Robos habitacionales y otros
En la desesperada “huida hacia adelante”, el régimen intenta descuadernar totalmente a la nación venezolana. El pasado domingo, el presidente osó dar pasos que conducen, paradógicamente, a la destrucción de la industria de la construcción, una de las más desarrolladas del país.
Ha insistido en “expropiar” (léase: robar) tanto las instalaciones de SIDETUR como un grupo de desarrollos habitacionales en distintas regiones del país.
Hace sesenta años, en 1950, un pequeño grupo de inmigrantes judíos, dio los pasos necesarios para que Venezuela presenciara la primera colada de acero que se obtuvo en el país.
Miles Sherover, un hebreo nacido en Cracovia y criado en New York, llega a Venezuela en 1939. En aquellos años, se ocupó de encontrar el sitio adecuado para instalar la primera fábrica de cauchos para automóviles: Cauchos General.
En 1948 dirige la constitución y preside a SIVENSA con un aporte inicial de dos millones de bolívares y el concurso de tres amigos, también inmigrantes judíos y que completaron el equipo humano que fue capaz de adelantar los primeros pasos de la empresa. Todos ellos huían de la guerra y perseguían la paz que les permitiera trabajar.
Vladimir Leviki, polaco, un hombre que tenía la rara habilidad de transformar chatarra en equipos industriales; Juris Freimanis, de origen griego, quien desde su posición hacía funcionar aquella fábrica con rendimientos importantes y Alfred Shubert, norteamericano, quien en los comienzos, se ocupaba de la parte técnica de la empresa. Con ellos también actuaron muchos hombres que amaban su trabajo y contribuyeron también haciéndose accionistas de la empresa.
Vivieron años muy duros, cuando el capital fue insuficiente y se hicieron necesarios, préstamos y nuevos aportes de capital. Hubo también la necesidad de capitalizar acreencias y bajo la dirección de Ángel Cervini, quien fue su Presidente por más de veinte años, la empresa llegó a ser una de las “estrellas” del corro bursátil caraqueño.
Bajo la promoción de SIVENSA crecieron muchas empresas dedicadas a los más variados renglones de la industria siderúrgica y metalmecánica. Hoy todas ellas, gracias a equivocadas políticas nacionales, se encuentran en situación limitada.
Después de ser empresas líderes en la industria nacional y de proveer el cuarenta por ciento de las cabillas necesarias en la industria de la construcción, el gobierno que descuaderna al país, le pone la mano, con subterfugios que se apartan de lo prescrito por la constitución y las leyes que reciben diaria burla.
El tema de los desarrollos habitacionales. de los que se confiscó a seis, es todavía más peregrino.
De la poca información que se ha difundido, el gobierno alega que los constructores no han cumplido con las obligaciones contractuales con sus clientes ni con disposiciones legales que, de acuerdo con nuestro conocimiento, cambiaron unilateralmente las condiciones de contratación y financiamiento de esas unidades habitacionales.
Pensamos que las leyes de la república tienen las prescripciones necesarias para lograr que se cumplan los extremos contratados o que en su defecto, se resarza a los contratantes supuestamente perjudicados. Para eso existen los tribunales y ambas partes contratantes, tienen allí el lugar para dirimir sus diferencias. El régimen, que ha colocado bajo su égida a todo el poder judicial venezolano, demuestra el más absoluto desprecio hacia sus funciones.
Estamos seguros que la solución de que el Estado venezolano se siga cargando de industrias, comercios, haciendas y desarrollos, es la peor de las opciones. Los Estados que han utilizado el intervencionismo como mecanismo de propiedad, han demostrado hasta la saciedad su incompetencia y su descuido al administrar empresas para las que no están ni preparados ni autorizados.
El estímulo de la propiedad es el mejor acicate para lograr que las empresas funcionen y sean útiles a la sociedad. Las funciones de los gobiernos no se pueden apartar de las de ser buenos conductores del bien común.
