Un ajuste fiscal con más penas que glorias

1. Las restricciones institucionales: carencia de accountability

La solución del problema fiscal mas allá del desbalance estructural de las cuentas fiscales, carece de espacio de gobernabilidad para lograr un acuerdo político que haga viable y creíble el necesario ajuste fiscal. El proceso de demolición de instituciones y el ejercicio autoritario del poder político y de la gestión financiera del Estado, concentrado en la cabeza del poder ejecutivo desquició los mecanismos de controlabilidad fiscal y transparencia financiera en la administración de la hacienda pública.

Los ejemplos del creciente e insustentable endeudamiento público, realizado sin considerar la solvencia financiera del Estado y del opaco manejo del FIEM y de los bancos del Estado (BANDES, Banco Industrial entre otros) además de los fondos para-estatales de asistencia social y Plan Bolívar, reflejan la percibida enajenación de credibilidad y de confianza en cuanto a la gestión fiscal, variables estas, a todo evento, sin las cuales no será posible conciliar las cuentas fiscales y establecer un relativo y manejable equilibrio macroeconómico, tanto en cuantas fiscales como en balanza de pagos.

2. La moral pública, el problema fiscal: sin credibilidad ni confianza

Esta situación es relevante, tanto desde el punto de vista moral como fiscal y tributario, porque el contribuyente carece de incentivos morales y de mecanismos de controlabilidad de la responsabilidad del gobierno, para cumplir sus obligaciones tributarias; en otras palabras, el ciudadano y la empresa son inducidos a eludir y evadir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias por la opacidad y carencia de accountability con que se administran los reales de la gente.

La solución de crisis fiscal y financiera del Estado requiere liderazgo, credibilidad y controlabilidad, además de la desideologización de la política económica y de los instrumentos legales dirigidos a la regulación de la economía; todo ello, unido al hecho que los mercados solo darán credibilidad a las medidas económicas, si en ellas va empeñada sin burladeros la voluntad política del Presidente. Esto último, porque los mercados sienten escasez de su voluntad política, no solo por el sello ideológico redistributivo y antimercado de sus políticas y por el “desdén” del Estado y el gobierno en la defensa de los derechos de propiedad, sino por la carencia de transparencia y controlabilidad en el manejo del tesoro.

3. Nueva medidas económicas: error de diseño, nuevamente.

A todo ello se agrega el hecho subyacente en las nuevas medidas económicas que sigue considerando erróneamente – al problema fiscal venezolano como consecuencia de la caída de los ingresos fiscales o impuestos, con lo cual se emana un claro mensaje de falta de voluntad política en el poder ejecutivo para realizar la cirugía fiscal requerida para evitar un colapso en las finanzas del Estado.

La comprensión del problema fiscal sigue los pasos de otras administraciones que pretendieron arreglar el problema fiscal aumentando los impuestos lo cual incorpora un elemento de contracción económica adicional al que prevalece en los mercados por efecto de los ruidos políticos. El problema fiscal venezolano de estos tiempos posee un subyacente financiero que se conjuga con el exacerbado riesgo político que ha cerrado los canales de financiamiento no inflacionario del déficit fiscal.

En otras palabras, las fuentes no inflacionarias de financiamiento del déficit están cerradas tanto en los mercados locales como internacionales por el elevado riesgo político causado por la revolución que ha encarecido el crédito, lo cual se lee claramente en las elevadas tasas de interés que imponen no solo los riesgos sino el masivo crawding out que transfiere los escasos fondos financieros privados al gobierno, adquiriendo bonos públicos y que leemos en los balances bancarios como inversión en títulos públicos que abarca en la mayoría de los bancos cerca del 40 % de la liquidez generada por los depósitos del público.

4. Peligros de hiperinflación y licuado de los ahorros de la gente

Todo esto, unido a un presupuesto rígido, un “ajuste” fiscal con más impuestos, y recesivo en la represión de las finanzas privadas, abre las compuertas de un licuado de deuda pública o de un financiamiento inflacionario por maxidevaluación del bolívar, o el extremo de peligros sobre el ahorro de la gente. Un ajuste fiscal solo tendría efectos macroeconómicos positivos si responde más a un recorte del gasto del Estado antes que a incrementos en impuestos.

El síndrome acotado arriba se ha generalizado, con lo que las medidas económicas y fiscales centradas en nuevos y mayores impuestos causarían una profundización de la contracción económica sin nada a cambio, porque más impuestos comprimirían aún más la actividad económica, reduciendo la base del ingreso tributario paradójicamente- y estimulando la salida de capitales de quienes preferirían un entorno de menor presión tributaria y de menor riesgo político para colocar su ahorro.

5. Más impuestos: mayor inestabilidad política

Las medidas de corte tributario contribuirían a mayor inestabilidad política porque el sacrificio fiscal es enorme y pocos están en capacidad de pagarlo a cambio de ser más pobres hoy que ayer. Se parte de supuestos aritméticos en las cuentas fiscales y no de las variables que afectan las finanzas del Estado, que es donde eventualmente explotaría el problema fiscal.

Por eso el conjunto de medidas asomadas traerá mas ruido en la balanza de pagos -de hecho ya ocurre así- porque impulsará la salida de capitales, ahora financiada por el «remanente» de ahorro en el FIEM que fluye hacia al gasto público; después de todo una ecuación financiera que viene funcionando desde hace dos años y medio. Por ello, tengo la impresión que se estaría abriendo la válvula de la licuadora de los pasivos del Estado, lo cual ocurriría con la rápida depreciación de la tasa de cambio, la cual de paso le estaría dando algunos bolívares al fisco, a cambio de reducir la posición de reservas internacionales y con ello una espiral devaluacionista similar a la de 1994, pero debilitando y corroyendo los balances del sistema bancario.