Venezuela: Balance de las posiciones frente al ALCA

El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) para 2005 es apreciada o enfocada con distintos matices. Algunos la perciben como imprescindible e inevitable. Otros como imposible. En algunas ocasiones se le enfoca a medias, dadas las dificultades que en aspectos como el entrabamiento de las negociaciones se ha presentado. También, desde el punto de vista técnico, se ha pensado en un ALCA restringido en la medida en que las sensibilidades que los variados países presentan ante las propuestas de liberalización comercial, puedan llevar a tiempos de desgravación más largos según sectores de países. A inicios de 2005, son varios los episodios que atañen a ALCA: entre ellos puede mencionarse la intención de algunos países de reanimar el proyecto o el caso de los avances que grupos regionales o naciones en particular están teniendo en sus iniciativas comerciales con EE.UU. En cualquier caso, pareciera que el proyecto ALCA sigue y seguirá presente en el contexto de Latinoamérica, sin significar esto desconocer las trabas o dificultades que haya venido presentando.

Venezuela, tiene varios perfiles de integración económica y ha participado en diversas iniciativas de este tipo de unión, pudiéndosele ubicar una política exterior signada por su carácter integracionista en varios modelos del contexto internacional (bilateral, subregional, regional u organismos multilaterales). En una primera fase se dieron en un marco de aplicación de políticas de carácter proteccionistas o de crecimiento hacia adentro y, en una segunda fase, con políticas de corte aperturista o de crecimiento hacia fuera.

En 1967, Venezuela ingresa a la Asociación Latinoamérica de Libre Comercio (ALALC), transformada en la ALADI en 1980. Por otra parte, en 1969, se constituye en uno de los países impulsores del Pacto Andino y pasa a formar parte de este para el año 1973. A través del mismo, se propusieron los países andinos establecer una zona de libre comercio (esquema revitalizado en 1996, y transformado hoy en la Comunidad Andina de Naciones/CAN).

El año de 1989 inicia una nueva etapa en lo atinente a los procesos de integración económica y en cuanto a la aplicación de una nueva política económica y, dentro de ésta, un cambio en la instrumentación de política comercial, orientados todos al modelo de desarrollo de crecimiento hacia afuera y de apertura a los mercados externos (Ortiz, La política comercial de Venezuela, BCV 1992). Así, para esta fecha junto a Colombia y México se da impulso a la conformación del G-3, y otras iniciativas de integración e inserción a espacios regionales como la Asociación de Estados del Caribe (AEC) que, en la década de los noventa, conforma conjuntamente con los Estados de esa zona, y otras participaciones en espacios multilaterales como su ingreso al Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT, luego OMC). Las referencias previas en su mayoría presentaban un denominador común y es que se venían dando entre socios iguales o relativamente similares, y bajo espacios bilaterales, regionales o subregionales y en ámbitos de aplicación de políticas de crecimiento hacia adentro. Con el ALCA Venezuela se enfrenta a una iniciativa de integración con características muy distintas a las anteriores. Se trata ahora de la inserción en un marco donde se ha buscado impulsar las ideas de libre mercado, y de integración no sólo entre iguales, sino también entre desiguales o entre grandes y pequeños, lo cual supone considerar el potencial económico de las naciones e involucrarse con la internacionalización, trayendo implícito las consideraciones de direccionalidad de las políticas internas referidas al comercio.

De inmediato se presenta el tratamiento institucional que ha venido prestando el país al tema de la integración como un componente de política comercial y a su vez como mecanismo de inserción y posicionamiento frente al contexto internacional, ubicando la misma en los años noventa y en los transcurridos durante el período presidencial de Hugo Rafael Chávez (1999-2005), para abordar elementos que permitan diferenciar las posiciones frente al ALCA y la participación de los agentes privados, en el contexto de lo que han hecho las administraciones nacionales para adaptarse a procesos de cambio como lo exige la apertura y la integración. Se requiere evaluar, en lo interno, la dimensión de la integración en términos relacionados con la manera en que se han modificado las estructuras internas del país para determinar su fortaleza frente a la posición que se adopte ante determinado contexto. Debe considerarse, además, la necesidad de definir una política de Estado con una agenda y compromisos de largo plazo, pasando de lo amplio a lo específico, de la teoría a la práctica, de la economía tradicional a la economía estratégica, articular lo público y lo privado, incentivar aún más la participación de los empresarios y académicos en este proceso y asumir que la competitividad no depende exclusivamente del sector empresarial. En este sentido, la construcción de la agenda nacional implica compartir responsabilidades propias y conjuntas para los actores públicos y privados, construir la cultura de la integración en lo interno y aprender de las lecciones dejadas por otros esquemas de integración ya en funcionamiento.

EVOLUCION DEL TRATAMIENTO INSTITUCIONAL

La competitividad en los mercados mundiales no solo se fundamenta en los equilibrios macroeconómicos. Aún cuando esta es una condición de gran peso para integrarse a los mercados, se requiere de otros instrumentos que lo acompañen como lo es el tratamiento institucional que presten los países, por lo que se debe dar atención a los componentes de políticas de comercio, bien sea de promoción de exportaciones, políticas sectoriales para la industria, la agricultura, los servicios, entre otras, y determinar sus grados de relacionamiento y asociación con las orientaciones que se escojan para adaptarse al contexto internacional.

Una apertura comercial competitiva implica eliminar o disminuir el sesgo antiexportador y transformar los aparatos productivos de los países de manera de adaptarse a los esquemas o a las condiciones de competitividad. Una de la las herramientas utilizadas para tratar de reducir éste sesgo es el de la Política de Promoción de Exportaciones, que engloba todos aquellos lineamientos, estrategias, recursos y acciones diseñadas y ejecutadas por los países y de manera especifica -para el caso de Venezuela- los arreglos institucionales de la administración pública (deben considerarse también las gestiones desde el sector privado), dado que tienen que ver con las orientaciones que se le brindan a las empresas y las formas de apoyo que se implementen para incorporarlas o permitir que se sumen al proceso exportador. A continuación se presenta parte de la evolución del tratamiento institucional en Venezuela.

Los arreglos institucionales se refieren a las reglas formales e informales que rigen u orientan las actividades y transacciones de los individuos dentro de una sociedad (North, 1993; Ortiz, Estrategias de desarrollo y política comercial de Venezuela, UCV Facultad de Economía 2004) y las cuales estarían determinadas en la Constitución, el conjunto de leyes y reglamentos, así como las prácticas sociales y culturales.

Señala (Penfold, Costo Venezuela-opciones de política…, 2002) las opciones de política para mejorar la competitividad y, entre ellas, para Venezuela, resalta las características político-institucionales en varias dimensiones, como la rendición de cuentas y consolidación democrática, el estado de derecho, la corrupción, la inestabilidad política y violencia, la efectividad y calidad del derecho así como los obstáculos regulatorios. Estos últimos se relacionan con las trabas creadas por los marcos legales para desarrollar negocios, de allí el impacto de las políticas públicas sobre el mercado, control de precios, barreras administrativas, tanto en la inversión como en el comercio.

En cuanto al desempeño, Venezuela -según Penfold (2002) y luego de considerar cada una de esas variables-, resulta ser uno de los países con la peor efectividad gubernamental en el ámbito mundial; así mismo, es percibida como la nación con mayores niveles de obstáculos regulatorios, salvo
“A principios de la década de los noventa, momento en el cual el país se disponía a iniciar un proceso de apertura comercial y desregular ciertos sectores de la economía, nos encontramos con que la evaluación de riesgo era de las mejores en América Latina, incluso muy superior a la de algunas de las mejoras observadas a finales de los noventa con la implementación del programa económico “Agenda Venezuela”, que estuvo centrado en la reforma del Estado y la apertura petrolera, nuestro desempeño relativo comienza a ser inferior al del resto del continente” (Penfold; 2002, p. 39).

Bajo el esquema señalado es que toma importancia el desarrollo institucional prestado por Venezuela al tema de la integración, la apertura, y particularmente los organismos o entes que han apoyado la política comercial como componentes de las políticas públicas del Estado venezolano. Emprender iniciativas de asociación comercial con visión de éxito requiere fortalecer las instituciones que atienden el tema y que estén en capacidad de adaptarse a los cambios que se requieren en esos nuevos contextos, para lo cual es evidente el poder disponer de apoyo económico que les permita modificar estructuras y ser eficientes, armonizar las políticas vinculadas al comercio -crear o modificar las reglamentaciones-, de manera que su capacidad de respuesta brinde estímulos, los procedimientos se simplifiquen, se cuente con un recurso humano calificado o con destrezas específicas y se atienda a los sectores demandantes y no se constituyan en obstáculos e impedimentos al comercio. Se trata de contar con instituciones de apoyo y estímulo al sector exportador, en donde la institucionalidad permita la ejecución de decisiones sobre las normas de la valoración aduanera, de mercancías, de transporte, de tránsito aduanero internacional, requisitos de origen y control de ilícitos aduaneros, entre otros temas vinculados al comercio.

En Venezuela, para la década de los setenta, el ente rector de la política de promoción de exportaciones fue el Instituto de Comercio Exterior (ICE) y el Fondo de Financiamiento a las exportaciones (FINEXPO), creados en 1970 y 1973 respectivamente, los cuales contaron con instrumentos legales como los de La Ley de Incentivos a las Exportaciones. A través de los mismos, el Estado otorgaba a los exportadores créditos fiscales o bonos de exportación, cuyos montos se calculaban en proporción a los valores exportados. Por parte de FINEXPO, la concesión de fondos para financiar a las exportaciones no fue un proceso sencillo, por lo que su eficacia fue restringida y pudiendo definirse para estos años una política comercial de efectos reducidos, presentándose un desinterés por exportar al contar las empresas con mercados cautivos gracias a la protección, además de contar con una moneda sobrevaluada y una economía funcionando bajo los beneficios de la renta petrolera (Ortiz, Ajuste, estrategias de desarrollo y política comercial…, UCV mimeografiado. 2002).

A principios de 1983, como consecuencia de la caída de los ingresos petroleros, la fuga de capitales al exterior y la suspensión del crédito externo por parte de la banca privada internacional, se produce en Venezuela una severa crisis en el sector externo que determinó el agotamiento del modelo sustitutivo, el cual había perdido su principal base que fueron las fuentes generadoras de ahorro externo. También influyó el tamaño reducido del mercado interno, excesivas regulaciones administrativas y políticas públicas ineficientes. De allí la necesidad de reorientar la estrategia de desarrollo, basada en una industrialización más eficiente a través de la promoción de exportaciones no tradicionales.

Por tal razón la economía venezolana recibe un cambio o lo que se llamó el Gran Viraje en la orientación del crecimiento y se adopta una estrategia de crecimiento hacia fuera, que imperaría durante la década de los noventa. Así se procuraría la competitividad internacional con la expansión de las exportaciones, especialmente de manufacturas, para lo cual se propiciaría una apertura económica que eliminaría el sesgo anti-exportador y promovería la transformación productiva del país (Ortiz, La política comercial…, BCV 1992).

Así, en 1989, se desarrolló una política comercial de apertura, la cual rompería con la discrecionalidad expresada en instrumentos comerciales como aranceles, licencias, prohibiciones y exoneraciones arancelarias. Los lineamientos básicos de la nueva política comercial comprenderían:

• Regimenes aduaneros eficientes, mediante la aplicación expedita de los instrumentos de la Ley Orgánica de Aduanas: devolución de impuestos, admisión temporal y reposición de existencias.
• Tratamiento fiscal competitivo con otros países a través del reconocimiento de costos ocasionados por la exportación a los fines del impuesto sobre la renta, y de la exoneración total de pago del impuesto al valor agregado que se implementaría.
• Sistema de financiamiento y seguro que cubriría riesgos de exportación y sería competitivo con el de otros países en cuanto al costo y a los servicios. Para ello sería necesaria una reforma institucional tendiendo a la creación de un banco para el comercio exterior.
• Se promocionaría las exportaciones para lo cual se prestaría apoyo institucional al exportador en todas sus etapas (Cordiplan, VIII Plan 1990; Ortiz, 1992).

En este contexto, el país avanzó en acuerdos como el Grupo Andino, ALADI, Grupo de los Tres, ingresó al Gatt, se apoyó a la industria a través de la reconversión industrial, se transformó la política de promoción de exportaciones eliminando el bono de exportación, se logró impulsar el uso de los regimenes aduaneros y se le dio importancia al uso de la información como mecanismo de acceso a mercados. Todo lo cual exigió arreglos institucionales como la reestructuración del Instituto de Comercio Exterior, la creación del Centro de Atención Directa al Exportador (CADEX en 1992) y se promocionó la creación de la Dirección General de Servicios al Exportador la cual culminó con la reinauguración del Centro de Documentación y Consulta (marzo de 1995). Aún cuando se hicieron estos arreglos institucionales, no cumplieron con las expectativas. Por el contrario, se convirtieron en mecanismos inoperantes, atribuyéndosele esto a la falta de apoyo político institucional y poca dotación de recursos a los organismos encargados de cumplir esta misión (Ortiz, 2002).

Para los años bajo la presidencia de Rafael Caldera (1994-1999), se aplica lo que se dio a conocer como la Agenda Venezuela (1996), y en lo relativo a la política comercial se anunciaron modificaciones como la atinente a los regímenes aduaneros especiales con el propósito de hacerlos más operativos y acordes con las realidades del contexto internacional y así fueron estos reactivados y aplicados por rama industrial. Para el caso de la institución responsable de atender las actividades del comercio continúa realizándola el ICE, al cual en este período se le inyectan recursos extraordinarios para acciones de promoción, lo que le permitió ampliar el horizonte de la promoción de las exportaciones, sin embargo este fue limitado por la propuesta de proyecto para la creación del Sistema de Industria y Comercio (SIC), en el cual se proponía la fusión del ICE y el Ministerio de Fomento y la posterior creación del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) (Ortiz, 2002).

Conjuntamente con la creación del MIC, el proyecto SIC contempló la creación del Banco de Comercio Exterior (BANCOEX). Correspondería al MIC la misión de diseñar las políticas y a instituciones como BANCOEX la de ejecutar, para el caso, la de financiar y promocionar las exportaciones -acciones estas antes llevadas a cabo por FINEXPO y el ICE respectivamente-. Así, en el año 1997, tras la supresión del Ministerio de Fomento y del ICE, comenzó la operatividad del MIC, como “un ente moderno, ágil, eficiente y eficaz, modelo a seguir como el primer caso de reforma y modernización del Estado Venezolano, se manejaron para el funcionamiento de este ente conceptos tales como calidad total, competitividad y productividad, elementos estos importantes para desarrollar políticas públicas de promoción, orientación y estímulo a la sociedad organizada en los sectores industrial, comercial o de servicios” (Portal MPC) .

El MIC fue ubicado del lado gubernamental como expresión del proceso de reforma institucional. La lentitud para la conformación de los cuadros gerenciales para la ejecución de políticas, afectó esa visión de eficiencia.

POSICION EN LAS DISTINTAS REUNIONES

La posición de Venezuela con respecto al ALCA ha transitado desde su momento de lanzamiento -1994- por dos períodos presidenciales, el de Rafael Caldera, 1994-1998, en el cual el gobierno aceptó participar y, en el de Hugo Rafael Chávez, 1999-2005, el cual ha manifestado una fuerte oposición a aceptar la propuesta. Conviene presentar la evolución de la posición venezolana en los distintos escenarios que han atendido la propuesta en ambos períodos y, particularmente, la transcurrida durante el período presidencial de Hugo Chávez (1999-2005).

En 1994, fecha en la cual se celebra la I Cumbre de Jefes de Estados y de Gobierno en Miami, se establece el programa de trabajo para la propuesta ALCA. Venezuela aceptó participar y no manifestó oposición e incluso actuó acompañando el proceso. Puede afirmarse que se mantuvo una posición a favor del ALCA e inclusive se emprendieron actividades con miras a adecuar la estructura institucional y económica del país. Tales iniciativas se manifestaron en las distintas reuniones ministeriales que se sucedieron en el marco del proceso preparatorio del ALCA, como las reuniones celebradas en Denver 1995 y Cartagena en 1996. En esta ocasión la delegación Venezolana informó de los logros y avances obtenidos en la aplicación de políticas comerciales, en cuanto a la eliminación de barreras al comercio, particularmente en lo concerniente a honrar los compromisos de deuda por concepto de Draw Back y reintegro tributario, modernización de las aduanas y puertos, así como también proyectos de leyes de Propiedad Industrial y de Aduanas, transformación del Servicio Autónomo del Registro de la Propiedad Industrial y de Derechos de Autor por la vía de la creación de Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

En otros momentos de ese periodo presidencial, 1997, se realiza la Tercera Reunión Ministerial en Belo Horizonte y en 1998, se celebra en San José de Costa Rica la Cuarta Reunión Ministerial así como se inician formalmente las negociaciones del ALCA en abril 1998 durante la Segunda Cumbre de las Américas en Santiago de Chile. Aquí, Venezuela junto con los demás miembros de la CAN, presenta la solicitud de que fuesen tomadas en cuenta las economías medianas en las negociaciones por grupo que se venían dando, en razón de que sentían excluidas, y solicitaron fuesen consideradas en las categorías el término de economías de mediano desarrollo.

Por otra parte, para esos años Venezuela inició una política de acercamiento a otros esquemas de integración como el MERCOSUR y la CAN, con el propósito de lograr una posición conjunta ante al ALCA.

Las participaciones de Venezuela en los distintos momentos evidencian que hubo una constante participación en los distintos momentos del ALCA . Es a partir del año 1999, cuando el Presidente Hugo Rafael Chávez asume la presidencia del país que, se toma en las instancias administrativas una actitud crítica al neoliberalismo y, correspondientemente, una posición contraria al ALCA y favorable a que pudiesen indagarse posibles contactos con otros bloques y regiones.

Más recientemente -2003- la posición de Venezuela es reflejada en los distintos memorando (disponibles en www.mpc.gov.ve) dirigidos por la República Bolivariana de Venezuela y entregados a los Comités de Negociaciones Comerciales (CNC) del ALCA en las distintas Reuniones Ministeriales celebradas. En particular, la celebrada en Miami en Noviembre 2003, en Puerto España-Trinidad del 29 al 3 de octubre de 2003 y la de Puebla del 8 al 11 de abril de 2004. Es oportuno destacar que dada la importancia del memorando de Miami dentro del conjunto de los que se han sido elaborados por la posición venezolana, se incorporarán elementos que siguen casi literalmente al mismo. Esto con el sentido de presentar de la manera más adecuada las ideas que allí reflejan la posición en la administración del Presidente Chávez. Son registradas de esta forma con el propósito de no perder detalles de lo que ha sido la posición sustantiva, tal como fue calificado en el memorando presentado ante los CNC en la reunión de Miami.
En lo que se refiere al contenido del memorando presentado en Miami, 2003, se destaca que la posición venezolana ante el mecanismo de integración -ALCA- busca proteger los derechos y la soberanía de los pueblos, los cuales se verían vulnerados de concretarse ese acuerdo tal y como está planteado, por lo que el memorando desarrolla un conjunto de puntos sobre los temas que se negocian en los CNC, que según el mismo representan la visión de conjunto sobre asuntos discutidos en reuniones anteriores en el marco del ALCA, pero que constituyen y siguen siendo considerados por Venezuela como sustantivos y son estos:
El primer punto reflejado en el referido memorando alude el papel del Estado, las opciones culturales a otros modos de vida, y las políticas de liberalización sobre las cuales se cuestiona la liberalización comercial y la manera como lo plantea el esquema ofrecido por el ALCA, impulsado por los Estados Unidos y sus grandes corporaciones transnacionales y que está orientado por una concepción radicalmente fundamentalista del libre mercado que busca profundizar, consolidar y hacer irreversibles las políticas liberalizadoras de comercio; en consecuencia, se percibe el ALCA con un gran sesgo ideológico, concebida como una concepción unilateral -de solo los Estados Unidos-, lo cual no favorece a los países de América Latina y el Caribe. Se plantea la necesidad de reintroducir o rediseñar el papel del Estado y de las políticas públicas como condición posible para alcanzar el horizonte deseado o la situación de contar con una sociedad culturalmente plural, equitativa, democrática y ambientalmente sostenible (MPC, Memorandum de la República Bolivariana de Venezuela ante el ALCA, 2003).

También es necesario reconocer -según MPC (2003)-, proteger y estimular otras formas de organización y gestión distintas a las que se pudieran ofrecer esquemas como el ALCA. Las nuevas estructuras estarían basadas en la reciprocidad, la solidaridad y la autonomía para todo el continente americano.
El segundo punto desarrollado por la posición venezolana tiene que ver con los servicios, derechos económicos, sociales y culturales. En cuanto a lo público y lo privado, se manifiesta desacuerdo sobre la concepción omniabarcante que define este sector, tal como están concebidos en el Capítulo sobre servicios del ALCA. Consistente con la lógica de la mercantilización, estas negociaciones buscarían abrir a la inversión privada amplias áreas de lo que hasta tiempo reciente eran considerados como ámbitos propios de los servicios públicos. Orientadas por el objetivo de lograr el máximo grado posible de desregulación y liberalización (o privatización) de estos servicios, las negociaciones tienen una agenda extremadamente ambiciosa, representando un ataque frontal a los derechos económicos y sociales a los cuales responden estos servicios. El concepto de servicios, que define la cobertura de estos acuerdos es extremadamente amplio. Se ilustra con una de las variaciones del texto del Capítulo sobre Servicios del ALCA, donde los define en los siguientes términos: «servicios» comprende todo servicio de cualquier sector, excepto… los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales; un «servicio suministrado en ejercicio de facultades gubernamentales» significa todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios prestadores de servicios (MPC, 2003).

Para el Gobierno Venezolano, si se aceptará una definición tan omniabarcante implicaría someterse a disciplinas o regulaciones del tratado -ALCA- y esto tendría consecuencias que modificarían de manera radical el ámbito de la esfera pública, y específicamente los servicios públicos como factores sobre los cuales corresponde solo a los estados soberanos garantizarlos; para el caso de Venezuela los derechos sociales, económicos y culturales, además de formar parte de los compromisos asumidos en el ámbito internacional, están garantizados por la Constitución de 1999.

El tercer punto remite a lo acordado en la Declaración Ministerial de Quito, en la cual se reiteró que la “negociación del ALCA tomaría en cuenta la amplia agenda social y económica contenida en las Declaraciones y Planes de Acción de Miami, Santiago y Ciudad de Québec, con el objeto de contribuir a elevar los niveles de vida, incrementar el empleo y mejorar las condiciones laborales de los pueblos de las Américas, mejorar los niveles de salud y educación y proteger mejor el medio ambiente.” Sin embargo, según la posición de Venezuela estos compromisos no se encuentran en equilibrio entre los compromisos y disciplinas de naturaleza mercantil que se establecen en el texto de los diferentes capítulos del Tratado, y los compromisos que se adquieren en los terrenos de los derechos humanos, laborales, culturales y ambientales. También, se muestra un gran desequilibrio entre los derechos de los inversionistas y los derechos de los Estados. Igualmente se destaca que, en general, los países involucrados en el ALCA en su mayoría han asumido compromisos que garantizan y protegen estos derechos, por lo que cualquier otro mecanismo de integración no debe entrar en contradicción con los compromisos ya asumidos o en funcionamiento (MPC, 2003).

El cuarto punto es relativo a la agricultura. Manifiesta el gobierno venezolano las profundas desigualdades experimentadas en este sector en lo que se refiere a la apertura del mismo, dado los altos niveles de protección que mantienen los países industrializados; particularmente Estados Unidos, país que ha mostrado poca disposición a reconsiderar sus políticas de apoyo interno a la producción agrícola e impide un acceso competitivo de los países de América Latina a los mercados mundiales. Esto aún cuando se han establecido acuerdos como lo estipulado en la Declaración Ministerial de San José de 1998 de “eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas que afectan el comercio en el Hemisferio”, e “Identificar otras prácticas que distorsionen el comercio de productos agrícolas, incluidas aquellas que tengan un efecto equivalente al de los subsidios a las exportaciones agrícolas y someterlas a una mayor disciplina”.

Se considera en el memorando que para muchos países de América Latina y El Caribe la actividad agrícola es fundamental para la supervivencia de la propia nación, viéndose así muy afectado el bienestar de muchos, si ocurre una inundación de bienes agrícolas importados, aún en los casos en los cuales no exista subsidio. Se aprecia que la producción agrícola es mucho más que la producción de una mercancía. Es, más bien, un modo de vida y fundamento básico para la preservación de opciones culturales; es una forma de ocupación del territorio, define modalidades de relación con la naturaleza y tiene que ver directamente con los temas críticos de la seguridad y soberanía alimentarías. Por lo tanto, el tema agrícola requiere un tratamiento distinto al prestado a cualquier otra actividad (MPC, 2003).

El punto cinco trata sobre los derechos de propiedad intelectual. La posición de Venezuela es que estos están claramente reconocidos y tipificadas como derechos humanos en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos humanos Por lo que existe un balance entre el derecho de la sociedad a tener acceso a los resultados del “progreso científico”, y el derecho del creador a obtener un beneficio de su obra. Se expresa en el memorando que como una expresión de la creciente primacía del derecho mercantil que avanza gracias a las negociaciones comerciales multilaterales, regionales y bilaterales, este balance se rompe por completo en El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y en el Capítulo sobre Derechos de Propiedad Intelectual del ALCA. Apelando a lo que fueron denominados “asuntos relacionados con el comercio”, se estableció un amplio régimen de protección de la propiedad intelectual que cubre cada uno de sus principales ámbitos. Estas negociaciones fueron realizadas en condiciones de extrema asimetría entre los países del Norte y los del Sur y a pesar de la resistencia inicial por parte de muchos países del Sur, los países del Norte lograron imponer un régimen obligatorio y global de protección de la propiedad intelectual de acuerdo a sus exigencias, a partir de propuestas formuladas por las transnacionales farmacéuticas. Estos textos definen los resultados de la actividad científico-tecnológica como una mercancía, como un bien por cuyo uso su propietario tiene derecho a cobrar al resto de la sociedad. Las modalidades de registro de la autoría del conocimiento característico del modelo industrial, las patentes, adquieren una plena protección como propiedad privada. Las otras modalidades de conocimiento, colectivas, campesinas, tradicionales, de pueblos indígenas, etc., al no cumplir con los criterios de autoría precisa, novedad o aplicación industrial, carecen de dicha protección. Se afirma en el documento que aquello en lo cual los países del Norte y sus empresas tienen sólidas ventajas (controlan una alta proporción de todas las patentes industriales), recibe rigurosa protección y aquello en lo cual los países del Sur tienen ventajas, sus conocimientos campesinos y tradicionales y su biodiversidad, carece de protección (MPC, 2003).

Se ha producido, así, una notoria ampliación de lo que se considera como patentable, haciéndose difusa la anterior frontera entre invención (patentable) y descubrimiento (no patentable) y se ha abierto un nuevo e inmenso campo para la propiedad intelectual: la propiedad intelectual sobre formas de vida. Estos desplazamientos conceptuales han sido acompañados por la creación de nuevos instrumentos jurídicos e institucionales, tanto nacionales como transnacionales, destinados a la protección de la propiedad intelectual. El memorando comentado es categórico al afirmar que las patentes sobre diversas formas de vida, y la apropiación/expropiación del conocimiento campesino/comunitario por parte de las grandes transnacionales de semillas y agroquímicos, están cambiando aceleradamente los patrones de producción campesina en escala global y que los campesinos se hacen cada vez menos autónomos y más dependientes de la compra de costosos insumos de las transnacionales (MPC, 2003).

El punto seis concierne al mandato de la transparencia en las negociaciones y la participación democrática. La abundancia de corchetes, sin que sea posible saber quien los introdujo, hace que le sea imposible a la población de cada uno de los países el conocimiento de cuáles son las posturas de negociación de sus respectivos gobiernos. Esto le otorga un alto grado de discrecionalidad a los representantes de los gobiernos en las mesas de negociación, convirtiendo las posturas de estos representantes en secretos que niegan de antemano toda posibilidad de debate público informado y democrático. Al respecto se señala que para el caso venezolano y de acuerdo a lo previsto en el artículo 73 de la Constitución, Referendos en Proyectos de Leyes y en Materia Nacional, el Gobierno Nacional realizaría un referéndum sobre el ALCA antes de aprobar o ratificar el Tratado (MPC, 2003).

En el punto siete se atiende la desigualdad jurídica y el libre movimiento de las personas. Según el memorando, las normas del ALCA establecen desigualdades expresas entre los derechos de diferentes tipos de sujetos como la que establece diferencias en el trato ofrecido entre los Inversionistas nacionales y los inversionistas de otros países que forman parte del acuerdo. Mientras que las normas y regulaciones públicas no pueden establecer ninguna condición que sea más favorable para los inversionistas nacionales que para los inversionistas extranjeros, lo contrario sí es perfectamente legítimo, puesto que el acuerdo establece una diferencia fundamental a favor de los inversionistas extranjeros al permitirles utilizar los mecanismos extranacionales de solución de controversias para cuestionar o solicitar compensaciones, por normas, leyes o políticas públicas de un país que, a su juicio, pueda de alguna manera afectar su “ganancia esperada”. Esta posibilidad les está negada a los inversionistas nacionales del país en cuestión. Es igualmente notoria la desigualdad jurídica que el texto establece entre el común de las personas, que en sus aspiraciones migratorias deben someterse a las crecientes regulaciones y limitaciones que se han venido estableciendo para cruzar fronteras, y una clase especial de ciudadanos, las llamadas personas de negocios, que tendrían pleno derecho a ingresar a los países donde su empresa realice una actividad económica. Según la posición oficial venezolana un acuerdo comercial que sea beneficioso para todos los países y sectores sociales, requeriría, como es el caso de la Unión Europea, el libre movimiento de las personas (MPC, 2003).

El punto ocho atiende lo referido a las desigualdades en los niveles de desarrollo y la propuesta de constituir los Fondos de Convergencia estructural. Venezuela resalta que en el marco de las negociaciones del ALCA, han existido diferencias abismales en los tamaños de las economías y en los niveles de desarrollo, y señala que uno de los objetivos principales que debería tener un proyecto de integración exitoso, tal como lo ha demostrado la experiencia de la Unión Europea, es que la integración permita dar pasos sólidos hacia significativas reducciones de estas inmensas desigualdades inicialmente existentes. Esto requiere el establecimiento de compromisos firmes para que se pueda contribuir en forma efectiva a la reducción de estas desigualdades.

Se insiste que el tema de las desigualdades ha sido reconocido en los documentos de las Cumbres Presidenciales y Reuniones Ministeriales. En la Declaración Ministerial de Quito, se reafirmaron compromisos de tomar en cuenta -al discutir el ALCA- las diferencias en los niveles de desarrollo y el tamaño de las economías del Hemisferio, para asegurar la plena participación de estas economías en la construcción y los beneficios resultantes del Acuerdo. Sin embargo, las medidas que han sido discutidas bajo el formato de trato preferencial, o bajo la categoría de pequeñas economías, no permiten dar cuenta, ni ofrecer orientaciones de políticas capaces de contribuir en forma efectiva a una significativa reducción de esas profundas disparidades. No se trata sólo de economías grandes y pequeñas, sino de estructuras económicas muy diferentes. Aún cuando Venezuela reconoce que la instalación en 1998 del Grupo Consultivo sobre Economías más Pequeñas, GCEMP, y la creación en 2002 del Programa de Cooperación Hemisférica, son iniciativas que responden a la existencia de profundas desigualdades en el ALCA, es evidente que resultan insuficientes para una adecuada atención del problema. Con respecto a esto Venezuela propone la necesidad de la creación de un Fondo de Integración Regional.

Sobre las fuentes señaladas por Venezuela para constituir el Fondo de Convergencia Estructural, estas pueden ser condonación de la deuda externa, retención para los Fondos de un porcentaje de los pagos que aún queden pendientes por concepto de deuda externa, impuesto a las transacciones cambiarias especulativas, aporte de los inversionistas extranjeros y donaciones de organismos internacionales. Todo esto en la búsqueda de cambiar deuda por bienestar y mecanismos redistributivos eficientes y justos.

El punto nueve plantea la interrogante sobre el ALCA y la amenaza a la soberanía jurídica de los Estados. La posición venezolana advierte sobre los conflictos potenciales entre las orientaciones jurídicas normativas del ALCA y las doctrinas de la soberanía de los Estados por lo que, este asunto, requiere de un debate a fondo. A tales efectos se cita que, según el texto del tratado -ALCA- se establece que la aplicación de leyes o normas de los países involucrados el país no podrá utilizarse como argumento para no cumplir con las obligaciones o disciplinas del tratado. Entre muchos ejemplos que están presentes en el texto de los borradores del ALCA, pueden citarse los siguientes del Capítulo sobre Inversión. Los compromisos que adquiere el país: a) se aplican en todo el territorio de las Partes, y en cualquier nivel u orden de gobierno a pesar de las medidas incompatibles que pudiesen existir en las legislaciones de esos niveles u órdenes de gobierno (Artículo 1.7 Ámbito de Aplicación); b) siguiendo el mismo orden del texto del tratado e invocando el Artículo 7.4 que refiere a Requisitos de Desempeño, se señala que esto podría tener consecuencias profundas para cada una de las leyes y reglamentos de cada uno de los países del continente en cuanto a su aplicación y sus implicaciones, por ejemplo la forma en la cual se le otorgaría a los inversionistas extranjeros el derecho a utilizar los mecanismos de solución de controversias,
Otras informaciones confirman la posición de Venezuela. Es el caso de las declaraciones de la Delegación venezolana a su regreso de Miami que, en entrevista televisada por el canal del Estado, en la voz del titular de la Producción y el Comercio, aclaró que Venezuela se opone a la forma en que el ALCA esta concebida inicialmente, por lo cual se están planteando cambios que protegen las soberanías de los países (Prensa MPC, 24-11-03). La delegación venezolana que acudió a la reunión ministerial del ALCA, destacó que la posición venezolana ante el mecanismo de integración, busca proteger los derechos de soberanía de los pueblos, los cuales se verían vulnerados de concretarse los acuerdos tal y como están planteados.

En tal sentido el Ministro de la Producción y el Comercio, Wilmar Castro Soteldo, y el abogado y profesor universitario, Carlos Escarrá, explicaron la actuación de la delegación nacional, donde entre cosas destacaron la preocupación que existe no sólo de parte del pueblo venezolano, sino incluso de numerosos grupos norteamericanos como ambientalistas, ecologistas y luchadores por la paz, los cuales se instalaron en los alrededores de la convención para expresar por diversas maneras su oposición al acuerdo. El titular del MPC destacó que Venezuela se opone al ALCA por la forma en que ésta está concebida de manera originaria: “Como me decía una periodista francesa allá -Estados Unidos- de ¿por qué nosotros decíamos que el ALCA era un demonio?, y es que como estaba concebida es un demonio y todavía sigue teniendo sus rasgos demoníacos”. Además, el Ministro precisó que “de alguna manera se intenta violentar la soberanía de los pueblos que es quizás lo más sagrado que tiene toda una nación, se intenta destruir la diversidad cultural que es parte del patrimonio de las sociedades que conforman la nación”.

Por su parte, el abogado Escarrá, quien formó también parte de la delegación de Venezuela en el Comité de Negociaciones, dijo que trabajaron siguiendo las directrices del Presidente Hugo Chávez, entre las cuales está mantener los principios de soberanía y de dignidad de Venezuela en este tipo de acuerdos, y de hacer prevalecer los derechos fundamentales. “Parece mentira, pero aquí se habla mucho de derechos humanos, pero en esos escenarios ellos no ven los vínculos entre los derechos humanos y lo que puede ocurrir con un acuerdo, con un tratado de esta naturaleza”. Agregó que “en un tratado, de acuerdo a la concepción, se puede ceder en la instrumentalización de algunos factores, pero no en la soberanía como tal”. Como ejemplo mencionó que para Venezuela el problema de seguridad alimentaria, todos los programas de la economía social, todo lo que significa el cooperativismo, la autogestión y la cogestión, forman parte de la naturaleza de la soberanía económica del país, lo cual entraría en contradicción con una regla horizontal de libre comercio.

Propuestas recientes como la presentada, por el Jefe de los Negociadores de Venezuela , ante el Comité de Negociaciones del ALCA, en Puebla, del 2 al 6 de febrero de 2004, ratifican la posición y resumen el estado de las negociaciones para ese año, ante el cual se atribuyen las siguientes razones.

Se define en Álvarez (Memorando-Posición de la República Bolivariana de Venezuela ante el XVII del Comité de Negociaciones del ALCA, 2004) que luego de una década de negociaciones resulta evidente que no habría ALCA al final del 2004. Las negociaciones se mantuvieron estancadas en el 2003, tal como se demostró en los CNC en El Salvador y Trinidad.

Las grandes asimetrías entre los 34 países, es la razón por la cual resulta imposible acordar un conjunto de obligaciones comunes para todos y cada uno de los países. La Reunión Ministerial de Miami en 2003 marcó el fracaso de la propuesta original del ALCA por lo que se adoptó un formato radicalmente distinto para continuar las negociaciones (Álvarez, 2004). Se observa, para el momento, que en todos los Grupos de Negociación predominan insalvables divergencias y en varios casos, cualquier avance en las negociaciones del ALCA dependía de acuerdos previos en la OMC.

El CNC de Puebla enfrentaba –según la posición de la administración del presidente Chávez- la difícil tarea de girar nuevas instrucciones a los nueve Grupos de Negociación sobre los parámetros para acordar un conjunto común de derechos y obligaciones aplicables a 34 países que presentan diferencias extremas en el tamaño de sus economías y en sus niveles de desarrollo. Tanta certeza hay en la inviabilidad del ALCA –según Álvarez (2004)-, que los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en Monterrey a principios de enero, por primera vez en la historia de las Cumbres Hemisféricas no ratificaron la fecha del 2005.

Venezuela habría presentado propuestas alternativas para la reorientación del proceso negociador: 1. Aceptar Trato Especial y Diferenciado para países en desarrollo a través de los Fondos de Compensación. 2. Eliminar el carácter secreto de las Negociaciones y la confidencialidad de los documentos. 3. Aceptar la participación en las negociaciones de las organizaciones sociales y empresariales. 4. Respetar todos los acuerdos que constituyen conquistas históricas para los países en desarrollo. 5. Postergar las fechas para concluir las negociaciones e implantar el acuerdo a fin de adecuar las estrategias nacionales al nuevo contexto.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se opone –según Álvarez (2004)- al ALCA, por ser una propuesta que se basa en la liberalización total y absoluta del comercio y la inversión, sin tomar en cuenta las asimetrías y disparidades en el tamaño de las economías y niveles de desarrollo. En tal sentido, Venezuela se ha planteado hacer todo lo posible por modificar radicalmente la filosofía de esta propuesta que pretende asignarle a los mecanismos del mercado la función de regular los flujos del comercio y la inversión, cancelando de manera definitiva el derecho soberano de los Estados de formular políticas y estrategias para el desarrollo nacional. De seguida se presentan, literalmente de manera casi idéntica al documento (Álvarez, 2004) en algunos casos, los grupos de negociación existentes, las propuestas desde ALCA y las observaciones venezolanas.

Acceso a Mercados

ALCA propone:

Eliminar el uso de los aranceles como instrumento para la defensa de la producción nacional.

Posición de Venezuela:

• La desgravación del universo arancelario, excluyendo los productos sensibles.
• Las Partes, en función de sus niveles de desarrollo y tamaño de sus economías,
podrán hacer uso de mecanismos como el de aranceles y barreras no arancelarias, reglas de origen -generales y específicas-, normas y barreras técnicas, procedimientos aduaneros, procedimientos aduaneros relacionados con el régimen de origen y salvaguardias.
• Las canastas de desgravación (A, B, C y D) estarán sujetas a mecanismos de evaluación continua sobre las capacidades productivas y competitivas de las Partes.
• Preeminencia del TED sobre la cláusula de NMF al final del período de desgravación (Álvarez, 2004).

Agricultura

ALCA busca:
• El tratamiento de los bienes agrícolas como cualquier bien
• La total apertura a las trasnacionales agrícolas
• La dependencia alimentaria

Posición de Venezuela:

• Las Partes se reservan el derecho al establecimiento de Políticas Públicas de fomento de la producción agrícola para garantizar el principio de Seguridad Alimentaria Nacional .
• Posibilidad de modificación de la lista de exclusión de productos sensibles en la desgravación agrícola una vez entre en vigencia el Acuerdo.
• Mecanismos de efectiva aplicación del Trato Especial y Diferenciado.

Servicios

ALCA busca:
Liberar el comercio de servicios (financieros, telecomunicaciones, consultoría, ingeniería, turismo, educación, salud, etc.)

Posición de Venezuela:

• Cobertura limitada a sectores específicos mediante listas positivas.
• Posibilidad de modificación de la lista de exclusión de servicios sensibles y/o estratégicos en la liberalización

Inversión

ALCA busca:
Eliminar los requisitos y controles exigidos a la inversión extranjera

Posición de Venezuela:
• Cobertura limitada a sectores específicos no estratégicos mediante listas positivas.
• Permitir a las Partes el establecimiento de Requisitos de Desempeño para la Inversión.
– Incorporar materias primas y bienes y servicios de origen nacional
– Asegurar transferencia tecnológica y asistencia técnica
– Formación de recursos humanos

Compras del Sector Público

ALCA busca:
Trato Nacional a las transnacionales en las compras del sector público.

Posición de Venezuela:
Preservar la capacidad de compra gubernamental como un Instrumento de desarrollo que permita darle prioridad a las Pymes y cooperativas nacionales.

Derechos de Propiedad Intelectual

ALCA busca:
• Acuerdos que privilegian el interés de las transnacionales por encima de los intereses de la sociedad
• Impedir la apropiación social de los resultados de la investigación científica y tecnológica
• Patentamiento de conocimientos tradicionales
• Restringir la transferencia de tecnología

Posición de Venezuela:
• Asegurar equilibrio entre la función social de la propiedad intelectual y la protección de los autores e inventores particulares y colectivos.
• Garantizar la difusión y el disfrute colectivo del progreso científico y tecnológico y la función social de la propiedad intelectual.
• Proteger la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas.
• Facilitar la transferencia de tecnología

Política de Competencia

ALCA busca:
• Subordinar el marco legal e institucional nacional a las normas del ALCA.
• Privatizar empresas y monopolios estatales que son vistos como un obstáculo al libre mercado: PDVSA, ALCASA, VENALUM y otros.

Posición de Venezuela
• Normas de transparencia.
• Cooperación entre entidades competentes de las Partes del Acuerdo.
• Preservar la propiedad estatal sobre empresas de importancia estratégica

Subsidios, antidumping y derechos compensatorios

ALCA busca:
• Creación de mecanismos para determinar la existencia de dumping y daño por prácticas desleales de comercio
• Establecimiento de procedimientos de investigación y resolución, así como la creación del Comité en materia antidumping.

Posición de Venezuela:
• Aplicación de TED
• Evitar el uso abusivo de las demandas por dumping y la aplicación de exagerados derechos compensatorios en contra de los PED

Solución de Controversias

ALCA busca:
• Establecer un marco legal y un entorno institucional supranacional para dirimir las controversias que surjan entre los países.
• Implantar marco legal que permita a las transnacionales demandar a los Estados

Posición de Venezuela:
• Aplicación de medidas de solución de controversias entre Estado-Estado como únicos accionantes de los mecanismos
• Las corporaciones no podrán demandar a los Estados

Como posición final en Álvarez (2004) se expresa la idea de que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se opone al ALCA por ser una propuesta que se basa en la liberalización total y absoluta del comercio y la inversión, sin tomar en cuenta las asimetrías y disparidades en el tamaño de las economías y niveles de desarrollo.

Igualmente, en Álvarez (2004) se plantea, categóricamente, que Venezuela hará todo lo posible por modificar radicalmente la filosofía de esta propuesta que pretende asignarle a los mecanismos del mercado –de una vez y para siempre- la función de regular la dinámica económica, cancelando de manera definitiva el derecho soberano de los Estados de formular políticas y estrategias para el desarrollo nacional.

Más recientemente, septiembre 2004, Venezuela ha mostrado poca participación en los CNC y no fue invitada a participar en las conversaciones entre Estados Unidos y la Región Andina, señalando el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Zoellick: “El Gobierno venezolano hace todo lo que puede para obstaculizar las negociaciones de libre comercio” (El Nacional, 8 de septiembre, 2004).

Adicionalmente, debe señalarse que la administración del Presidente Chávez, en pronunciamientos de su propia figura como Presidente o en los de algunos de los funcionarios de su administración, ha encontrado coincidencia entre sus análisis sobre el ALCA y el hecho de que este proyecto no haya entrado en funcionamiento en el año 2005, dado el efectivo estancamiento de las negociaciones durante el año 2004.

POSICION DEL SECTOR PRIVADO (CONINDUSTRIA, FEDECAMARAS).

También, en los sectores empresariales privados, ha habido posiciones de interpretación y apreciación de posibles efectos que produciría ALCA. Para el caso, a continuación se presenta la posición del sector privado representado en la Confederación Venezolana de Industriales-CONINDUSTRIA-.

Para el Sector industrial los acuerdos de integración son de gran importancia dado que facilitan el acceso a los mercados, estimulan la competitividad y, particularmente, escenarios como el ALCA, ofrecerían para Venezuela grandes desafíos, en razón de que se enfrentaría a países de un alto nivel de desarrollo como Estados Unidos y Canadá, con brechas de producción, productividad, tecnología e inversión profundas. Pero a la vez, ofrece oportunidades a los sectores productivos venezolanos, que pudieran aprovecharse siempre y cuando se construya una agenda de negociación en la cual se tengan claro factores tales como las asimetrías entre grandes y pequeños (Conindustria, Venezuela ante el ALCA: Riesgos y Oportunidades, 2002).

Reconoce el sector industrial que las negociaciones del ALCA por sus características son complejas y amplias, pues además de los temas tradicionales discutidos en todo acuerdo de integración comercial como los programas de liberación, normas de origen, salvaguardias, normas de competencia y el mecanismo de solución de diferencias, también incluye otros temas nuevos como los servicios, inversiones, propiedad intelectual y compras gubernamentales. El sector industrial sostiene que las negociaciones del ALCA ofrecen oportunidades de gran consideración, entre las cuales destacan:

• Negociar con el principal socio comercial -Estados Unidos- en materia de exportaciones petroleras.
• Disponer de reglas claras con el principal socio comercial.
• Limitaría la discrecionalidad con la que Estados Unidos dirige la política comercial y el acceso a su mercado en base a política antidumping, incentivos, medidas para-arancelarias, entre otras.
• Facilitaría la creación de un mecanismo de solución de diferencias.
• Estimularía la inversión de terceros países en Venezuela.
Bajo ese esquema de oportunidades, señala el sector industrial la conveniencia para Venezuela de no aislarse de las negociaciones del ALCA, en razón de que se perderían mercados de exportación y oportunidades de inversión y ello generaría aislamiento comercial con efectos como:
• Insostenibilidad para mantener en el mediano plazo el comercio entre los países andinos, dado que se verían obligados a liberar rápidamente los productos que no producen sus mercados para poder mejorar sus condiciones de competencia.
• Exclusión de Venezuela en la discusión de temas importantes.
• Ausencia de Venezuela en la definición de la Unión Aduanera en la Comunidad Andina.
• Aumento de competitividad de nuestros socios comerciales debido a: reducción de costos de acceso preferencial de algunos productos y materias primas, posibilidad de acceder a un mercado de alta exigencia y oportunidad de soportar mayores niveles de exigencias en sus propios mercados
• Desmejora de la competitividad de nuestros productos debido a un aumento de la exigencia de requisitos por parte de los aparatos gubernamentales de esos países.
• Riesgo que se inicien procesos de triangulación que eviten el cumplimiento de las normas de origen andino.
• Estimulo para la instalación de plantas industriales en los otros países andinos.

Para superar esos riesgos CONINDUSTRIA sugiere en el documento comentado, como factor necesario, organizar una estrategia de negociación muy activa y de gran articulación y coordinación que involucre a los sectores privado y gubernamental, se coordinen las negociaciones en los diversos temas, se promueva la cooperación internamente y se desarrolle un proceso de consultas de carácter continuo con los diversos sectores económicos y en particular con los sectores productivos del país (Conindustria, 2002).

Al respecto propone el sector industrial lo que pudiera ser parte de las líneas de actuación de Venezuela para la negociación ante el ALCA: reforzar las posiciones y los equipos negociadores en cada uno de los temas de la agenda y desarrollar un proceso de consultas exhaustivas no solo en los sectores productivos, sino también con los sectores académicos, profesionales, laborales y en definitiva con la sociedad en general.

Entre los criterios básicos que propone el sector industrial y además como principio orientador de las negociaciones está el de la definición del Tratamiento Especial. Se plantea en Conindustria (2002) que este debe ser considerado en los once (11) grupos de negociación, estar de acuerdo a los niveles de desarrollo de los países participantes y no asociarse con las pequeñas economías. Fundamentalmente, en lo que refiere al Trato Especial, el sector industrial plantea varios perfiles para cada grupo de negociación como a continuación se describe:

TEMA Condiciones del Tratamiento Especial

Programa de Liberación Mayores plazos, mayores opciones para el manejo de los plazos, mayo número de nóminas para la ubicación de los productos sensibles, nómina para el encapsulamiento de productos, eventuales listas de excepciones, mayor cantidad de productos sensibles.
Agricultura Mayores plazos, mayores opciones para el manejo de plazos, nómina para el encapsulamiento de productos, eventuales listas de excepcione, mayor cantidad de productos sensibles. Sistema de salvaguardias, flexibilidad en las normas de origen, esquemas de apoyo para fortalecer la competitividad del sector, esquemas especiales para el desmontaje de los subsidios.
Normas de Origen Mayor flexibilidad, mantenimiento del principio de salto de partida, adopción excepcional de requisitos específicos de origen con condiciones especiales en plazos.

Salvaguardias Facilidades en los plazos, definición de criterios de minimis a favor de los países en desarrollo, eliminar la compensación a favor solo de los ped. Sistema de apoyo para el manejo de instrumento.

Solución de diferencias Sistema de apoyo para el manejo de instrumento, acceso de los particulares.

Normas Técnicas Sistema de apoyo para el manejo de instrumento, facilidades en los plazos, definición de criterios de minimis a favor de los países en desarrollo.

Dumping y Subsidios Sistema de apoyo para el manejo de instrumentos, facilidades en los plazos, definición de criterios de minimiza a favor de los países en desarrollo.

Servicios Mayores plazos, mayores opciones para el manejo de los plazos.

Inversiones No incluir criterios adicionales de requisititos de desempeño de los adoptados en la OMC.

Propiedad Intelectual Mayores plazos, mayores opciones para el manejo de los plazos, sistema de apoyo para el manejo del instrumento, facilidades en los plazos, definición de criterios de minimis a favor de los países en desarrollo.

Fuente: Conindustria, 2002
En definitiva, la posición de CONINDUSTRIA es la de acompañar el proceso de negociación teniendo en cuenta, en todos los grupos de negociación, el concepto del trato especial y diferenciado.

Además de la posición del sector industrial arriba presentada, es necesario presentar otras como la de FEDECAMARAS.

Algunos documentos internos de FEDECAMARAS y que deben ser tomados como materiales preliminares permiten formarse una idea de como han sido considerados temas relativos a ALCA a lo interno de esta asociación. En adelante se resumen ideas contenidas en tales materiales.

Percibe FEDECÁMARAS (Posición de FEDECÄMARAS, 2003) que el ALCA es una oportunidad. Cada país, en función de su aparato productivo y de su potencialidad de desarrollo futuro definirá su estrategia de negociación y dependerá de sus habilidades para obtener la máxima ganancia de dicha negociación. Para Venezuela, no es nueva la negociación de zonas de libre comercio, dada su experiencia en ALADI, Comunidad Andina y Grupo de los Tres, y existe suficiente experiencia para emprender este tipo de negociaciones, independientemente del tamaño de las economías con las cuales se trate y depende de la habilidad de los negociadores que los acuerdos permitan el crecimiento del comercio, inversiones y empleo (FEDECÁMARAS, 2003).

Dentro del ALCA el primer objetivo para Venezuela sería el de mantener sus mercados. La fuerte crisis política y sus efectos en el ámbito económico, la sobrevaloración del bolívar, las importaciones gubernamentales -liberadas de impuestos y controles de precios y de cambio-, han conducido a la destrucción de parte importante del aparato productivo y a una reducción de sus transacciones externas y, en consecuencia, de sus mercados (FEDECÁMARAS, 2003). El segundo objetivo sería el de ampliar sus mercados actuales, considerando que los Estados Unidos es el mayor mercado mundial (FEDECÁMARAS, 2003). Una óptima negociación, requiere fijar la posición del país como un todo.

Según FEDECÁMARAS (2003) no basta con negociar eficientemente. Los acuerdos a los cuales se llegue son simples vías de colocación de bienes y servicios. El aprovechamiento de esas vías y definir la política comercial dependerá de las políticas macroeconómicas: una tasa de cambio competitiva que se deprecie con la inflación, una política fiscal que impulse el desarrollo y limite el déficit y una política monetaria que vaya en línea con el crecimiento y que impulse a la baja las tasas de interés. El impulso de las inversiones requiere de estabilidad política y seguridad jurídica. Ninguna de estas condiciones ha estado presente recientemente, por lo que de persistir la situación, la mejor negociación posible no tendría resultados favorables para Venezuela.

Se expresa en los documentos que FEDECÁMARAS y los organismos cúpula empresariales asumen el liderazgo del sector privado en esta materia y exigen la definición de una estrategia de país y la presencia del sector privado en las negociaciones. Adicionalmente, mantendrán el seguimiento de las negociaciones, sostendrán frecuentes contactos con los gobiernos y sector privado de los países contraparte, se opondrán a los acuerdos que afecten al país y advertirán a los involucrados sobre consecuencias futuras.

Las siguientes son algunas de las bases de FEDECÁMARAS para definir su posición frente a ALCA: 1. La búsqueda de la reducción del costo de los procesos productivos impulsa el desarrollo tecnológico. 2. La introducción del progreso técnico en los procesos productivos se produce mediante la acumulación de capital. 3. La nueva inversión traducida en equipamientos y tecnología requiere crecientemente de mercados más amplios. 4. La expansión de los mercados, en el plano regional o mundial, son una respuesta a tal necesidad. 5. La globalización es una consecuencia del desarrollo tecnológico y el interés de un país reside en aprovecharla en su beneficio (FEDECÁMARAS, 2003).

Igualmente, estima FEDECAMARAS que el posicionamiento de un país depende de factores objetivos y subjetivos. Los primeros tienen que ver con la realidad de la estructura económica y de su potencialidad de desarrollo y, los subjetivos, con la capacidad y habilidad de los equipos de negociación. Esto es: a) de la estructura productiva actual y prospectiva de ese país; b) del conocimiento del sector productivo de ese y de los otros países que posean los negociadores; c) de los objetivos que se proponga ese país en la negociación; d) de la capacidad de los negociadores en obtener los objetivos y metas propuestos; y e) del conocimiento de sus capacidades y de las capacidades del resto de los países.

Por último, pueden resumirse un conjunto de elementos que son fundamentales para la posición de FEDECAMARAS:
1. El país requiere acuerdos y políticas que impulsen la expansión de sus mercados.
2. Que ALCA se concrete a favor de los objetivos del país dependerá de las negociaciones que se efectúen.
3. FEDECÁMARAS, conjuntamente con los organismos cúpula sectoriales, debe:
a. Enfrentar la posición gubernamental y liderar el posicionamiento del país en las actuales negociaciones.
b. Exigir la participación del sector privado en la elaboración de las estrategias de negociación y definición de una posición común de país.
c. Analizar detalladamente los sectores económicos; efectuar comparaciones con los de los demás países y definir posiciones al respecto.
d. Realizar la prospectiva de país y propiciar acuerdos que permitan la reingeniería del sector productivo, para adaptarlo a las nuevas condiciones de los mercados mundiales.

e. Revisar los avances por temas y definir una posición empresarial común general y por temas.
f. Mantener relaciones con los organismos privados de la región.
g. Difundir sus opiniones y hacerlas llegar a los organismos nacionales e internacionales relacionados.
h. Oponerse a posibles acuerdos que afecten al país y advertir a los gobiernos involucrados sobre consecuencias futuras (FEDECÁMARAS, 2003).

OBSERVACIÓN FINAL

En conclusión, de los puntos señalados más arriba, se hace evidente que la asociación con los objetivos y parámetros que ALCA tiene planteado ofrece riesgos y, particularmente para países como Venezuela, también pudiese brindar oportunidades, como acceso a mercados e inversiones, o tener presencia y participar en el diseño, conformación y estructuración de actitudes y normas que acompañan a los procesos que están haciéndose frecuentes en la globalización. Debe resaltarse que esta condición global, ha tenido y sigue teniendo grandes incidencias en la vida política, económica y social de los actores internacionales, de allí que hay que considerarlos, para la construcción de los perfiles de los países, evaluarlos y, en algunos casos, intentar influir para ajustarlos a nuestras realidades, como puede ser de alto interés para Venezuela. No se trata para un país de adoptar una posición irrestricta hacia una opción del contexto internacional como el ALCA, tampoco de posiciones extremas o descalificaciones ideológicas; se trata de construir un perfil para el caso de Venezuela, y acompañar la decisión con políticas institucionales de participación, en donde el resultado común sea en base al consenso, con aportación de todos los sectores (bien sea la sociedad civil, los gremios de empresarios, las universidades o el sector público), con análisis orientados a la evaluación técnica de los impactos y las oportunidades que pueden ofrecer iniciativas para el caso ALCA o para cualquier otro en funcionamiento o nueva opción que igualmente pueda ofrecer el contexto internacional como alternativa de inserción internacional.

En lo institucional se requiere de adaptar las estructuras con políticas estables y sólidas que permitan y estén asociadas a la inversión y al comercio, que estimulen a los sectores exportadores, en donde se incentive la competencia, la eficiencia, la participación en el mercado mundial, que además estas estructuras estén orientadas al levantamiento de estudios donde se disponga de evaluación de la orientación del comercio hacia mercados como los que involucra el ALCA, de medir las posibilidades de incrementar la participación en esos mercados, de los niveles o generación de empleo para la economía, de asumir consideraciones tecnológicas y otras opciones dadas por esquemas como el que implica el proyecto referido.

En cuanto a la búsqueda de consenso, se trata de encontrar, buscar y ampliar los espacios de coincidencia entre los actores y agentes involucrados, que permitan y den dinamismo a lo que es fundamental para los países como lo es el objetivo de la obtención del bienestar.

Sobre la base de lo presentado en este trabajo, no es evidente que las distintas administraciones, que han tenido que ver con la estructuración y desarrollo institucional orientado a la política comercial y particularmente en lo referente a los acuerdos de integración, hayan mostrado las mejores acciones y secuencias o que hubiesen sido las más adecuadas para la construcción de políticas del caso. La administración iniciada en 1999, si bien ha expresado con fuerza su oposición al proyecto ALCA, no se le encuentran elaboraciones que permitieran ubicar o entender más adecuadamente lo correcto o justificado de su oposición al referido proyecto.

Esta deficiencia institucional puede observarse también en el sector privado, en cuanto al cual, sobre la base de los contactos, indagaciones e investigaciones para la estructuración de este trabajo, se puede evidenciar que la estructura institucional de los agentes privados no es la más cónsona con un proyecto de integración como el ALCA, el cual requiere de consenso y desarrollo institucional. Esto se evidencia en la ausencia de estudios y participaciones sistemáticas que, a esta altura, podrían, haber permitido a tal sector, contar con posiciones más acabadas o elaboradas.

Los registros, análisis y posiciones presentados en este trabajo, permiten resaltar las debilidades en cuanto a lo que podría ubicarse como una posición nacional sobre ALCA. Es evidente que, sobre este proyecto, el país no tiene consenso. El sector oficial mantiene una critica expresada en numerosos lugares y momentos que pareciera incluso acentuarse. Parte del sector privado mantiene posiciones favorables, aunque sin mayor continuidad en la evaluación y la elaboración de propuestas. Otros sectores, como los de la sociedad civil o el mundo académico, o no se han pronunciado o no lo han hecho con la amplitud, continuidad y profundidad con que deberían hacerlo.