¿Qué es lo más grave del nuevo aumento salarial decretado por Maduro?
Los daños a la economía nacional, generados por una política económica inadecuada que ha impulsado el Ejecutivo por más de una década, pero concretamente y forma dramática en los últimos cuatro años, transformaron al sistema económico venezolano en un cóctel incendiario cuyo sabor es una inflación sin paralelos en la región y en el mundo.
El déficit fiscal, de acuerdo con diversas estimaciones de firmas nacionales, es de casi 20 puntos del PIB; monetización con bolívares que imprime el Banco Central de Venezuela (BCV), un aparato productivo en el piso (84% de las empresas en el país disminuyó operaciones en el primer trimestre del año, según Conindustria), escasa oferta pública de divisas y expectativas negativas.
Recientemente, la agencia Fitch Ratings estimó que los precios subirán en más de siete veces este año tras un alza de 360% en 2016.
“El asunto fundamental es que es inviable y no es factible pensar que la economía se va a recuperar por vía decreto. La única forma en que la población pueda tener una mejora sustentable y sostenible en su poder adquisitivo es con una economía que genere ingresos para todos y eso no lo tenemos actualmente”, explica el economista y director de la firma ODH Consultores y profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), Richard Obuchi.
Recesión e inflación
La economía venezolana está en recesión por cuarto año consecutivo, eso ha implicado que su tamaño se haya reducido a una velocidad vertiginosa con una inflación de tres dígitos que pulverizó el poder adquisitivo de los venezolanos, que compran cada vez menos porque no pueden pagar los costos de bienes y servicios que no sean los prioritarios.
Fitch espera que la economía de Venezuela se contraiga 5,5% este año, tras una caída de un 18,6% en 2016, según un informe publicado el pasado jueves.
La Asamblea Nacional, mediante la Comisión de Finanzas, informó a inicios de mayo que la inflación mensual de abril alcanzó 16,5% y la acumulada, en los primeros cuatro meses del año, llega a 92,8%; según las estimaciones del Índice de Precios al Consumidor que elabora el Parlamento ante la ausencia de cifras del BCV.
“Esta es una economía que por cuarto año está en recesión, es una economía que se ha hecho mucho más pequeña con una inflación descontrolada, y que con dos aumentos vía decreto se convierten sencillamente en el aumento de los costos y en un impacto inflacionario mayor”, añade Obuchi.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha decretado tres aumentos en el transcurso de siete meses de 2017. Un acumulado de 140% en lo que respecta a los incrementos entre enero y julio y 645% en 12 meses.
El Gobierno está contra la espada y la pared: por un lado Maduro se ve cada vez más presionado por incrementar los salarios más rápido, de acuerdo con Obuchi, pero en magnitudes más pequeñas debido a las dificultades que eso genera y a una inflación desenfrenada frente a la que el Gobierno ha sido simplemente incapaz.
Impacto en el sector público y privado
“Cuando los cambios en las remuneraciones son sencillamente vía decreto generan dos impactos: uno, un incremento en los costos de las empresas que no están acompañadas de una situación económica favorable; son empresas que están en recesión, empresas que están perdiendo ventas e ingresos y ahora tienen costos mayores, así que la única manera de lidiar con estos aumentos es con el incremento de los precios”, añade Obuchi en torno a lo que implica un nuevo incremento salarial para el sector privado.
Sin embargo, el Estado, como un empleador principal también se ve sumamente afectado. Aún hay alcaldías, por ejemplo, que no han podido pagar el salario de empleados con el aumento decretado por Maduro en mayo, y ahora tienen otro incremento por pagar en cola.
“Por otra parte hay un impacto en el sector público, que es un empleador importante y que no tiene tampoco una base de ingresos que esté mejorando debido a la recesión económica y eso ha llevado en el pasado al Gobierno a conducir a la misma situación que vemos en este momento: a que el Ejecutivo resuelva sus problemas de déficit por el impacto fiscal de estas medidas con mayor financiamiento monetario y eso añade un impacto más negativo a la ya elevada inflación en Venezuela”, señala Obuchi.
Poder adquisitivo inexistente
De acuerdo con la firma Ecoanalítica, el poder adquisitivo, en promedio, retrocedió 27,8% en 2015. 10,7% en 2016 y proyectan una caída este año, en promedio, de 36%.
“Esta economía no está dolarizada, lo que tiene es una contracción brutal del poder adquisitivo. La gente no puede comprar muchas cosas y piensa que por eso los precios están dolarizados. Cuando vemos cuál es el tipo de cambio de los precios, en mayo, por ejemplo, casi 2.600 bolívares por dólar, que no es el precio del paralelo, ¿qué pasa con esta situación, sobre todo para la gente que gana en bolívares?, que en un mes el dólar implícito de paridad subió 60%, es decir, en un mes usted tiene que dividir su salario en bolívares en un tipo de cambio 60% más caro”, explica el economista y director de Ecoanalítica Asdrúbal Oliveros.
Ecoanalítica estimó que al cierre del primer trimestre el mercado paralelo financió 42,7% de las importaciones privadas, lo que implica un monto de 430 millones de dólares en importaciones a una tasa que no es la oficial; lo que representa un incremento de 8,3% con respecto al porcentaje de importaciones de 2016 con un tipo de cambio paralelo.
De acuerdo con Obuchi y Oliveros, los incrementos forzados de las compensaciones laborales se traducen en mayores costos que se transfieren a los precios de bienes y servicios, que luego son inalcanzables por un salario mínimo que siempre está detrás de la inflación.
«Lo que hemos visto hasta ahora es que el Gobierno ha insistido en políticas económicas que han conducido al agravamiento del problema de la inflación, de la recesión, de la escasez y en la medida en que este modelo de gestión de políticas públicas no cambie radicalmente de dirección y trabaje en función de generar confianza en la economía, en la cooperación entre todos los agentes económicos; en eliminar las distorsiones que han conducido a algunos de los problemas más graves, difícilmente podamos tener una solución que sea sustentable y que conduzca a reales mejoras para el bienestar de la población», asegura Obuchi.