Rentismo, voracidad fiscal y cleptocracia
El “rentismo” es una característica central del régimen. Esto es, el mantenimiento-en el contexto de la OPEP-de una oferta petrolera relativamente reducida para obtener precios elevados e intentar conseguir ingresos externos e ingresos fiscales abundantes. No se trata de una política circunstancial o de la reducción de la oferta petrolera por efecto del paro, sino una concepción que está en la base de la política económica del gobierno.
Los precios relativamente altos del petróleo serían el soporte para un gasto fiscal de envergadura. Y ello, supuestamente, podría impulsar el crecimiento y una política redistributiva o simplemente distributiva. Estos cinco años han mostrado el fracaso–que era previsible-de esta concepción.
El “rentismo” puede aumentar el ingreso fiscal petrolero en el corto, y quizá, mediano plazo. Puede mantener un ingreso petrolero alto a través del efecto precio y reduce el gasto de inversión en el sector, abriendo la puerta para aumentar el aporte fiscal. En plazos más largos, la decadencia del sector petrolero como consecuencia de la baja inversión tiene consecuencias fiscales negativas. Está decadencia puede ser relativamente rápida en Venezuela, ya que sus yacimientos requieren inversiones importantes sólo para mantener el potencial de producción.
La producción petrolera venezolana actual per capita se ha reducido respecto a la de 1997 en más de 28%, y el gobierno ha aumentado el gasto fiscal en forma muy significativa. La estimación petrolera se refiere a la producción corriente regular, noviembre de 2003, cuando la producción según el gobierno estaba totalmente recuperada, respecto a la de noviembre de 1997. La política fiscal, como muchas veces en el pasado, ha estado signada por la “voracidad” (Lane y Tornell, 1998).
Como manifiestan Lane y Tornell en (%=Link(«http://www.nber.org/papers/w6498″,»Voracidad y Crecimiento»)%)(1998), “Analizamos una economía donde no existen instituciones legales y políticas fuertes, pero con múltiples grupos de presión. Estos grupos interactúan dinámicamente con el proceso fiscal. En equilibrio, ello conduce al crecimiento lento y al “efecto de voracidad”, a través del cual cuando existe un shock, como el aumento de los términos de intercambio, perversamente se genera un aumento más que proporcional en la redistribución fiscal y se reduce el crecimiento. También mostramos que la dilución del poder concentrado conduce a un crecimiento más rápido y respuestas menos pro-cíclicas ante shocks.”
La conducta del gobierno ha sido análoga a la del modelo de Lane y Tornell. La elevación de los precios del petróleo, ha conducido a aumentos fiscales desproporcionados, estimulados por el comportamiento de búsqueda de renta. Y como indica el modelo, la consecuencia no ha sido mayor crecimiento. En el caso venezolano, ayudado por la confrontación política, se ha producido una caída sin precedentes.
La contracción petrolera repercute negativamente tanto por el peso propio del sector como por sus encadenamientos con el resto de la economía, básicamente por el efecto multiplicador positivo que tiene la inversión petrolera en el resto de la economía. Un ejemplo opuesto es Rusia. Ha aumentado su producción petrolera, más de 40% en 5 años, basándose justamente en altos precios que la restricción de la OPEP logra, y esta ha sido la base de su recuperación y crecimiento. La producción de crudo rusa de 1998 era aproximadamente de 6 millones de barriles diarios. En noviembre de 2003 alcanzó alrededor de 8,7 millones de barriles diarios. Obviamente, una dinámica de expansión tan violenta ha creado sus propios problemas.
Tampoco el rentismo ha mejorado la equidad en este quinquenio. Basta observar las tasas de desempleo y de empleo informal, o la fuerte transferencia de activos al sector financiero. Ello no se puede achacar a efectos del paro, aunque obviamente la alta confrontación política ha sido un elemento importante en la contracción económica.
Pero el rentismo, o su desarrollo, sí pueden servir para afirmarse en el poder. A pesar de que algunos crean que la política económica del gobierno está orientada al desarrollo y la equidad, el peligro es pasar a lo que se podría llamar la “etapa superior” del rentismo, una situación similar a la (%=Link(«http://www.nber.org/papers/w10136 «,»cleptocracia»)%)
de Acemoglu et al (2003), que con frecuencia se ha presentado en África.
Como indican en la introducción de Cleptocracia y divide para reinar: Un modelo del gobierno personalista,
“El estudio de la economía política en estos regímenes debe alejarse del supuesto estándar que usa la mayoría de las investigaciones económicas o de las ciencias políticas. Por lo general se supone que los gobernantes toman decisiones en un marco de instituciones fuertes, especialmente de instituciones políticas con esas características. En estos casos, las instituciones políticas formales, como la constitución, la estructura del legislativo, o las reglas electorales, imponen restricciones al comportamiento de los políticos y las elites políticas, y directamente influyen en el resultado político. Contrastando con esta situación, la cleptocracia emerge en un contexto de instituciones políticas muy débiles, donde las instituciones formales ni imponen restricciones a las acciones de los políticos ni los hacen rendir cuentas a los ciudadanos.”
Más adelante continúan,
“¿Qué determina la corrupción, la extracción de renta y las malas políticas cuando las instituciones son débiles? Ciertamente la naturaleza cualitativa de la política parece diferir marcadamente entre una situación con instituciones fuertes a una con instituciones débiles: cuando las instituciones son fuertes los ciudadanos castigan a los políticos desplazándolos del poder a través de los votos; cuando las instituciones son débiles los políticos castigan a aquellos ciudadanos que no los apoyan. Cuando las instituciones son fuertes, los políticos compiten por el apoyo de los grupos de interés, cuando son débiles los políticos crean y controlan los grupos de interés. Cuando las instituciones son fuertes, los ciudadanos reclaman sus derechos; cuando son débiles los ciudadanos piden favores.”
En este caso la “racionalidad económica” pasa a un plano muy subalterno, y los recursos públicos se utilizan en forma descarada para premiar comportamientos de búsqueda de renta, a fin de mantenerse o expandir el control personalista sobre el poder. Políticas económicas altamente ineficientes, que parecen absurdas ante otras opciones, tienen como lógica la transferencia de recursos a la elite gobernante, o políticas de reparto para mantener apoyos claves, o para castigar a aquellos que se movilizan en contra de los gobernantes.
