Todo el petróleo para el rey

1. Los cambios en la economía politica del petróleo

Los miedos del ciudadano

Una de las asimetrías de información mas visibles en estos tiempos de fuertes perturbaciones políticas y de derretimiento institucional por derrumbe del marco jurídico que define una economía “normal” de mercado, la constituye la incomprensión por parte de las elites, de las corporaciones políticas locales, de las empresariales adentro y fuera de nuestras fronteras, así como de los mercados internacionales y círculos diplomáticos, de la naturaleza del proceso político oficializado como revolución socialista que lleva a cabo conduce, sobre rígidas ortodoxias ideológicas del marxismo, el Presidente Chávez.

Ese proceso político, formalmente legal, ha contado con la violencia institucional y violencia social, no solo por el debilitamiento de las instituciones que en principio deben protegen derechos y libertades económicas y que han sido transformadas para coadyuvar la intervención del Estado para violar los derechos de los individuos, sino también para la destrucción del capital social acumulado durante generaciones y que se expresa en la violencia que desmonta los parámetros naturales del derecho a la vida y a la propiedad de las cosas; todo ello en un marco de indefensión y desmoralización del poder moral, incapaz de actuar para conveniencia de los ciudadanos de a pie en la defensa de sus naturales derechos.

La nomenclatura, el fisco y la renta: el morbo mercantil del capital privado.

Ha habido una enorme dificultad para que las elites aprendan de los efectos en lo económico y en lo institucional de lo que define el ingreso fiscal y determina el comportamiento político de la nomenclatura y burocracia, así como el de las corporaciones políticas, militares y mercantiles que se organizan coaligadamente para la captura de renta, del gasto publico que conforma la esencia de la economía –política- del negocio petrolero en Venezuela.

Una porción importante de esas corporaciones y grupos de interés de acentuada arraigo mercantilista, y viniendo de la derrota politica de los golpes de abril y del paro suicida del 2002 han buscado alinearse a los intereses públicos, a las corporaciones políticas y militares y al rentismo microempresarial emergente en busca de los beneficios que trickle-down de la voluminosa renta petrolera en manos de las corporaciones políticas lideres del “proceso revolucionario”.

Una especie de caos institucional con indicios también de ocurrencia premeditada, contribuye la configuración de la asimetría comentada. Y es en lo que respecta al negocio petrolero donde es mas visible el sentido de la revolución socialista, dado que la estrategia en la industria petrolero se conduce en el vértice del poder público, por lo que las finanzas, las asociaciones y formas organizativas para enfrentar la demanda de inversión en el sector petrolero no son ahora del conocimiento del público.

En la oscuridad de la propiedad estatal: los incentivos fiscales sobre la renta..

Los negocios se conducen en la opacidad de un entorno que renuncio a los mecanismos del mercado para su arbitraje, conocimiento e información. La lógica revolucionaria y nacionalista se expresa entre otros con la salida de PDVSA del SEC – Comisión de Valores de New York- con la reforma del BCV –Octubre 2005-que permite al Estado apropiarse de las reservas internacionales para uso cuasifiscal y con la violación de los contratos de los convenios operativos que migran forzadamente hacia empresas mixtas sui generis dado que los socios privados del Estado no pueden registrar el valor futuro de sus licencias y contratos en sus balances.

Sin embargo, los mercados petroleros bajo el reflujo de los elevados precios aun no comprenden o son reacios a hacerlo, que los cambios institucionales que ordenan la nueva estrategia sobre el petróleo en Venezuela, comenzando por la nueva ley de hidrocarburos y el marco legal de los mecanismos de asociación con el Estado para el capital privado, conducen a que la presencia de este ultimo, internacional y local, sea esencialmente marginal. Pero no es muy difícil comprender y anticipar algunas reglas en este complejo juego del petróleo en propiedad estatal; si se lee la constitución del 99 incluyendo el Preámbulo y el articulado relacionado a la propiedad del estado sobre los recursos del subsuelo, no es difícil concluir que lo que se esta viendo, y lo que esta en la tubería, incluíos los aspectos tributarios, puede ser perfectamente previsible, los escenarios están en ese particular muy claros.

En ese sentido, los beneficios de los terceros, del sector privado, estarán conectados endogenamente con los mecanismos de redistribución de la renta del petróleo, esquema mercantilista que prefieren los agentes que capturen el Estado y sus instituciones, relación esta generadora de privilegios conocidos, corrupción y degradación moral de la empresa estatal; ese el precio a pagar para compartir con el Estado para capturar parte de la renta que generan los elevados precios del petróleo, es decir, las empresas “mixtas” no son otra cosa que vehículos fiscales cuyo oficio es extraer y producir petróleo.

Algunos no aceptan esas nuevas reglas y se van, otros soportan mas tiempo porque los precios altos le permitirán recuperar los fondos invertidos en la economía de esos yacimientos, probablemente otros se queden pagando la barrera de entrada de un país que muestra las reservas de petróleo mas grandes de este hemisferio, y estar presente para cuando cambien las realidades políticas; largas esperanzas!

2. Ahogándonos en el petróleo con todo y corrupción

La Faja “betuminosa” del Orinoco, es ahora petrolera y ello hará cambiar muchas cosas relacionadas con la asociación de terceros con el Estado petrolero, Venezuela nada ahora oficialmente en reservas petroleras, sin embargo contratar con el Estado es ahora mas difícil, el Rey como cuando en tiempos de Carlos V lo quiere todo, puede que quede algo para socios, ahora jurídicamente minusválidos, los que queden en los convenios hoy desaparecidos, ahora empresas mixtas y los que vendrán también con las asociaciones estratégicas, también empresas mixtas en el futuro cercano, en el petróleo de la Faja del Orinoco; solo que la apuesta es sobre precios altos, de los contrario el negocio no rendirá ni para el fisco.

El umbral fiscal del fisco venezolano esta atado a un precio por barril de 35 dólares pero sobre una exportación de 2 y medio millones de barriles/día; si no es así, los problemas fiscales abrirán el canibalismo político en el núcleo del Estado. Mientras tanto la corrupción seguirá teniendo el combustible para sostenerse; la opinión publica tendría el recurso de saciarse por lo obsceno de la corrupción que como sabemos por la historia, corrompe el ejercicio del poder, pero lo corrompe absolutamente cuando el poder se ejerce absoluta y totalitariamente.

3. Lobbies ineficientes y mal informados

En la oportunidad en que se discutía, no solo en Venezuela sino en los mercados internacionales acerca de la legislación petrolera propuesta para reemplazar la “viejas” reglas de juego que regían la relaciones de la empresa privada –nacional e internacional- con la estatal PDVSA y el fisco venezolano, la mayoría de las mayores empresas petroleras internacionales y otras empresas consultoras del negocio petrolero, residentes o no en Venezuela, conformaron el lobby oficial que buscaba “apoyo” internacional a la nueva legislación.

De las razones más esgrimidas para apoyar la nueva legislación propuesta era su aparente simplificación, según el cual ello haría más fácil y menos complejas las relaciones económicas y jurídicas entre las empresas petroleras y el fisco y PDVSA. Uno, que estuvo presente en algunas presentaciones, dentro y fuera, pensaba recurrentemente, frente a esos razonamientos, en la buena dosis de ingenuidad con el cual se enfrentaban consultoras y empresas privadas nacionales e internacionales a la nueva realidad petrolera venezolana, porque independiente de todo, en adelante –aparentemente- seria mas practico contratar con el Estado venezolano.

No se comprendió el cambio constitucional y su impacto en el negocio

Pero, bien lejos se estaba de ello, las empresas consultoras del ramo, al parecer tampoco, como millones de venezolanos, comprendían las razones por las cuales la nueva constitución ponía sobre el negocio petróleo el peso del Estado, no se habían leído correctamente el Preámbulo de la nueva constitución, tampoco comprendían el verdadero alcance de la nueva legislación petrolera que de modo muy directo entregaba al Jefe del Ejecutivo todo el poder sobre el petróleo, quizás muchos creyeron que eso haría mas cómodo y fácil tratar y negociar con políticos, después de todo, muchos pensaban que podrían ser mas baratos; es decir, menores costos de transacción.

En realidad, y se vislumbraba de manera muy clara, que todo el entramado constitucional y legal sobre el negocio petróleo en realidad estaba concentrando el poder de decisión en manos del Jefe del Estado; era evidente, el fisco iría por una mayor tajada de la renta petrolera, por ese camino vendrían los reparos fiscales con o sin razón. La paradoja de un Estado/fisco/políticos que nadaban en el ingreso fiscal desde mediados del 2003, se presentaba incrementando las tensiones redistributivas y por ende una mayor participación del beneficio petrolero.

Los cambios legales decían que PDVSA era el fisco, y que como empresa operadora, mas renta fiscal generaba al fisco, si el Ministro era al mismo tiempo su Presidente. Se rompía definitivamente el petroestado, ahora PDVSA seria una corporación que explotaba un recurso con pleno sentido fiscal, algo así como Yacimientos Fiscales Petroleros venezolanos!.

4. Mala lectura del nuevo orden constitucional: impacto en el negocio petrolero

Contrario a la red de decretos y legislaciones que desde 1975 cercaban el poder decisorio a los entes en juego, a saber, la propia corporación, que derivo en una especie de Estado dentro del estado, con grupos corporativos dentro y fuera con intereses definidos; al sector político, aglomerado en el Congreso Nacional, que en cierto modo reflejaba la instancia de decisión politica y por supuesto actuando como fragmentada corporación, también con intereses muy definidos en el negocio y finalmente el Poder Ejecutivo, beneficiario del impacto rentista y fiscal que producía la asociación y las relaciones de la empresa petrolera privada nacional e internacional con PDVSA y el fisco. Una especie de complejo consenso político-económico sentaba de alguna manera las reglas del juego que definían el negocio petrolero; de esa cosecha consensual nacerían los procesos de aperturas de los anos noventa.

Este esquema de negociación y generación de contratos a costos muy complejo por la necesidad de aglomerar voluntad politica corporativa, sin embargo no alteraba la base fundamental de todo contrato; la definición de los derechos de propiedad, aunque un proceso complejo para definirlos en un sector como el petrolero, la sanción parlamentaria del poder legislativo ofrecía unas reglas de juego firmes en los que respecta al respeto de los contratos y por ende de los derechos de propiedad.

De esta manera cualquiera que sea la forma como se relacionaba la empresa privada con PDVSA, bien sea por contratos de outsourcing, o como convenios operativos como se les denomino a esas economías sobre yacimientos definidos, o como asociaciones estratégicas con trascendencia tecnológica para convertir en petróleo los betumenes que reposan debajo del Orinoco, o en otras modalidades contractuales, quedaba claro el respeto a los derechos de propiedad.

5. Todo el petróleo –la renta que genera- para el Rey

La nueva legislación, en el marco constitucional mencionado arriba, poco podía ofrecer al respecto, conociendo que esa legislación comenzaba por desconocer los contratos que con empresas privadas nacionales e internacionales el Estado venezolano firmo en los noventa en ocasión de los procesos de apertura. Tampoco había que hacer un esfuerzo intelectual sobrehumano para comprender que el negocio petrolero venezolano con la nueva legislación cambiaba no solo de estrategia –producir menos para mayor precio- sino que la economía politica que subyace a las negociaciones del Estado y PDVSA con terceros – empresas privadas nacionales e internacionales- sentaba que la definición de los derechos de propiedad era claramente precaria y que ello se expresaba políticamente cuando el poder de decisión pasaría a manos del gobernante que opera el negocio como la fuente de un flujo de caja.

Flujo de caja que tiene destino fiscal por intermedio de mecanismos redistributivos, como les encanta a los operadores políticos, hayan sido de ayer o sean de hoy; aceptando claro esta, que estos operadores de ahora transformados en nomenklatura nos muestran el paroxismo redistributivista como nunca se vivió. No haber comprendido esta particular evolución de la economía politica venezolana probablemente haya costado mucho dinero y elevados costos de transacción en la operatividad del negocio petrolero en empresas privadas asociadas al Estado venezolano.

Era entonces visible que la razón rentística y fiscal del Estado como dueño del recurso petrolero definiría en el futuro el sentido rentista del negocio petrolero y ello evidentemente iría frontalmente contra los mecanismos contratados en los noventa, donde el sacrificio fiscal del Estado se compensaba con la fuerte inversión que las empresas petroleras nacionales e internacionales harían para impulsar el negocio petrolero venezolano.

En esas condiciones, el Estado rentista de la época esperaría la maduración de esas inversiones y proyectos y allí en ese plano recomponer la balanza de participación sobre la renta que produce el petrolero. Esto tiene que ver con la definición de las regalías y los mecanismos impositivos que prevalecerían antes y después de que las inversiones maduren o el mercado lo anuncie en términos de nuevos y elevados precios.

6. Debilitamiento de derechos de propiedad: el estado no desea asociaciones con privados

La violación de los contratos que escribieron los convenios operativos, para convertirlos en empresas mixtas destruyen los derechos de propiedad que se definieron en la oportunidad de las aperturas afectando las economías de esos proyectos. Ello no ha sido un accidente en el negocio petrolero de estos anos; era evidente que si el fisco quería mas dinero, en un entorno de intensa y fortalecida dependencia de la renta petrolera por parte del fisco, se imponía un drástico cambio en las reglas del juego, además estaba perfectamente anticipado, aunque los mercados no lo habían descontado, asumiendo que los nuevos precios del petróleo daban para todo, pagaban los nuevos contratos, y transferían el poder decisorio a PDVSA y el fisco en los nuevos contratos de empresas mixtas, todo ello a pesar de que los derechos de propiedad serian violados sin contemplación.

Se desprende de esta evolución jurídica forzada por la revolución socialista en el negocio petrolero que el Estado y el fisco no desean mantener las relaciones económicas con las empresas petroleras privadas internacionales, esas nuevas reglas vendrán pronto para redefinir las asociaciones estratégicas en organizaciones similares de empresas mixtas, las señales han sido claras al respecto, la nueva distribución y asignaciones y otros mecanismos de certificación de las reservas en la Faja Petrolera del Orinoco a empresas estatales, dice claramente que el fisco y el Estado venezolano privilegia asociaciones y relaciones con Estados; es decir, y sin ambigüedad ninguna, al negocio petrolero también le llega el socialismo del siglo XXI, aunque para muchos ingenuos en ese mercado de modo inesperado.