¿Sector eléctrico público o privado?
La discusión sobre si el sector eléctrico debe estar en manos del sector público o del privado es de vieja data. El servicio eléctrico comenzó a prestarse a fines del siglo XIX por iniciativa privada en todo el mundo y así se mantuvo por décadas. Así creció y se desarrollo. Es más, los avances tecnológicos tanto en la oferta como en la demanda de electricidad siempre estuvieron, y están todavía, en manos privadas.
Pero en un momento dado las cosas cambiaron y los gobiernos comenzaron a asumir en muchos países la responsabilidad directa de la prestación del servicio. Europa estuvo a la vanguardia de este proceso y las razones son poderosas. Al finalizar la 2ª guerra mundial la infraestructura de la mayoría de los países del continente estaba destruida y esto incluía a las instalaciones eléctricas. Se requería un esfuerzo descomunal de reconstrucción que superaba la capacidad del debilitado sector privado. Esto condujo a la creación de grandes monopolios estatales que asumieron dicha reconstrucción. De allí surgieron Electricite de France, la emblemática CEGB en Inglaterra y Gales, ENEL en Italia y tantas otras empresas públicas que se encargaron del servicio. Estados Unidos no necesitó la intervención del estado ya que la guerra no tocó su territorio.
A partir de entonces se ha planteado la polémica sobre quién debe asumir la prestación del servicio. Aunque hay que reconocer que el tema se está superando y en la mayoría de los países se está dando entrada, desde finales de los 70, al sector privado. Sólo se mantienen testarudos algunos enclaves nacionalistas como Francia o Quebec y ahora algunos advenedizos como Venezuela.
En América Latina, como en la mayor parte del mundo en desarrollo, el estado entró por emulación a los países europeos, junto a la necesidad de impulsar la electrificación de las áreas rurales y estandarizar técnicamente al sector. De allí que en toda la región se impusieran las empresas del estado, hasta que comenzara la mencionada apertura de los años 70, la cual, por cierto, se inició en Chile. En este entorno Venezuela fue una excepción, por el mantenimiento del servicio privado en la ciudad de Caracas. Hay que destacar que las presiones estatizadoras siempre estuvieron presentes y la EDC se salvó gracias a la calidad de su servicio. Al final, a todos los gobiernos les daba miedo que el servicio se deteriorara después de la aventura estatizadora. Esto fue así hasta que llegó nuestra osada revolución.
Pero si apartamos la ideología de nuestra discusión, hay que reconocer que el servicio eléctrico se ha prestado razonablemente bien en muchas partes independientemente de quien asume la propiedad de las empresas operadoras y esto ha sido el resultado de cumplir con unas condiciones que son indispensables para su buen funcionamiento. Las fundamentales son: 1. dirigir las empresas de manera profesional, concentrándose en su objetivo y evitando influencias políticas y 2. Lograr una regulación independiente que oriente y fiscalice la gestión empresarial. Cuando estas condiciones se logran el sector trabaja bien, tanto en manos públicas como privadas.
Por eso en Venezuela la discusión debe salir del tema de la propiedad y debe preguntarse: ¿Por qué tenemos la prestación del servicio y la regulación en las mismas manos? ¿A quién le puede reclamar el usuario cualquier abuso de la empresa prestadora si el responsable de la regulación también dirige la empresa? ¿Cómo puede mejorar una empresa que se rinde cuentas a sí misma? ¿Por qué las empresas tienen que cumplir numerosas tareas “sociales” distintas a la prestación de un servicio de calidad?
Esta es la discusión que se impone ante la crisis que atraviesa nuestro sector eléctrico.
