Venezuela endeudada
Previendo y analizando el curso que tomaba la política económica aplicada por la administración del Presidente Chávez, en 2006 publiqué mi libro Venezuela Endeudada, en el cual revisé los aspectos fundamentales del proceso y evolución de la deuda pública nacional desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP) hasta 2005. Como denominador común sobresalía el hecho de que tanto CAP como Chávez llevaron los niveles de la deuda nacional hasta cotas relativamente elevadas a pesar de que en ambos gobiernos los precios petroleros aumentaron considerablemente. Siempre quienes han favorecido que Venezuela se endeude han repetido el siguiente estribillo contentivo de varias estrofas, relativas a la capacidad de pagos de Venezuela, el bajo nivel de la deuda y que ese endeudamiento es para financiar proyectos de desarrollo, argumento éste que nunca falta en los papeles donde los proyectistas de la deuda vuelcan su imaginación para engañar a incautos.
Del endeudamiento masivo que tuvo Venezuela entre 1974 y 1978 no quedó sino un conjunto de empresas sin valor económico que luego tuvieron que ser rematadas a precio de saldo, tanto por su desactualización tecnológica como por su pésima administración, situación que las hacía financieramente inviables. Los famosos proyectos de desarrollo quedaron en tinta y papel pero el país se quedó con cuentas por pagar con bancos extranjeros que comenzaron a comprometer la capacidad de pagos y sobretodo que restaron recursos para la inversión social. Fue ese un proceso desordenado y alocado de endeudamiento, tanto que hasta las empresas del aseo urbano solicitaban créditos al exterior para enjugar sus déficits. Todavía las consecuencias de esas deudas las estamos pagando. Nombró el Presidente Herrera una comisión especial para que determinara el monto exacto de la deuda contraída por CAP porque era tal el desorden que ni eso se conocía. Pero la gestión de Herrara tampoco fue muy distinta y la deuda siguió su curso alcista.
Llega Hugo Chávez a la presidencia y encuentra a Venezuela con una deuda manejable porque el Presidente Caldera en 1997 y 1998, inexplicablemente en medio de una caída dramática de los precios petroleros, se dedicó a pagar la deuda, inclusive se hicieron importantes amortizaciones netas, de forma tal que el saldo de lo adeudado disminuyó considerablemente. Austero en los dos primeros años, a partir de 2001 el endeudamiento durante la gestión de Hugo Chávez adquiere un perfil preocupante, porque, al igual que cuando CAP ese endeudamiento ocurre en el contexto del auge más intenso y prolongado de los precios del petróleo. Cuando se examina la relación entre el incremento de la deuda y la inversión realizada, el resultado es negativo. Es decir, la deuda se ha usado para cualquier cosa menos para fortalecer la formación de capital, que es y será el gran argumento para contratar deuda pública. La deuda pública suele pagarla, no el gobierno que está en funciones sino el que viene, por esa razón es que quienes gobiernan tienen tantos incentivos para endeudarse, porque la cuenta la pagará otro.
Lo más peligros de todo esta dinámica de la deuda es que hay visos claros de ilegalidad en su contratación. Así, por ejemplo, el préstamo por US$ 20.000 millones contratado con China viola la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, por cuanto ese endeudamiento no ha sido autorizado por la Asamblea Nacional, tal como se establece el su artículo 79, que dice: “Los entes regidos por esta Ley no podrán celebrar ninguna operación de crédito público sin la autorización de la Asamblea Nacional, otorgada mediante ley especial”. Más claro imposible. El gobierno através de PDVSA ha contraído un crédito cuyas condiciones financieras no se conocen con exactitud.
De esta manera, la vorágine de la deuda está tocando un punto que debe llamar a la reflexión a los venezolanos. De un nivel de deuda pública total, externa e interna, de US$ 30.484 millones, hemos pasado a aproximadamente US$ 100.000 millones, sin considerar la deuda de PDVSA y del gobierno por concepto de empresas expropiadas y no canceladas y además sin contabilizar totalmente la deuda con China, tal como se evidencia en el gráfica adjunto. Medido con cualquier rasero, estamos ante una tendencia muy alarmante.
