La privatización del sector aluminio

Aunque no existe una información precisa al respecto, se menciona la cifra de 40-50 millardos de dólares como el monto total de las inversiones que el Estado venezolano ha invertido en las empresas de Guayana. La intención fue utilizar los recursos provenientes del petróleo para independizarnos de él. Buena parte de los ingresos petroleros se canalizaron hacia allí. Pero eso no fue suficiente. A partir de 1974 nuestro país se embarcó en un gigantesco endeudamiento externo para complementar los ingresos petroleros, ya que éstos no eran ‘suficientes’ y se hacía necesario acelerar la ejecución de los proyectos existentes. Fue así como, por ejemplo, el Plan IV de Sidor, concebido para realizarse en diez años se ejecutó en apenas cuatro años.

Se pretendió independizarnos del petróleo y los resultados fueron exactamente lo contrario. Las empresas de la CVG han vivido en una situación de pérdidas casi permanente. La partidización y los cambios frecuentes en su gerencia; el desarrollo de un marasmo de leyes, decretos, reglamentos y controles gubernamentales; el aumento de la burocracia no directamente vinculada a las líneas de producción sino en aquellas actividades donde el clientelismo político suele actuar a sus anchas, tales como: relaciones públicas, relaciones institucionales, administración, etcétera; todo ello aunado a una gigantesca corrupción en algunos períodos de su desarrollo, han ocasionado que las pérdidas se hayan convertido en algo crónico.

Durante los años de bonanza petrolera las pérdidas fueron cubiertas por los recursos provenientes de las exportaciones de hidrocarburos. Cuando los precios del petróleo cayeron en 1986, y el peso de la deuda se comenzó a hacer insostenible, se empezó a plantear la necesidad de privatizar las empresas del Estado deficitarias. Pero fue a partir de 1989 cuando la idea tomó fuerza y se iniciaron algunas privatizaciones, entre ellas la de la Cantv, que fue la de mayor entidad y la que, a nuestro juicio, ha sido la más exitosa financieramente para el país y cuya mejora del servicio ha sido innegable.

Lamentablemente los hechos militares de 1992 paralizaron el proceso y durante la campaña electoral de 1993 se satanizó tanto la iniciativa privatizadora que el candidato triunfador, el hoy presidente de la República, doctor Rafael Caldera, acuñó el eslogan de campaña de que ‘había que detener la hemorragia de privatizaciones’. Fue tanta la influencia de esta frase que en los tres años y medio transcurridos bajo esta administración no se ha privatizado ninguna empresa importante.

Mientras tanto las empresas siguen perdiendo cifras astronómicas de dinero. En la información reciente proveniente de la CVG se reconoce que las empresas dependientes de ella perdieron, en 1995, la fabulosa cantidad de 245 millardos de bolívares (245 mil millones, como se decía hasta hace poco tiempo). Esta pérdida es debida, en parte, al ajuste cambiario efectuado por el Gobierno nacional en diciembre de ese año, reflejando las contradicciones que existen entre el Gobierno con sus intereses inmediatistas y una seria política de Estado que salvaguarde sus empresas básicas. Esta cifra se le ha mermado a los recursos que han debido ser canalizados hacia la educación, la salud, la seguridad y los servicios públicos de diversa naturaleza. Después de muchas marchas y contramarchas, el Gobierno anunció un cronograma de privatizaciones que ha debido iniciarse a comienzos de 1996. Los cambios en el cronograma han sido frecuentes y, hasta ahora, no se ha privatizado ninguna de las empresas básicas. Se informó que el proceso se iniciaría durante el primer trimestre de este año, luego durante el primer semestre y ahora se dice que será durante el último trimestre de 1997. Ojalá y así sea.

No hay duda de que, junto al redimensionamiento y reestructuración del Estado, la privatización de las empresas básicas es el paso más importante en materia de los cambios estructurales que requiere la economía venezolana.

La privatización es necesaria para evitar las cuantiosas pérdidas en las cuales incurran las empresas del Estado, para modernizar las plantas con la incorporación de innovaciones tecnológicas como resultado de nuevas inversiones, para mejorar su eficiencia y apuntalar el desarrollo a través del suministro seguro y confiable a la industria transformadora nacional.

Uno de los sectores más importantes a ser privatizados es el del aluminio. Está integrado por Venalum, Alcasa, Bauxiven y Carbonorca. El Estado venezolano ha invertido en este sector más de 6.000 millones de dólares. Con el proceso privatizador es poco probable que se obtengan 2.000 millones de dólares. El Fondo de Inversiones de Venezuela ha decidido privatizar el sector de aluminio en bloque. Parece que las ventajas de hacerlo así son mayores que individualmente, habida cuenta de la situación técnico-económica de Alcasa, lo cual dificultaría su privatización individualmente. Sin embargo, es fundamental que el proceso se adelante con transparencia, que la constitución del monopolio que resulte de la venta en bloque no vaya en detrimento del proceso de industrialización del país y que se puedan preservar los puestos de trabajo en las plantas a ser privatizadas, particularmente de los trabajadores que efectivamente están haciendo un aporte importante en el proceso productivo y no de aquellos que han llegado allí como resultado del clientelismo político.

Otro tanto debe ocurrir con los más de 16 mil trabajadores que laboran en más de 150 empresas grandes, medianas y pequeñas, que además de proveer empleo directo lo hacen con 50.000 personas que indirectamente se benefician de la actividad industrial en el país.

Venezuela atraviesa por una de las mayores crisis económicas de su historia moderna. La familia venezolana se ha empobrecido por el aumento constante en el costo de la vida y el desempleo. La atención de ambos aspectos debe ser prioridad para el Gobierno. La privatización de las empresas del Estado puede ser una importante contribución para disminuir el deficit fiscal, cuyo financiamiento a través de aumentos de los combustibles, más impuestos y, particularmente, de la devaluación de la moneda son los responsables de la inflación. Por otra parte la privatización debe adelantarse dentro de un esquema que le preserve el empleo a la gente, y más aún, logre brindar nuevas oportunidades de trabajo para los miles de venezolanos que anualmente se incorporan al mercado laboral.

Por lo anteriormente expuesto es fundamental garantizar la sobrevivencia y desarrollo del sector transformador industrial. Ello dependerá del suministro seguro y confiable de la materia prima. Sin esto no es posible que se puedan mantener operando. No tiene ningún sentido, y además no es eficiente desde el punto de vista económico que las empresas transformadoras se les obligue a importar materia prima. Sería un contrasentido que siendo Venezuela un importante productor de aluminio primario, la industria nacional se vea en la necesidad de importarlo. Si no se toman las previsiones el riesgo de que esto ocurra es real. Las empresas que participarán en el proceso de licitación son los grandes productores mundiales que por razones de mercado puedan verse en la necesidad de exportar buena parte de la producción en detrimento de la industria nacional.

Varias fórmulas se han sugerido para garantizar el suministro, entre otras la incorporación de cláusulas en el contrato base a ser aprobado por el Congreso Nacional. Sin embargo, la manera más eficaz sería mediante la participación accionaria de la industria transformadora. Esta participación puede ser proporcional a la real capacidad de transformación de dicho sector nacional. Actualmente dichas empresas procesan alrededor de 180 mil toneladas/año, lo cual constituye alrededor del 30% de la capacidad de producción nacional que es de 620.000 toneladas/año. Podría aplicarse el concepto denominado ‘equity metal’, que es una participación accionaria equivalente al requerimiento del metal. Este concepto se ha aplicado en otras partes del mundo y sería una vía para que los capitales nacionales, que son en definitiva los que conocen el país y están enraizados aquí, participen como socios. En buena parte de los procesos privatizadores en América Latina se ha estimulado la participación de los capitales nacionales. Eso ha ocurrido de manera notable en México, Brasil y Argentina. No hay razones de peso para que eso no ocurra en nuestro país.

La mejor manera de propiciar la participación del sector transformador nacional es ofrecerle la opción de adquirir el 30% de las acciones del complejo de aluminio al mismo precio y condiciones de quien resulte ganador. Eso mismo sería válido para los trabajadores del sector, a quienes debería dársele la opción de adquirir también en las mismas condiciones, no menos del 10%. Quedaría el 51% para ser ofrecido en el proceso de licitación y 9% que debería mantener el Fondo de Inversiones para ser colocadas en la Bolsa de Valores una vez transcurrido cierto tiempo y que las plantas hayan mejorado sustancialmente en su eficiencia.

Todavía estamos a tiempo de adelantar el proceso de privatización dentro de un esquema que sea francamente conveniente al interés nacional. Ojalá y así sea.

El Universal Caracas, jueves 12 de junio, 1997