciales con los Estados Unidos, como la investigación sobre el cumplimiento del Acuerdo de Suspensión de Subsidios a las exportaciones venezolanas de Cemento Clinker y Portland lo cual fue respondida por Venezuela y aceptada por los autoridades venezolanas; se permitió la entrada a los EE.UU., de los Carbón Steel Welded Pipe Fittings, producto elaborado en Venezuela a partir del hierro la cual estaba suspendida; y se aprobó el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) por un período de cinco años.

En junio de 1995, se celebró la Primera Reunión Hemisférica de Ministros de Comercio a fin de planificar los pasos para lograr un área de libre comercio de las Américas en la cual Venezuela participó activamente. (M. de R.R.E.E de Venezuela 1995).

El tema que más caracterizó las tensiones entre ambos países durante estos años fue el caso de la gasolina reformulada. El problema se originó a fines de 1993 cuando la agencia gubernamental norteamericana, la Enviroment Protection Agency (EPA) reglamentó los «componentes y aditivos para combustibles: pautas para la gasolina reformulada y convencional», lo que significó que ese reglamento afectaría las gasolinas reformuladas y convencionales venezolanas que se exportan a los Estados Unidos. El reglamento, basado en la Ley americana de Purificación del Ambiente afectaba un producto que ya había alcanzado sus propios parámetros de limpieza desde el año de 1990, 22% de olefina, 6.4% de azufre y bajos niveles de benceno. El gobierno de Venezuela alertó que el tema de la gasolina reformulada evidenciaba las diferencias existentes entre el Congreso norteamericano, la EPA y el Gobierno Federal sobre el comercio con Venezuela y argumentó que ya se estaba llevando a cabo un proyecto de inversión en las refinerías venezolanas por un valor de 1 billón de dólares (33). Como consecuencia de lo anterior se consideraba al caso como discriminatorio por parte del gobierno Clinton.

En febrero de 1994, Venezuela procuró llegar a un acuerdo con el gobierno Clinton sobre el caso y en principio se veía a corto plazo la posibilidad de una solución al decretarse en abril una regla transitoria que favorecía a la gasolina reformulada al evitarse las sanciones al combustible venezolano por un tiempo, según lo indicó el embajador norteamericano en Caracas, Jeffrey Davidow. En septiembre de 1994, se conoció que el Congreso de los Estados Unidos había decidido mantener las restricciones aplicadas a la gasolina reformulada y de bloquear fondos para cambiar el reglamento de 1993, lo que en la práctica significaba sacar del mercado del Este a la gasolina venezolana dado que, desde la óptica norteamericana, la gasolina venezolana era objetable por la EPA, por alegar que el combustible no cumple con los requisitos de protección ambiental al tener niveles altos de olefina. Esto motivó a que el Gobierno de Venezuela decidiera plantear ( junto con Brasil) el caso en el marco del GATT. El 8 de septiembre de 1994, el Gobierno venezolano denunció la medida exigiendo un trato igualitario ante lo que consideraba una discriminación a los productos de exportación en el marco de «un proteccionismo comercial disfrazado de

ambiental» (34). El 15 de abril se conoció que el GATT admitiría la demanda de Venezuela el 4 de octubre y el Gobierno Caldera amenazó de no comprar más trigo proveniente de los EE.UU. en respuesta a la decisión del Congreso norteamericano. El 25 de octubre, Venezuela y Estados Unidos acordaron la constitución del panel del GATT conformado por tres expertos de Hong Kong, Nueva Zelandia y Finlandia. Dicho proceso fue suspendido al terminarse la labor del GATT y al comenzar la actuación de la OMC, en enero de 1995. Venezuela introdujo la denuncia en la OMC en marzo de 1995 solicitando, luego de no llegarse a un acuerdo amistoso a nivel bilateral, el establecimiento de un grupo especial para la solución de controversias, de acuerdo a las disposiciones de la OMC. Esta acción de Venezuela. la cual fue la primera intentada por un país miembro ante la nueva organización internacional, se concretó en la constitución de un Grupo Especial formado por los expertos ya escogidos en la etapa final del GATT. (M. de R.R.E.E 1995).

En el mes de abril de 1996, se conoció el Infome Anual del Departamento de Comercio al Congreso norteamericano en donde nuevamente se indica que Venezuela impone barreras comerciales a productos y servicios norteamericanos, al tiempo que se indica que Caracas no ha perfeccionado los mecanismo pertinentes para combatir la piratería comercial (35). El 29 de abril, el panel de apelaciones de la OMC afirmó que ciertas normas ambientales de Estados Unidos obstaculizaban la importación de la gasolina proveniente de Venezuela y Brasil, lo que se consideraba una limitación al libre comercio.

De esta forma, la demanda de Venezuela y Brasil, introducida en abril de 1995 y decretada como procedente por un panel de expertos, fue ratificada por una instancia superior ya que la interpretación que hace el Gobierno norteamericano de la ley de ese país, la Clean Air Act, era discriminatoria e injustificable y restringía de manera disfrazada el comercio internacional». A partir de esa resolución, a los EE.UU. se le indicó que debía informar sobre las medidas necesarias para cambiar las reglas sobre importación de las gasolinas reformuladas y reparar los daños comerciales ocasionados a Venezuela y Brasil. (En este sentido, se conoció en el mes de mayo de 1997 que el Congreso de los EE.UU. no estaría dispuesto a enmendar a tiempo la reglamentación de la EPA de lo cual tiene plazo hasta el 20 de agosto).

A fines de ese mismo mes, la legislatura del estado norteamericano de Florida aprobó una resolución vetando la posibilidad que la Florida Power and Light Company pudiera refinar Orimulsión venezolana, lo que produjo la perdida transitoria de ese mercado y el retraso de la entrada de ese combustible pesado a los EE.UU. (36).

Por otra parte, los Estados Unidos colocó nuevamente a Venezuela en la lista de observación de países que no protegen adecuadamente los derechos de autor y la propiedad intelectual (Watch List), según el informe presentado por la Oficina del Representante Comercial de ese país. En este sentido, se dice en el informe que » los esfuerzos del Gobierno venezolano siguen siendo modestos en lo que respecta a represión de la piratería» , y se expresa que «Venezuela no ha aprobado para la fecha la Ley de Propiedad intelectual, se observan diferencias en el sistema de marcas y patentes, una ausencia de normas contra las importaciones paralelas, y la no implementación total de las normas contempladas en el TRIPs (Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio), consagrados en el Tratado de la OMC» (37).

En la segunda mitad del año 1996, se conoció el creciente descontento de la Agencia Federal de Aviación (FAA), adscrita al Departamento de Transporte del gobierno norteamericano, sobre el cumplimiento por parte de líneas aéreas venezolanas de las regulaciones federales de aviación. Ante tal reclamo, el Ministro de Transporte y Comunicaciones de Venezuela, Moisés Orozco Graterol (quién había sido nombrado a ese cargo en el mes de marzo, luego de dejar el servicio activo

y el despacho de la Defensa) viajó a Washington con el propósito de negociar con el Secretario de Transporte de los Estados Unidos y otros funcionarios de la FAA la posibilidad que Venezuela no permaneciera en la categoría 2, ( países en observación) y mucho menos trasladarla a la categoría 3, ( países a quienes se les prohibe efectuar vuelos comerciales a EE.UU.) Sin embargo, la FAA ratificó a Venezuela en la categoría 2, amenazó de pasarla a la categoría 3 y suspendió los vuelos comerciales entre Venezuela y los Estados Unidos el día 8 de agosto. Luego de varios días de conversaciones, Venezuela se comprometió a cumplir con las normas de la FAA y esta Agencia dio un plazo de 30 días de prueba a las líneas aéreas venezolanas a quienes se les permitió operar nuevamente, dejándolas en la categoría 2. Esto episodio sin embargo dejó un trajo amargo en el gobierno venezolano reflejado en una declaración del Ministro del Interior del Gobierno Caldera, José Guillermo Andueza, quién planteó que «Si Estados Unidos nos da malos tratos, nosotros responderemos con malos tratos». Para el Gobierno venezolano el asunto buscaba favorecer a las líneas de bandera norteamericana (38).

A fines de año se conoció que el EXIMBANK restituiría los prestamos al sector público venezolano, suspendidos desde principios de 1995, (con excepción de los prestamos a PDVSA, Petróleos de Venezuela), dada la nueva política económica de apertura iniciada en el mes de marzo. Por otra parte, el Encargado de Negocios de la Embajada de Los Estados Unidos en Venezuela, John Keane, dijo que en quince meses los EE.UU. levantaría el embargo a la gasolina reformulada y que se acataría el dictamen de la OMC.

Finalmente, bancos norteamericanos comenzaron a operar en Venezuela y se asocian con la banca y otras instituciones financieras venezolanas, como el J.P Morgan, Bank of Boston, Citicorp, NBD, Bancorp, First Fidelity, Chase, y Liberty Mutual. De la misma manera, compañías petroleras norteamericanas participan en convenios de asociación de ganancias compartidas, en joint-ventures y en contratos de toda índole con PDVSA y sus filiales, tales como Mobil, Arco, Philips, Conoco, Amoco, Chevron y Exxon (39).

Esto se complementa con la política de PDVSA de expandir su participación accionaria en refinerías norteamericanas a fin de asegurarse un mercado seguro para el petróleo pesado. Así, se ratifica la participación accionaria en las compañías petroleras norteamericanas Citgo, Chaplin y Unoven y se negocia la compra de refinerías en los estados de Texas, Illinois y Louisiana. En este marco, la adquisición de nuevas instalaciones petroleras va acompañada de la posibilidad de que el estado de Florida levante la prohibición a la Orimulsión ( se espera que la Corte del Estado de Florida se pronuncié favorablemente en el mes de septiembre de 1997 sobre este caso y se pueda abrir el mercado de los EE.UU. a ese producto) (40).

3. Conclusiones.

Las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos se pueden estudiarse conjuntamente de manera bilateral y regional. En el debate sobre la situación política regional se ha caracterizado a Venezuela como una potencia media que pudiera colaborar con los Estados Unidos a través de planes conjuntos. Para quienes piensan de esta manera, Venezuela es un país con intereses propios en el Hemisferio y con prestigio regional, dada su trayectoria democrática y petrolera. Para otros analistas, Venezuela ha tenido un papel de potencia regional delegada de Los Estados Unidos (Ewell 1996).

Desde nuestro punto de vista, Venezuela no es aceptada como un país especial, como un país asociado por parte de Los Estados Unidos. En materia regional, Los Estados Unidos han desarrollado políticas propias y en muy pocas ocasiones han oído a Venezuela. Por otra parte, quienes observan una conducta sub-imperialista no toman en cuenta el hecho que a pesar de ser un país occidental, Venezuela ha mantenido posiciones divergentes con políticas coyunturales norteamericanas.

Durante la era Clinton, Venezuela ha desarrollado unas relaciones bilaterales complejas con Los Estados Unidos. Desde el punto de vista estratégico, los gobiernos en ambos países han reiterado sus coincidencias históricas, ya que Venezuela es el primer proveedor de petróleo importado a EE.UU. y es considerada por Washington como un socio confiable. Hay que agregar el proceso de apertura petrolera que lleva adelante el Estado venezolano y su empresa petrolera Petróleos de Venezuela, PDVSA. En referencia a esto último, cabe mencionar que el proyectado aumento de la producción de petróleo de Venezuela, de 3.3 millones de barriles diarios en la actualidad a 6 millones para el año 2005 y la participación de empresas de origen norteamericano en el desarrollo de los contratos operativos para la reactivación de campos marginales, en las asociaciones de PDVSA con compañías privadas para explotar yacimientos en la Faja del Orinoco, en las asociaciones bajo el esquema de las ganancias compartidas y en la apertura del mercado interno de combustibles y otros derivados del petróleo, profundizan el valor estratégico de Venezuela para Los Estados Unidos En este marco, Venezuela serviría de contrapeso a la producción de Arabia Saudita, y el mercado norteamericano sería esencial para la industria petrolera venezolana (Lander 1997).

Pero, desde el punto de vista táctico se pueden identificar una serie de problemas que se están resolviendo parcialmente. Desde ese punto de vista cabe destacar: la prohibición de envío de gasolina reformulada venezolana al mercado Este de los EE.UU., dada la disposición ambiental correspondiente y la continua amenaza de restringir aún más la importación de gasolina a pesar del dictamen de la OMC ( El Gobierno estadounidense decidió que a partir del 20 de agosto impondría algunas enmiendas a la norma, con lo cual se discrimina al producto y se incumple con lo dictaminado por la OMC); la prohibición de exportación a ese país de atún pescado y procesado por compañías venezolanas ( el Senado de los estados Unidos decidió levantar esa sanción, sin embargo dictaminó que el atún será comercializado a partir de 1999), también por la vigencia de una disposición ambiental; la crítica reiterada del Departamento de Estado sobre el estado actual de los derechos humanos en Venezuela y la aparente ineficacia por parte del gobierno Caldera en el combate al narcotráfico; la crítica del Departamento de Comercio y de la Oficina del Representante Comercial del Gobierno norteamericano sobre la carencia de un marco jurídico adecuado para favorecer la protección de los derechos humanos, para favorecer un marco seguro para propiedad intelectual ( se aspira a firmar un tratado de protección de inversiones en el mes de octubre) y para evitar la doble tributación y la negativa norteamericana de detener y extraditar a los que el Gobierno Caldera considera banqueros prófugos que se encuentran en territorio norteamericano. ( En el mes de julio de 1997 se concluyeron las negociaciones del Tratado de Asistencia Mutua en el campo penal entre EE.UU y Venezuela y se espera sea firmado por los presidentes Caldera y Clinton en ocasión de la visita de este último a Venezuela. Sobre esto último, hay que recordar que el Fiscal General de Venezuela planteó en el año de 1995 un convenio de extradición que contemplara los delitos bancarios. El Gobierno norteamericano lo consideró innecesario ya que ambos países habían suscrito un acuerdo multilateral sobre el tema en el marco de «La Convención Interamericana Sobre Ayuda Mutua en Cuestiones Penales» aprobada en 1992. En marzo de 1995, ambos gobiernos suscribieron un Acuerdo de Asistencia Mutua» para la administración de justicia a fin de procesar las detenciones, juicios y extradiciones de ciudadanos venezolanos residentes en los Estados Unidos incursos en delitos bancarios y financieros. Esto fue considerado como un paso adelante. (M. de R.R.E.E de Venezuela 1995).

En el marco de estos problemas cabe destacar tres divergencias concretas entre ambos países. En primer lugar, la molestia de la Cancillería venezolana por la exclusión inicial de Venezuela como parada en la gira proyectada para mayo de este año por parte del Presidente Clinton. El Gobierno venezolano hizo lobby para que se incluyera a Caracas en una nueva gira, aunque de darse ésta, Venezuela no vería con agrado la fecha ya que le quitaría protagonismo a la Cumbre Iberoamericana a celebrarse esos mismos días en la isla venezolana de Margarita. Además la presencia del presidente norteamericano sería una ocasión bastante importante para que Washington presione un mayor apoyo de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico, y a la política norteamericana contra Cuba, dos temas en los cuales Caracas evita comprometerse.

Otro punto de fricción entre los dos países está relacionado con las reservas de las Fuerzas Armadas de Venezuela para desarrollar ciertos planes conjuntos de prevención del narcotráfico. Como se comentó anteriormente, el gobierno norteamericano pretende que Venezuela actúe dentro del marco de la operación «Steel Web» interpretando de una manera más laxa el contenido del Acuerdo de Operaciones Conjuntas firmado en el año de 1991. A partir de esa ocasión, Venezuela permite que aviones y embarcaciones de las Fuerzas Armadas norteamericanas detengan y aborden buques y aviones sospechosos de contrabando y tráfico de drogas en aguas internacionales cercanas a la frontera marítima venezolana. En referencia a esto último, Los Estados Unidos pretende que esta práctica se extienda a aguas interiores y al espacio aéreo venezolano tal como lo contemplan, en sus respectivas jurisdicciones, los acuerdos suscritos entre los EE.UU. y la mayoría del los países del Caribe Oriental, Trinidad y Tobago y la República Dominicana.

Otro punto de fricción a futuro lo puede constituir la presencia del nuevo embajador de Los Estados Unidos en Venezuela., John Maisto. Como se ha analizado, a raíz de la salida del último embajador en Caracas, Jeffrey Davidow, al ser nombrado este último (en octubre de 1995), subsecretario de Asuntos Interamericanos, la embajada norteamericana en Caracas tuvo a cargo se un encargado de negocios, el Ministro Consejero, John Keane, lo que contribuyó a que se diera un bajo perfil de la representación diplomática en Caracas. Así, los principales problemas entre ambos gobiernos se trataron a través de la embajada venezolana en Washington, directamente con el Departamento de Estado y en ocasiones de darse visitas de alto nivel. En este marco, con la llegada del Embajador Maisto el papel de la embajada norteamericana en Caracas se va a reactivar, dentro de la política general para América Latina que el Departamento de Estado está tratando de imponer a los gobiernos latinoamericanos, y teniendo en cuenta el protagonismo que el Embajador Maisto tuvo en su cargo anterior en Nicaragua. Maisto pudiera encontrar resistencias a su labor en el caso que tuviera un exagerado protagonismo en su cargo en Caracas. Es más, no debe olvidarse que tanto el Presidente Caldera como el Canciller Burelli tratan de esquivar compromisos demasiados sensibles a la tradición de «autonomía internacional» con Los Estados Unidos. En este sentido, aunque la comunicación entre ambos gobiernos es fluida, Caracas se queja de Washington cuando el Gobierno norteamericano no consulta o se emiten opiniones en contra de las posiciones venezolanas, sobre todo a nivel comercial, tal como pasó recientemente cuando la Representante Comercial e los Estados Unidos, Chalene Barshefsky quién aseguró que el Gobierno Clinton estaba dispuesto a negociar un tratado bilateral para la promoción y protección de inversiones con Venezuela, pero que el Gobierno Caldera no mostraba interés. Esta aseveración fue respondida por el Ministro de Industria y Comercio venezolano, Freddy Rojas Parra, quién manifestó que las negociaciones estaban estancadas «en virtud de la posición rígida que asumió Estados Unidos, al vincular el tratado de protección de inversiones al acuerdo sobre propiedad intelectual», reiterando el deseo venezolano de reanudar las conversaciones (41).

En síntesis, entre Venezuela y Los Estados Unidos durante la era Clinton, los temas principales de la agenda bilateral han sido petróleo y comercio dentro del marco de una coincidencia estratégica y unas divergencias tácticas, incluyendo momentos bien tensos como el caso de la gasolina reformulada. Por otra parte, en el caso venezolano, el protagonismo mayor ha sido el de la embajada venezolana en Washington y no la embajada norteamericana en Caracas, dándose así un peso muy grande al Embajador Pedro Luis Echeverría en el manejo de la agenda bilateral.

Al mismo tiempo, de acuerdo a las encuestas, los venezolanos no tienen una actitud agresiva contra los Estados Unidos pero tampoco demasiada positiva. En términos generales, se comprueba que en la medida que se den políticas comunes, bajan las percepciones negativas y cuando Washington quiere imponer políticas regionales a Venezuela, aumentan las percepciones negativas en Venezuela ( Myers 1994 ). De hecho, para Venezuela es un punto de honor no «latinoamericanizar» sus relaciones bilaterales, es decir que Caracas pierda su condición de socio privilegiado.

Venezuela tiene dentro de su agenda de política exterior el tema de las relaciones con los Estados Unidos. Pero, en la era de los cambios globales, ni los gobiernos venezolanos pueden esperar que Washington siga tratando a ese país como algo aparte de América Latina ni los gobiernos norteamericanos pueden esperar de Caracas una sumisión complaciente. Antes como ahora, se impone un respeto mutuo que para Venezuela significa seguir con una política de autonomía concertada».

4. Notas

1) Carlos A. Romero., «Las Relaciones entre Venezuela y Estados Unidos; ¿Realidad Histórica u Opción Política? «. Política Internacional, Abril-Junio 1986, nº 2, pp. 11-14, p. 11.

2) 1993-1997.

3) Cámara Venezolana-Americana de Comercio e Industria, VenAmCham., Conferencia dictada por el Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Fernando Ochoa Antich, el día 29 de julio de 1992. Caracas, VenAmCham, 1992.

4) En: El Universal (Caracas), edición del día 29 de septiembre de 1992, p. 1-2.

5) Véase: Carlos A. Romero., «Dealing con Cualquiera». El Diario de Caracas (Caracas), edición del 20 de septiembre de 1992, p. 27.

6) El Diario de Caracas, edición del 19 de marzo de 1993, p. 25.

7) El Diario de Caracas, edición del 3 de septiembre de 1994, p. 26.

8) Cámara Venezolana-Americana, VenAmCham., Conferencia dictada por el Subsecretario Adjunto para Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado del Gobierno de los EE.UU., el día 2 de diciembre de 1993. Caracas, VenAmCham, 1993. La carta del Presidente Clinton al Presidente Velázquez fue reproducida parcialmente en El Diario de Caracas, en su edición del día 2 de diciembre de 1993, p. 51.

9) Cámara Venezolana-Americana, VenAmCham., Conferencia dictada por el Presidente Electo de Venezuela, Rafael Caldera, el día 15 de diciembre de 1993. Caracas, VenAmCham, 1993.

10) La declaración de Luigi Enaudi se dio en ocasión de una conferencia dictada en VenAmCham saliendo publicadas en El Globo (Caracas), edición del día 23 de enero de 1994, p. 7. Las de Michael Skol salieron en El Diario de Caracas, edición del día 4 de enero de 1994, p. 25.

11) En: El Nacional (Caracas), edición del día 25 de febrero de 1996, p. A-2.

12) Declaración de La Casa Blanca reproducida en El Nacional, edición del día 17 de marzo de 1996, p. E-8.

13) En: El Nacional, edición del 01 de junio de 1996, p. D-3.

14) En: El Nacional, edición del día 12 de julio de 1996, p. A-2.

15) En: El Nacional, edición del día 6 de septiembre de 1996, p. A-2

16) Reproducida en El Nacional, edición del día 11 de diciembre de 1996, p. A-2.

17) En: El Nacional, edición del día 22 de marzo de 1997, p. A-2.

18) La declaración se reproduce en El Nacional, en su edición del día 21 de marzo de 1997, p. A-3.

19) Declaración reproducida en El Nacional, en su edición del día 8 de marzo de 1997, p. A-2.

20) Declaraciones reproducidas en El Diario de Caracas, en su edición del día 10 de agosto de 1993, p. 26.

21) M. de R.R.E.E. de Venezuela., «Declaración Oficial del día 6 de abril de 1994». Caracas, M. de R.R.E.E. de Venezuela, 1994. Venezuela firmó junto con el Gobierno norteamericano, en septiembre de 1994, un Memorándum de Entendimiento a fin de establecer un programa de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. En: M. de R.R.E.E. de Venezuela., Libro Amarillo 1994. Caracas, M. de R.R.E.E. de Venezuela, 1995, pp. 181-182.

22) La gira del Secretario de Defensa de los EE.UU. se reporta en El Nacional, en sus ediciones de los días 13, 14, y 16 de marzo de 1996, páginas A-3, A-2 y D-1 respectivamente.

23) En: Mauricio Bravo., «El Narcotráfico en Venezuela». Monografía. Caracas, 1997. La cita del informe del Departamento de Estado al Congreso norteamericano salió de su publicación parcial del informe en la columna del periodista José Vicente Rangel en El Universal, en su edición del día 9 de marzo de 1997, p. 54.

24) Información aparecida en El Globo, en su edición del día 1 de julio de 1993, p. 6.

25) En: Economía Hoy (Caracas), edición del día 2 de julio de 1993, p. 16 ; El Diario de Caracas, 9 de julio de 1993, p. 16.

26) El Universal, edición del día 4 de septiembre de 1993, p. 16.

27) El informe del Departamento de Comercio se reproduce en El Nacional en su edición del día 8 de abril de 1994, p. A-2 . Las declaraciones del Ministro Poletto las reproduce El Diario de Caracas, el día 24 de abril de 1994, p. 17. Véase también El Nacional, en su edición del día 22 de abril de 1994, p. A-2.

28) Las declaraciones del Embajador Davidow se encuentran en El Diario de

Caracas, en su edición del día 19 de abril de 1994, p. 23; las declaraciones del Presidente Clinton las reproduce El Universal en su edición del día 13 de agosto de 1994, p. 2-4.

29) Declaraciones del entonces Ministro de Hacienda de Venezuela, Julio Sosa Rodríguez reproducidas en El Universal, en su edición del día 4 de mayo de 1994, p. 2-1.

30) Véase: El Diario de Caracas, 24 de noviembre de 1994, p. 25; El Diario de Caracas, 15 de septiembre de 1994, p. 18; El Diario de Caracas, 22 de octubre de 1994, p. 18.

31) En: Economía Hoy, edición del día 6 de mayo de 1995, p. 23 y edición del día 19 de mayo de 1995, p. 23.

32) En: Economía Hoy, edición del día 12 de octubre de 1995, p. 22.

33) En: El Diario de Caracas, edición del día 26 de abril de 1994, p. 15.

34) En: El Diario de Caracas, edición del día 7 de septiembre de 1994, p .3; edición del 15 de septiembre de 1994, p. 3; edición del día 16 de septiembre de 1994, p. 3; edición del día 20 de septiembre de 1994, p. 16; edición del día 21 de octubre de 1994, p. 29; edición del día 7 de diciembre de 1994, p. 14. La cita es del Ministro de Fomento Alberto Poletto, al intervenir en una en rueda de prensa del día 6 de septiembre de 1994. Texto reproducido en El Diario de Caracas, en su edición del día 7 de septiembre de 1994, p. 3.

35) En: El Nacional, edición del día 1 de abril de 1996, p. D-4.

36) En: El Nacional, edición del día 30 de abril de 1996, p. E-5.

37) En: El Nacional, edición del día 24 de mayo de 1996, p. E-1.

38) En: El Nacional, ediciones de los días 7 de julio, 7 de agosto, 8 de agosto, 9 de agosto y 25 de septiembre de 1996, páginas E-6, A-1, E-1, E-2 y E-3 respectivamente.

39) En: El Nacional, ediciones de los días 1 noviembre, 5 de noviembre y 30 de diciembre de 1996, páginas E-12, A-4 y E-8 respectivamente .

40) En: El Nacional, 15 de enero de 1997, página D-17.

41) Véase: El Nacional, ediciones de los días 29 y 30 de abril de 1997, página E-1.

5. Referencias

5.1 Libros y Monografías.

1) Gene Begler., La Política y el Capitalismo de Estado en Venezuela. Madrid, Editorial Tecnos, 1981.

2) Robert Bond (Editor)., Contemporary Venezuela and its Role in International Affairs. New York, New York University Press, 1977.

3) Mauricio Bravo., El Narcotráfico en Venezuela. Monografía Caracas, s/e. 1996.

4) Cámara Venezolana-Americana de Comercio e Industria, VenAmCham., Versiones Taquigráficas Varias. Caracas, VenAmCham, 1992-1995.

5) Elsa Cardozo de Da Silva.,

6) Jorge I, Domínguez (Editor)., Economic Issues ad Political Conflict: U.S-Latin American Relations. London, Butterworth Sciewntific,1982.

7) Judith Ewell., Venezuela and the United States. From Monroe’s Hemisphere to Petroleum’s Empire. Athens, The University of Georgia Press, 1996.

8) Luis E. Lander., Apertura Petrolera en Venezuela. Monografía. Caracas, s/e, 1997.

9) Jennifer Mc Coy, Andrés Serbin, Wiliam C. Smith and Andrés Stambouli., Venezuelan Democracy Under Stress. New Brunswick, Transaction Publishers,1994.

10) Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela., Libro Amarillo. Caracas, M. de

R.R.E.E., años 1993, 1994,1995 y 1996.

11) Organización de Estados Americanos, OEA., Documentos de la XXXIV Asamblea. Washington, OEA, 1996

12) Carlos A. Romero (Coordinador)., Reforma y Política Exterior. Caracas, Nueva Sociedad-Invesp, 1992.

13) Alfredo Toro Hardy., El Desafío Venezolano. Como Influir las Decisiones Políticas Estadounidenses. Caracas, Instituto de Altos Estudios de América Latina, Universidad Simón bolívar, 1988.

14) Franklin Tugwell., La Política del Petróleo en Venezuela. Caracas, Monte Ávila Editores, 1975.

5.2 Artículos:

1) Carlos Guerón., «La Doctrina Betancourt y el Papel de la Teoría en Política Exterior». POLITEIA 1. Caracas, IEP – U.C.V, 1972, pp. 231-243.

2) Janet Kelly., «Venezuelan Foreign Economic Policy and the United States». En: Jorge Domínguez (Editor)., Economic Issues and Political Conflict: U.S-Latin American Relations. London, Butterworth Scientific, 1982, pp. 107-141.

3) John Martz., «Venezuela’s Foreign Policy Toward Latin America». En: Robert Bond., Contemporary Venezuela and Its Role in International Affairs. New York. New York University Press. 1977.

4) David J. Myers., «Perceptions of a Stressed Democracy: Inevitable Decay or Foundation for Rebirth?». En: Jennifer Mc Coy, Andrés Serbin, William C. Smith and Andrés Stambouli., Venezuelan Democracy Under Stress. New Brunswick, Transaction Publishers, 1994, pp. 107-138.

5) Laura Rojas., «Aspectos Económicos de la Política Exterior de Venezuela». En: Carlos A. Romero., Reforma y Política Exterior. Caracas, Nueva Sociedad-Invesp, 1992, pp. 145-172.

6) Aníbal Romero., «La Situación Estratégica de Venezuela». Política Internacional. Vol Y. Nº1, pp. 6-14.

7) Carlos A. Romero., «Las Relaciones entre Venezuela y Estados Unidos: Realidad Histórica u Opción Política?. Política Internacional. Vol.I, nº2, Abril-Junio 1986, pp. 11-14.

8) Elba Rossini Martín y Jaime Luis Socas., «La Orimulsión: Un complemento para la Industria Petrolera venezolana». Política internacional. Año x, nº 42, Abril-Junio 1996, pp. 22-28.11)

9) William C. Smith y Jennifer Mc Coy., «Venezuelan Democracy Under Stress». En: Jennifer Mc Coy, Andrés Serbin, William C. Smith and Andrés Stambouli., Venezuelan Democracy Under Stress. New Brunswick, Transation Publishers, 1994, pp. 1-12.

5.3 Periódicos Consultados:

1) Economía Hoy. Caracas, Venezuela

2) El Globo. Caracas, Venezuela

3) El Nacional. Caracas, Venezuela

4) El Universal. Caracas, Venezuela