Prohibido Fumar: ¡¡¡Viva la propiedad privada!!!

Gratamente sorprende la propuesta y decisión por parte del Ejecutivo Nacional de prohibir fumar en restaurantes, como ya lo había hecho en espacios públicos o gubernamentales. Sorprende por dos razones básicas. Primero, la paradoja que implica que en un país que transita hacia el socialismo del siglo XXI, se reconozcan instituciones y mecanismos como la propiedad privada, para alcanzar niveles de bienestar colectivo superiores. Segundo, porque esta acción pudiera constituir evidencia de que el Ejecutivo y la actual gestión en general, empiezan a enterarse que los derechos de propiedad y su respeto constituyen instituciones y condiciones, que en la mayoría de los casos, garantiza el respeto a los individuos de acciones arbitrarias de sus coterráneos (por ejemplo, “que le fumen encima en un lugar cerrado y mientras come”).

En general, las acciones públicas e impositivas hacia el sector tabaco, se encuentran orientadas a resolver un problema de mediano y largo plazo de salud pública (recordemos que el cáncer en general constituye una de las principales causas de muertes en el mundo) y luego por razones estrictamente impositivas (una vez que la elasticidad precio de la demanda de tabaco es muy baja y por tanto altas cargas impositivas generan efectos limitados sobre la cantidad consumida, mientras genera unos importantes ingresos fiscales). Luego, la recaudación fiscal podría ir orientada al financiamiento de programas de educación hacia el target de población más susceptible de iniciar el consumo o para en parte compensar los problemas de salud pública que tendría que asumir cualquier sistema nacional de salud (no solo los directos derivados de los servicios de salud pública requeridos, igualmente ante el costo de oportunidad que se desprende de que una porción de la población, económicamente activa, pueda encontrarse fuera del mercado laboral por muerte o enfermedad).

Ahora bien, el anuncio realizado por el Ministro de Salud y Desarrollo Social, Erick Rodríguez, sobre la prohibición de fumar en restaurantes a partir del 31 de mayo, la ha basado exclusivamente en el siguiente comentario: «No puede ser que tú vayas a comer y la gente esté fumando encima de ti. Eso es algo antagónico, porque la comida es para disfrutarla». Es así, como el Ministro reconoce la existencia de una externalidad que afecta a terceros que no se encuentran fumando y que de ninguna manera es recompensada por el fumador.

Interesante resulta, que un Ministro Popular revolucionario reconozca la necesidad de fortalecer y establecer derechos de propiedad, en esta ocasión sobre el aire libre. De hecho, la filosofía regulatoria de este anuncio público redunda en lo ideal que resultaría poder contar con un mercado en el cual puedan negociarse los derechos a generar externalidades o al aire puro, permitiendo compensar a los afectados, quienes venderían su derecho a aire puro a aquellos fumadores que generan la externalidad. Obviamente, debido al grado de atomización, el seguimiento y la constitución de un mercado de esta naturaleza resulta imposible, aunado al hecho de que no necesariamente existen preferencias y valoraciones formadas por parte de los potenciales participantes en este mercado. Por ello, se toma la decisión de reconocer los derechos de propiedad sobre un bien, como lo es el aire puro y se prohíbe fumar para no causar estas lesiones a terceros que de ninguna manera están siendo compensadas, ni asumidas por quien contamina.

Sin embargo, la decisión continúa siendo un poco radical, ya que por lo visto no dejaría espacio para la existencia de locales exclusivamente para fumadores. Como ocurre en países donde este tema ha sido desarrollado con anterioridad, como España, donde existe la posibilidad de que el establecimiento comercial decida si será exclusivamente para fumadores o para no fumadores, o incluso si adapta sus instalaciones para poseer espacios libre de humo y espacio para fumadores (lo que requiere un establecimiento lo suficientemente grande e instalaciones de extracción del humo). En el otro extremo, como ocurre en Boston, Massachussets, USA, aun cuando se encuentra prohibido fumar en espacios públicos y en restaurantes, existen locales especializados, como aquellos para la cata de puros y de coñac en los cuales pueden encontrar espacio los fumadores.

Lo mismo ocurre con los derechos otorgados vía patentes a la industria farmacéutica. Aun cuando el tema ciertamente es interesante y complejo, cifras demuestran que aquellos países con peores instituciones y normas en defensa de la propiedad industrial, son aquellos con menores niveles de innovación o son aquellos países donde tardan más en entrar medicinas novedosas, condenando a la sociedad en su conjunto a mantenerse rezagada en esta materia, comparada al del resto de naciones que poseen instituciones robustas hacia el respeto a la propiedad privada. Un caso bastante representativo de lo anterior lo constituye España. En esta nación existen una serie de acciones públicas que pretenden mantener el precio de los medicamentos artificialmente bajos, lo que primero no ha garantizado un control sobre el gasto en medicinas, comparado con el resto de Europa y controlando por variables de ingresos, y segundo, generando una situación en la que España es uno de los países de la Unión Europea donde entran de forma más tardía los nuevos medicamentos. Aun cuando lo anterior pueda resultar disonante para algún lector, uno de los problemas que deben evitarse es utilizar políticas distintas a las impositivas para redistribuir rentas. Resulta crucial para un país que pretenda mantener ritmos de crecimiento económico, de productividad y de mejoramiento en su nivel de vida, no solo que se garanticen los mecanismos de incentivos a la generación de riqueza, innovación, y creación de empleos como lo es la propiedad privada ampliamente entendida (el uso y usufructo, es decir, propiedad, beneficio y rentabilidad). Igualmente resulta fundamental evitar desigualdades crecientes y sostenidas. Sin embargo, no puede mitigarse los beneficios de los incentivos por razones de redistribución de corto plazo, porque resultará insostenible, especialmente en un país como Venezuela que requiere de una tremenda generación de empleos sostenibles y de riqueza para todos los venezolanos.

Esperemos que a lo largo de este tortuoso y lento proceso de aprendizaje, ensayo y error, la actual gestión de Gobierno termine por darse cuenta de la importancia de ciertas instituciones, decantadas por demás a lo largo de la historias de la sociedad, como la propiedad privada y la importancia de los incentivos privados para generar riqueza y empleos sostenibles (así como una profunda base impositiva).