En enero el Gobierno anunció que afinaba un conjunto de medidas para corregir los desequilibrios económicos y entre las acciones estaba la optimización del gasto público. Pero los requerimientos de los entes oficiales y las empresas estatales para cubrir los compromisos con los trabajadores y sus operaciones han limitado esa revisión y en lo que de va año los egresos se han acelerado.
A diferencia del ejercicio pasado, en este 2014 el gasto extraordinario del Gobierno central, que se estructura con los créditos adicionales, se ha disparado y ello se observa con las operaciones aprobadas por la Asamblea Nacional en el transcurso del 2014, que llegan a 208,5 millardos de bolívares.
Por ese volumen de créditos, el presupuesto de este año, que arrancó en 552,6 millardos de bolívares, ya supera los 761 millardos de bolívares, y dicho comportamiento evidencia que los recursos programados se quedaron cortos.
Los informes presentados al Parlamento muestran que del gasto adicional autorizado en este período, el 56% se ha orientado solamente a los pagos de salarios, pensiones y beneficios de las misiones.
Un total de 115,9 millardos de bolívares suman las operaciones extraordinarias que se han asignado a los compromisos laborales y ese monto duplica al ejecutado en el mismo lapso del pasado año que fue de 51,1 millardos de bolívares.
El pasado primero de julio el Presidente Nicolás Maduro anunció que se preparaba «una revolución en la administración pública» y ordenó a los ministros revisar los proyectos y ver el cumplimiento y ejecución del presupuesto.
Sin embargo, las acciones para la revisión de esa estructura encuentra obstáculos, siendo uno de ellos el peso que tiene la nómina, que supera los 2,6 millones de trabajadores.
El costo se evidencia cuando desde mayo los ministerios y los entes adscritos comenzaron a tramitar créditos adicionales para atender las insuficiencias presupuestarias en materia de gastos de personal.
Para cubrir ese déficit en dos meses se han aprobado operaciones que superan los 30 millardos de bolívares.
A esas insuficiencias se añade el impacto fiscal que representa el aumento del salario mínimo y de las pensiones. En enero el jefe de Estado acordó una revisión de 10% y para garantizar las cancelaciones se erogaron de manera extraordinaria 12 millardos de bolívares.
En mayo se dio luz verde al incremento de 30% en el sueldo mínimo y los beneficios del Seguro Social y para soportar parte de ese ajuste, ayer los diputados aprobaron un crédito por 55,5 millardos de bolívares.
