Sundecop: sentencia previa, visión Ad Hoc y violación del Estado de Derecho

El 11 de enero de 2012 la Sundecop publicó una nota en su portal Web intitulada “Especulación se suma a padecimientos de enfermos venezolanos”, la cual constituye la más preocupante evidencia de la captura del Estado y el secuestro de las instancias públicas por parte del Gobierno.

Si bien la nota de prensa expone un par de “testigos”, testimoniales o percepciones, por demás parte interesada (de hecho, varios aspirantes a fiscales manifiestan haber sido víctimas de alguna práctica, es decir que serán juez y parte); el titulo generaliza asegurando que todos los enfermos venezolanos son víctimas de la especulación. La aseveración anterior se realiza sin investigación previa, mucho menos un procedimiento administrativo que resguarde no solo el derecho a la defensa, sino el pulcro y sano uso de los recursos y las instituciones públicas.

En específico, la nota reseña que un aspirante a fiscal habría señalado: “trabajo con niños que padecen cáncer y veo como sus familias no sólo luchan contra la enfermedad, sino para poder comprar los medicamentos y artículos que necesitan”. El aspirante a fiscal continuaría aseverando “que algunas madres de estos pacientes utilizan bolsas plásticas como pañales porque no tienen dinero para poder comprarlos”. Si bien las aseveraciones parten de prejuicios, ante una realidad compleja y lamentable; no hace referencia a ninguna investigación científica y objetiva que valide las presunciones y las acusaciones. Aun así, vale asomar algunas posibles explicaciones de esta serie de problemas que aquejan a muchos venezolanos -no solo a los enfermos- y que no constituyen responsabilidad alguna de los oferentes, ni de sus precios. Habiendo mencionado el aspirante a fiscal a las madres de pacientes que usarían bolsas plásticas por pañales, podríamos preguntarnos, ¿serán madres solteras? ¿madres solteras desempleadas?

En este caso, ningún precio podría ser asumido por quien no posee sustento ni empleo alguno. Mal puede achacarse el desempleo a la empresa privada oferente del producto, la cual tiene, simplemente por naturaleza, producir y/o ofertar. El desempleo constituye un problema de políticas públicas de ausencia de fomento de la actividad económica privada a lo largo de estos 12 años de Gobierno.

Por otra parte, posiblemente la ausencia de una política pública de formación y educación para el trabajo, ha condenado a madres jóvenes a no contar con la posibilidad de inserción en el mercado laboral o a optar a sueldos suficientes para cubrir sus necesidades. Adicionalmente, la ausencia de políticas macroeconómicas de estabilización de los precios, sustituidas por un tremendo desorden fiscal y financiamiento inorgánico, ha constituido una de las principales políticas del presente Gobierno para generar inflación y licuar sus deudas en bolívares.

El acceso a un bien puede depender más que del nivel de precio, del nivel de empleo, su calidad y la remuneración, así como a la ausencia de procesos inflacionarios que deterioran el poder de compra de los sueldos y salarios. Lo anterior significa que los problemas de acceso a los bienes y servicios pueden constituir distorsiones generadas por malas políticas económicas o por la ausencia de las políticas correctas que incentiven la oferta, la creación de valor y de empleos sostenibles y bien remunerados, -por cierto, solo posible a través del sector privado-.

A propósito de buenas prácticas de políticas públicas y regulatorias, el Estado debe velar por el uso de los recursos e instituciones públicas para coadyuvar a la provisión de bienes públicos y no privados de forma directa o por sus propios medios. La responsabilidad del Estado respecto al gasto privado en bienes privados se circunscribe a fomentar la actividad económica privada lo que genera oferta y puestos de trabajos, cumpliendo con su principal objetivo económico de estabilidad de precios –no vía controles de precios sino a través de una armónica y coordinada política fiscal y monetaria responsable, no capturada como en la actual gestión de Gobierno-.

En específico, en el caso del sector salud, tanto en lo que se refiere al gasto privado como a las intervenciones quirúrgicas y el consumo de medicamentos y/o tratamiento que constituyen bienes privados, los precios catastróficos no tienen porque constituir un problema de nivel de precios sino de escaso poder de compra –lo que resulta sustantivamente diferente-. En este sentido, un control de precios lejos de mejorar el nivel de bienestar social, lo empeorará; primero porque lesionará la restricción de participación de los oferentes, segundo, porque no garantiza la materialización del máximo excedente del consumidor y tercero, porque no necesariamente constituirá una política eficiente que expanda la demanda satisfecha.

De hecho, el acceso a los servicios de salud o medicamentos que resultan catastróficos por el escaso poder adquisitivo de algunos ciudadanos, podría ser solucionado eficientemente por medio de una política de financiamiento, que podría basarse en pooling risk, en solidaridad directa o impositiva. Así las cosas, el acceso no tiene porque constituir un problema de precios sino de la fuente de financiamiento –bajo desempleo, empleos competitivos y bien remunerados, empleos estables, baja inflación y/o fuentes de subsidios cruzados en el caso del sector salud-. Los proveedores privados de los servicios de salud que constituyen bienes o servicios privados no pueden ser responsables del fracaso e irresponsabilidad del Gobierno en suplir el sistema público de salud para el cual el privado es complementario y no sustituto, por lo que no puede imponérsele obligaciones del tipo servicio universal.

Ante las recurrentes declaraciones que perfeccionan sentencias previas, por parte de funcionarios de las instancias administrativas, entre ellas la Sundecop, estos deberían inhibirse

Tal despropósito y sentencia previa, violatoria de los más básicos preceptos de legalidad, asoman la nulidad de la Sundecop y sus eventuales actuaciones, justamente por violentar el interés público. Este tipo de prácticas de sentencias previas y violación del debido proceso se está convirtiendo en casos sistemáticos de terrorismo económico de Estado.

Economista. Master in Industrial Organization and Markets. Master en Competencia y Regulación de Mercado. Profesor universitario de Regulación Económica y Regulación de Competencia.