¿Venezuela socialista? Un discurso ambiguo que da paso a la dolarización y al sector privado

Una liberación del control de cambio que ha llevado a Venezuela a la dolarización de facto o la nacionalización de empresas que ha terminado en negociaciones con privados son algunas de las medidas adoptadas por Nicolás Maduro para aligerar la presión sobre su régimen y continuar en el poder, al margen del ideario socialista.

Maduro viene dando, desde 2018, un viraje paulatino al sistema económico regido, desde hace más de 20 años, por un discurso apegado al socialismo, pero que hoy parece mostrar indicios de alinearse con métodos más liberales.

Su mentor y antecesor, Hugo Chávez, defendió durante todo su mandato (1999-2013) un modelo económico puramente socialista y, con ello, impuso un control de cambio en 2003 e inició una ola de expropiaciones de grandes empresas, tierras, hoteles e impuso controles a comercios, empresarios y el mercado financiero.

Apareció entonces el mercado paralelo, la compra y venta de divisas de forma irregular y «una distorsión de la economía» que terminó por poner trabas para el sector automotriz, agropecuario o industrial con la escasez de materia prima, alimentos, fármacos y que alcanzó su punto más álgido con la llegada de Maduro al poder.

Se instaló en la Presidencia en 2013 y su discurso para entonces era el mismo de su mentor. Situó, en el inicio de su régimen, al dólar y a los empresarios como sus más grandes enemigos y los culpaba de la severa crisis económica, mientras comenzaban las sanciones de EE.UU. a funcionarios.

Cinco años más tarde, Maduro reconoció abiertamente que su «revolución» había cometido errores, aunque sin precisar cuáles, y puso en marcha el «plan de recuperación económica» con el que anunció una flexibilización del control de cambio que hoy parece haberse diluido.

Con ese esquema, insistió en el control del mercado a través de la imposición de precios a productos, un aumento exponencial del salario y el anuncio del incremento del precio de la gasolina que se concretó en 2020, ante la necesidad de importarla por la caída de la producción de crudo afectada por las sanciones a la estatal petrolera Pdvsa.

La mayoría de estas medidas se fueron diluyendo, porque solo podían funcionar en un sistema «con inmensos recursos» que Venezuela ya no tenía para 2018, tras la caída de los ingresos por la baja producción y exportación de petróleo y la hiperinflación, que marcó el inicio de un viraje al modelo económico actual.

El dólar triunfa

Para el analista financiero y director de la firma Econométrica, Henkel García, el régimen mantiene un discurso ambiguo; mientras se dice socialista y antiimperialista, se abre a la dolarización y al sector privado que en el pasado fulminó.

Y la explicación a esto, sostiene García, es que el «Gobierno se vio forzado a tomar estas medidas como vía de sobrevivencia o supervivencia política» y no porque estén «plenamente convencidos» de que este sea el camino.

Maduro se expresa públicamente con recelo del dólar. Se niega a aceptar la divisa como una moneda oficial de circulación nacional, pero según diversas firmas, las transacciones en divisas superan el 50 %.

«Un Gobierno socialista termina permitiendo la dolarización espontánea, no es poca cosa, o sea hay un cambio, hay un pragmatismo extremo y eso es porque quiere sobrevivir políticamente», insistió.

En ese sentido, García cree que la dolarización formal va a terminar ocurriendo con este u otro régimen porque ha sido una realidad «impuesta» por la gente como una vía para sortear la hiperinflación, pero para ello, primero deben cesar las sanciones que pesan sobre el Banco Central de Venezuela (BCV).

Los empresarios, de enemigos a aliados

En lo que sí se muestra totalmente abierto Maduro es en extender su mano a los empresarios. Después de responsabilizarlos durante años por la profunda crisis, el mandatario ahora hace constantes llamados a inversionistas para crear alianzas.

Por ello, creó la «Ley Antibloqueo», una norma con la que busca burlar las sanciones de EE.UU. y que le impiden transacciones con inversionistas o empresas aliadas a Washington.

Sin ofrecer detalles, asegura que Venezuela ha recibido más de doscientas propuestas de inversión tras la puesta en marcha de esta ley, y aunque desde la Administración hay mucha opacidad sobre los convenios con empresarios, el propio Maduro ha dicho que se trata de sus aliados chinos, rusos o iraníes.

Además, en las grandes ciudades crece la instalación de pequeños comercios con productos importados que casi siempre se pagan en dólares. Esa situación da una impresión de dinamismo de la economía, pero no es suficiente para lograr estabilidad, según García, que destaca que las industrias no trabajan a su capacidad máxima.

«Sabemos de grupos que uno pudiese decir que están cercanos al poder, que están agresivos comprando activos», indicó García, quien insistió en que las negociaciones son «oscuras» porque no hay información oficial.

El régimen vende su acercamiento al sector privado como una «alianza comercial» y entre los casos más conocidos, se encuentra el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Turismo con el expelotero, Álex Cabrera, para impulsar el sector en el estado Mérida (oeste).

Según indicó el pasado 8 de enero el ministro del sector, Alí Padrón, su cartera estableció una «alianza comercial» con el pelotero sobre el Hotel Venetur en el estado, perteneciente a la cadena turística estatal con el mismo nombre en varias regiones del país.

Existe también una denuncia por parte del exdiputado opositor Guillermo Palacios por la entrega de una concesión a un grupo iraní de la empresa Lácteos Los Andes, expropiada por Chávez en 2008, pero el régimen de Maduro no se pronunció al respecto.

Y esta semana, Iván Freites, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos de la principal refinería de Pdvsa, ubicada en Falcón (noroeste), dijo que está en proceso la entrega de la planta a un «empresario nuevo».

Pero el régimen guarda silencio y, en opinión de García, puede ser «contraproducente» porque no hay claridad de hacia dónde van los recursos de los activos entregados.

«Venezuela está en un proceso de cambio, pero es un proceso que ha sido muy lento (…) esto te ayuda (al Gobierno) a estabilizarte, pero sin duda alguna no te lo garantiza», apuntó.