“Pudreval”: Una falla de gobierno
La tozudez de imponer un modelo marxista en Venezuela ha producido una de las situaciones de corrupción, peculado, negligencia, malversación, despilfarro, ineficiencia más tristemente notable de la historia venezolana: “PUDREVAL”.
La importación y luego la pérdida de millones de kilos de comida constituye el más claro ejemplo de la falla de gobierno que suele aparecer cuando el Estado y en particular un Gobierno, sin entes ni instituciones contraloras (ante una Asamblea oficialista y el resto de poderes contralores nombrados directa o indirectamente por el alto Ejecutivo) tienen como meta poner sus garras sobre la renta petrolera y los ingresos fiscales.
Obviamente el objetivo nunca fue llevar alimentos al pueblo. Sin poderes independientes, responsables y defensores de los venezolanos y no de una personalidad, se reducirán los incentivos para proteger los dineros públicos dando paso a incentivos a favor de la repartición de coimas, comisiones, sobornos y dólares en un país donde estos constituyen un bien escaso.
El sector alimentos debe y puede perfectamente ser desarrollado en su totalidad por privados, con la bondad de que si un privado compromete su dinero en importar alimentos que no llegan al país o que se pudren, será su dinero el perdido y no el de los venezolanos. Es así como los alimentos comercializados por el socialismo del siglo XXI en MERCAL, “PUDREVAL” y Biceabastos, pueden llegar a ser los más caros del mundo. No nos dejemos engañar el precio subsidiado no es lo que ha pagado la nación, sino el costo, los precios, las comisiones, las coimas, etc., que ha pagado Venezuela por millones de kilos de comida pérdida, podrida o “disconforme”.
La soberanía alimentaria tiene que empezar por un aparato productivo privado agrícola y agroindustrial fuerte y en crecimiento. La actual gestión de gobierno a puesto a depender el nivel de alimentación de los venezolanos de los precios del petróleo, de las disponibilidades de divisas y de la mermada capacidad de generar rentas por parte de la estatal petrolera. Los escasos dólares con los que cuenta la Nación están siendo utilizados para destruir la soberanía alimentaria y poner a depender del exterior, el sustento mínimo alimentario del país.
Resulta sorprendente que siendo el Estado el principal generador de divisas, estas últimas no estén siendo utilizadas para potenciar el crecimiento económico que garantice la recreación material de las condiciones de vida de los venezolanos, la generación de empleos sostenibles y la generación de riqueza nacional. Adicionalmente, las divisas, dada la destrucción de la capacidad de auto-aprovisionamiento de alimentos, no alcanzan para la importación de bienes intermedios, maquinarias, repuestos, y bienes finales que por lo pronto no son producidos en Venezuela, y que ante el clima de ataque a la propiedad privada y la opacidad de la propiedad industrial, difícilmente desarrollaremos en el país.
Sectores industriales conformados por empresas con altísima incidencia positiva sobre el PIB han estado siendo marginados en el otorgamiento de divisas no solo para la adquisición de material productivo, sino igualmente para remunerar y repatriar dividendos que son la razón de ser de estas organizaciones generadoras de empleo, inversiones, valor agregado y riqueza.
Ante este escenario, Venezuela requiere de una Asamblea Nacional responsable, de altura y de nivel, que represente a los venezolanos y no al jefe del Ejecutivo. La Asamblea no solo debe reivindicar su función contralora, sino igualmente su labor legislativa, realizando un esfuerzo por derogar normativas que constituyen trabas a la inversión, a la generación de empresas y de puestos de trabajo y que constituyen barreras administrativas previas ralentizadoras de la actividad económica y de la generación de riqueza en Venezuela.
Solo una Asamblea diametralmente distinta a la actual puede retomar labores de análisis coste-beneficio de las normativas y de las leyes, previamente a su aprobación. La mayoría de las normativas enviadas por el Ejecutivo a la Asamblea y aprobadas por esta última, de carácter marxista-comunista, carecieron de una verdadera discusión pública en contraposición al montaje escenográfico del mal llamado “parlamentarismo de calle”, ni contaron con los respectivos análisis coste-beneficio regulatorio que permitan valorar el impacto global de las mismas. La mayoría de ellas, Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación, Ley de la Actividad Aseguradora, Ley de Pesca, etc., tienden a lesionar a la sociedad en su conjunto, cuando menos en el mediano y largo plazo.
