Precios de transferencia e integración vertical de las empresas del estado

En Aló Presidente del domingo 31 de octubre de 2010 el presidente de la República reclamó al tren ministerial el hecho de que las empresas socialistas, relacionadas verticalmente a través de las labores de “producción” que cada una desarrollan y que suelen estar presente a lo largo de las distintas actividades de procesamiento, transformación y agregaduría de valor que desemboca en un producto final, posean precios de ventas no nulos de unas empresas socialistas o públicas hacia otras.

Más allá, se cuestionó que pudieran existir precios no nulos y rentabilidad por parte de las empresas socialistas, producto del relacionamiento comercial con otras empresas socialistas o públicas.

Adicionalmente, mientras el presidente de la República explicaba un proceso productivo de una empresa socialista o pública, cuestionaba que una serie de insumos estuviesen siendo producidos por empresas privadas. El presidente de la República asomó la necesidad, en su parecer, de integrar vertical e internamente todas las actividades económicas que produzcan o procesen insumos y/o transformación de insumos y bienes intermedios.

Dejando a un lado las implicaciones fiscales y/o impositivas, sorprender la falta de rigor técnico de los altos funcionarios públicos sobre el tema de los precios de transferencia.

Existen implicaciones administrativas –accountability– y estratégicas con respecto a los niveles de los precios de transferencia que las empresas del Estado puedan imputarse entre sí. Desde el punto de vista administrativo la existencia de precios, que impliquen ingresos directos imputables a la actividad económica, permite apuntar a un ideal de gestión auto-sostenible de la actividad económica. El principio de auto-sostenibilidad garantiza dos elementos fundamentales, por un lado resguardar la eficiencia económica y la no destrucción de recursos, lo que implica que la sociedad pondere el producto a través de precios que superen a sus costos, y por el otro lado, evitar eventuales subsidios cruzados o impuestos distorsionantes –especialmente sin un análisis coste-beneficio de equilibrio general-. En este sentido, un esquema comercial de inimputabilidad de costos e ingresos podría constituir el peor esquema de incentivos a favor de una gestión eficiente que identifique la generación y creación de valor –disponibilidad de pago y valoración del bien superior a la estructura de costos-, implicando incentivos dinámicos para aplanar las estructuras de costos.

Desde el punto de vista organizacional, estratégico o de organización industrial, ciertamente la existencia de precios de transferencia entre empresas socialistas o públicas implicaría caníbalización de márgenes y de recursos entre actividades que resultan complementarias –cuando lo anterior implica márgenes positivos-. Lo anterior constituiría evidencia de fallas de gobierno, de descoordinación, ineficiencia, desconocimiento, parcelación política y burocratización, típicas de la estatización o del Estado empresario. Dentro de un mismo grupo económico, sea privado o público –vale decir el Estado en el último caso-, los precios de transferencia y su nivel constituyen una simple transferencia de rentas, excedentes o recursos. Esto significa que resultarían transparentes, inocuos o neutrales los precios de transferencia sucesivos a lo largo de la cadena de valor dentro de un mismo propietario o grupo económico. Sin embargo, el reconocimiento, por parte del presidente y sus ministros, de la imputación sucesiva de márgenes, podría generar en la formación de precios, ciertas distorsiones y sobreprecios, evidenciando fallas de gobierno al incursionar el Estado en la función de productor o como empresario.

Este tipo de fallas no ocurriría si la misma estructura integrada se encontrara en manos privadas ya que la función objetivo de la empresa implica objetivos concretos, la eficiencia y la rentabilidad, permitiendo a la empresa ponderar la complementariedad de cada renglón de la cadena de valor. Tal reconocimiento privado de la complementariedad de renglones sucesivos en una forma organizacional integrada o una empresa integrada, implica internalización de los efectos producidos por incrementar los precios en un reglón sobre los otros renglones.

Sin embargo, en el caso de las empresas públicas por no tener propietarios concretos, no definidos y existir jerarquización de múltiples burócratas con objetivos propios o distintos entre sí, se facilitaría, como se manifiesta en Venezuela y lo reconocen el presidente de la República y sus ministros, la existencia de márgenes sucesivos en detrimento de las propias empresas públicas, de los recursos públicos y de los consumidores finales –sin contar la falta de incentivos a favor de la eficiencia-.

Por su parte, la pretensión de integrar todas las actividades económicas involucradas en la producción o prestación de un bien o un servicio respectivamente, resulta cuando no imposible, eventualmente insensato por extremadamente costoso o ineficiente. Independientemente del rupestre prejuicio anti-mercado de la actual gestión de gobierno, la escuela de la economía de los costos transaccionales -de la cual Oliver Williamson y Ronald Coase, premios Nobel de economía, constituyen unos de sus principales exponentes- plantea que el nivel de integración de una serie de actividades económicas sucesivas que componen una cadena de producción-transformación-comercialización en una única forma organizacional o empresa, dependerá de los costos transaccionales de la integración versus los de acudir al mercado o a una empresa proveedora no propia.

Adicionalmente, las ineficiencias X, la burocratización, problemas de coordinación y pérdidas de economías de escala y de alcance, pueden hacer de la integración vertical una estrategia muy costosa y una destructora de valor, de recursos y riquezas, que en el caso de empresas públicas podría implicar el despilfarro de recursos públicos con altísimos costos de oportunidad. Por ejemplo, en el caso de que un proveedor privado de una empresa pública abastezca a varias empresas pertenecientes a varios sectores productivos, la dedicación de esta agente económico o proveedor a un solo operador público implicaría una pérdida de eficiencia de escala y alcance extremadamente costosa para la sociedad.