La autorización del uso de recursos petroleros de Venezuela para la defensa de sus activos en el extranjero, fue aprobada este martes por el Parlamento venezolano, con el fin de que el gobierno interino de Venezuela pueda asumir la defensa judicial y extrajudicial en contra de Pdvsa, para la debida protección de sus activos y la defensa de la legalidad de las operaciones de crédito público provocadas durante los gobiernos de Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro.
El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Luis Stefanelli, alegó que estos recursos aprobados serán destinados a la Procuraduría Especial de la República, a objeto de que Venezuela tenga las representaciones legales pertinentes en los tribunales internacionales para defender los litigios judiciales y extrajudiciales que tiene que enfrentar en los próximos meses.
Venezuela está sometida a más de 43 demandas internacionales, de las cuales, algunas suman más de 10 mil millones de dólares en contra de la República. El total de las demandas alcanzan alrededor de 30 mil millones de dólares, según informó el Diputado.
En el año 2016, el gobierno de Maduro propuso el canje de bonos 2020 e hipotecó las acciones de Citgo a 51% de sus bonos y el otro 49% a Rosneft. «Estas acciones preveían el régimen que iban a ser embargadas por estas demandas acordadas», detalló Stefanelli.
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«Cuando el Presidente Encargado de la República Juan Guaido, asumió en enero la presidencia de la Asamblea Nacional, Citgo estaba sufriendo un proceso de demandas, y además, Crystallex pretendía embargar las acciones de Citgo, ConocoPhillips y Exxon Mobil», relató el parlamentario.
En consencuencia, la Procuraduría General de la República de Venezuela, tiene que enfrentar dichos juicios y requiere los recursos que, a través del acuerdo, se están autorizando para la recuperación de los recursos e impedir que permanezcan en riesgo los activos del país.
El acuerdo
La aprobación del acuerdo implica autorizar a Pdvsa, por una sola vez, del uso de recursos disponibles actualmente a su favor en Estados Unidos, exclusivamente orientados al pago de honorarios profesionales necesarios para atender las necesidades más urgentes y prioritarias asociadas a la defensa de sus activos.
A su vez, autorizar a la Oficina del Procurador Especial para que, previa autorización de la junta ad-hoc de PDVSA, pueda suscribir los contratos necesarios para cumplir con el objetivo identificado en dicho acuerdo.
De igual forma, establece que la Oficina del Procurador Especial, rinda cuenta periódicamente a las Comisiones Permanentes de Finanzas y Desarrolla Económico y de Contraloría de la AN, sobre las contrataciones realizadas, los pagos efectuados y resultados de todas las gestiones judiciales y extrajudiciales de protección de los activos de Pdvsa.
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