Visión “Garantista” vs. “Eficientista”
Sin embargo, esta «iniciativa» no es nueva por parte de la actual gestión de Gobierno que contabiliza 14 años en el poder. En junio de 2010 se habría creado la Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, con lo que el anuncio del nuevo ministerio parece constituir una confesión sobre la ineficiencia y el mal funcionamiento del Gobierno, el Ejecutivo y sus políticas públicas.
Más allá, el nuevo ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno carece de credibilidad alguna. El Gobierno y la gestión pública de Hugo Chávez presentan errores de concepción y prejuicios ideológicos que limitan el espacio o el campo de soluciones y alternativas de las políticas públicas, con lo que el seguimiento en nada repercutirá en el resultado, por ser erróneas muchas políticas públicas, desde su propia concepción. Todo lo anterior resulta lapidario, sin tener que entrar en el tema sobre el perfil profesional del funcionario encargado de dicho ministerio, que lejos de poseer formación académica y práctica en materias de políticas públicas, proviene del estamento militar.
La gestión de Hugo Chávez en materia de gestión pública, a través de sus planes y programas de Gobierno, así como de hecho, por medio de sus actuaciones y la instrumentación de sus políticas públicas, ha dejado claro la visión «garantista» de la misma.
Haciendo uso de la terminología acuñada por los académicos de la Universidad Pompeu Fabra, López Casasnovas, Puig-Junoy, Ganuza y Planas Miret (ver Los nuevos instrumentos de la gestión pública, 2003), existen fundamentalmente dos visiones que condicionarían, moldearían y determinarían el signo del diseño de las políticas públicas, a saber: la «garantista y por otro lado, la «eficientista».
La visión o el modelo «garantista», suele diseñarse políticas de corto plazo, las cuales ponderan única y exclusivamente objetivos de equidad o de máxima difusión y penetración posible de servicios públicos o transferencias financiadas por impuestos distorsionante de corto plazo. Por el contrario, la visión «eficientista» pondera no sólo los efectos distorsionantes negativos de corto plazo de impuestos y políticas impositivas -especialmente las expoliadoras- sino que pondera igualmente la eficiencia dinámica e incentivos positivos en favor de la expansión de la base imponible, así como la escasez de recursos y la necesidad de su uso maximizador de beneficio (lo que podría resumirse en un Estado Benevolente que pondere la eficiencia dinámica, para utilizar conceptos propios de la teoría económica de la regulación económica, la economía industrial y las políticas públicas).
La transformación de bienes privados de consumo privado en bienes públicos -caso viviendas adjudicadas de la Gran Misión Vivienda Venezuela-; la falta de corresponsabilidad de los costos por consumo -incluso en los casos de bienes privados de consumo privado provistos por el Estado-; la vulneración de los derechos de propiedad, destruyendo incentivos a la oferta privada de bienes y servicios; y la expoliación como último recurso redistributivo de corto plazo; imposibilita un diseño eficiente y una administración y ejecución eficiente de los planes y las políticas públicas -recordemos que los recursos son escasos, los impuestos son distorsionantes, que no debe ni tiene por qué lesionarse la eficiencia dinámica y que la economía no es un juego suma cero-.
Entre las muestras de incompetencia y falla de Gobierno, el propio presidente de la República reconoce que en ocasiones se ha autorizado los recursos para determinada obra y luego se consigue con que el proyecto nunca fue realizado, concretado o culminado a tiempo.
Adicionalmente, los presupuestos paralelos, perfeccionados por la gestión Chávez, han constituido una forma de vulnerar la contraloría pública y social de los recursos públicos y de los proyectos del Gobierno tanto por instancias ejecutivas como legislativas.
Por otra parte, hechos como la postergación para abril de 2013 en el alza de las tarifas de los estacionamientos estipuladas para finales del mes de octubre de 2012; dan cuenta del entrampamiento político-electorero del Ejecutivo Nacional en detrimento de la eficiencia y de los ajustes necesarios, cuya ausencia han condenado a la sociedad a enormes distorsiones, entre otras, la desaparición de la oferta de ciertos bienes y servicios -el problema con este tipo de servicios es que constituyen un “bien” no transable, por lo que poco o nada podrá hacer el Ejecutivo Nacional vía importaciones y fomento de la actividad económica foránea-.
Finalmente, a manera de reflexión, como aportara la escuela de Chicago –probablemente la herencia más robusta de esta escuela del pensamiento económico al área de las políticas públicas y regulatorias- más allá de la existencia de justificación para la intervención pública en la economía -precepto nunca satisfecho o probado por la actual gestión de Gobierno- podría resultar más importante el cómo, a cuándo. El cómo se interviene, por medio de qué tipo de instrumentos de políticas públicas y de esquemas de incentivos, podría resultar crucial, especialmente para evitar fallas de Gobierno, corruptelas, incompetencia, desatino en la actuación pública. El manifiesto desconocimiento técnico, académico y profesional en materia económica de políticas públicas, así como los prejuicios ideológicos de la actual gestión de Gobierno, hacen pensar, desde hace 14 años, que estamos viviendo una crónica de una muerte anunciada.
Economista. Master in Competition and Market Regulation. Master in Industrial Organization and Markets. Especialización en Economía de los Sectores Telecomunicaciones, Energía, Transporte, Farmacéutico, Agua y Banca. Programa Avanzado en Política de Competencia. Profesor universitario de Regulación Económica y Regulación de Competencia.
