Sólo una política consensuada estabilizará mercado de alquiler de viviendas
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) reiteró al país y a los órganos con competencia en el sector de la vivienda, su propuesta a estructurar una política de Estado consensuada que estabilice el mercado del alquiler. Estamos presenciando la rapidez con que se impulsan medidas efectistas, con claro acento electoral, para eliminar los desalojos que están tipificados en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios por las causas justas y derivadas de las obligaciones que deben cumplir las partes en un contrato y se ejecutan por decisión de los tribunales de la República cuando se han agotado las vías de conciliación entre inquilinos y propietarios, así como el procedimiento legalmente establecido y vigente para ello, lo que es contrario a los desalojos forzosos por vía de hecho que realizan algunos ciudadanos al margen de la Ley, sancionados por demás en nuestra legislación, afirmó Aquiles Martini Pietri, presidente de la CIV.
-Una vez más se aspira legislar sobre los efectos, obviando las causas que han precipitado la caída del mercado del alquiler, cuyas operaciones se han visto mermadas al punto que solamente el 6% de las viviendas son para alquiler, tales como al congelamiento de precios de los alquileres, vigente desde Noviembre 2002; la inseguridad jurídica representada en invasiones sin sanciones, expropiaciones y confiscaciones sin ningún sentido práctico y vulnerando lo establecido en el Art.115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en lo referente a la propiedad, que ha terminado por deprimir a este segmento y a exterminar el arrendamiento como la primera salida al problema habitacional del país.
-Quisiéramos ver al Gobierno construyendo y fomentando la construcción de viviendas en alquiler e incentivando la adquisición de viviendas como elemento de ahorro y de incremento del patrimonio familiar, para luego ser destinado al arrendamiento a terceros carentes a su vez de un techo. Nosotros estamos dispuestos a aportar nuestros conocimientos en la formulación de políticas de Estado que permitan solucionar el problema habitacional de una vez por todas y para siempre. Deberíamos comenzar a implementar medidas de creación de fondos para ayudar a las familias más vulnerables, programas para promover el alquiler entre parejas jóvenes; garantizarle a ambas partes el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato de arrendamiento como una formula inicial de permanencia del arrendamiento y una salida habitacional, y generar confianza entre los propietarios para colocar sus propiedades en el mercado, y estimular la inversión privada en la producción de nuevos desarrollos.
-Se recurre a un enfoque facilista, además de populista, para tratar de resolver situaciones en base a supuestos. No existen desalojos forzosos masivos en el país, y la información de que 500 mil familias serán lanzadas a la calle responde a una matriz ideada para aprobar una resolución general contra el desalojo, cuando cada caso debe ser evaluado de manera particular. Habría que diferenciar cuando un desalojo es consecuencia de una sentencia firme dictada por un Tribunal de la Republica dentro del ámbito de su competencia y que la parte condenada se resista a acatar. En este supuesto, luego de vencido el plazo de cumplimiento voluntario, es que procede el desalojo por autoridades competentes incluso más allá de la voluntad del condenado, situación está que difiere a lo antes mencionado a los desalojos por vía de hecho que deben ser sancionados pero no son producto ni de la legalidad ni de procedimientos establecidos en la ley, agrego Martini.
-Hemos presentado a la Asamblea Nacional propuestas como parte de una política para vender a los arrendatarios de apartamentos en edificios de vieja data que no se encuentren bajo el régimen de propiedad horizontal. Resolvería los niveles de incertidumbre que rodean a inquilinos y propietarios de dichos desarrollos. Para ello, planteamos, a) acelerar la conversión de edificios viejos al régimen de propiedad horizontal, facilitando la permisología y documentación para la negociación; b) dedicar fondos de las distintas carteras crediticias para facilitar el financiamiento a los inquilinos dispuestos a adquirir la propiedad; y, c) ofrecer beneficios fiscales para incentivar a las partes a concretar la compraventa de las viviendas en alquiler. Habrá que obtener una formula consensuada para definir el justiprecio de las propiedades que son parte importante del Patrimonio Familiar de estas familias de propietarios.
Este miércoles 4, a las 9.30 am estaremos en la Comisión de Administración y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, dialogando con los diputados en torno a las propuestas allí elevadas hace dos semanas, y a los documentos suscritos por otros sectores involucrados en el proceso de reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, informó el presidente de la CIV.
Esperamos que esta reforma logre equilibrar los derechos de propietarios e inquilinos. El ordenamiento legal vigente es lo suficientemente amplio como para buscar salidas que respeten las expectativas de unos y otros, así como los atributos de la propiedad privada cuya libre disposición hoy se intenta condicionar. La CIV y sus Cámaras están en la mejor disposición de coordinar acuerdos dirigidos a lograr reglas claras para reactivar el arrendamiento de viviendas y a estabilizar el mercado, puntualizó Aquiles Martini.
