¿Política energética o petrolera?
He defendido en todos los ámbitos que una verdadera política energética para nuestro país debe comenzar por relegar al petróleo a un segundo lugar y colocar en primer plano la seguridad de suministro interno. Esto implica que la importancia se desplace a temas como el desarrollo de la infraestructura para los energéticos no transables, electricidad y gas natural; al suministro de energía primaria para la generación eléctrica; a la producción de los derivados de los hidrocarburos que necesitamos; a la optimización de sus redes de distribución interna; a la definición de una política de precios, absolutos y relativos, que haga sustentable dicho suministro, y oriente la selección de combustibles en función de la eficiencia y el cuidado del ambiente. La política tiene que definir, al mismo tiempo, el ámbito que corresponde al sector público y privado, entendiendo que las actividades monopólicas, como la distribución de gas natural y electricidad, requieren regulación y ésta es una tarea ineludible del estado, lo que lo obliga a organizar dicha función y a garantizar su independencia y equidad. Todas estas tareas son específicas de cualquier política energética coherente y así se asumen en todos los países del mundo, salvo aquellos, como el nuestro, que viven encandilados por la renta.
Esto no significa que no nos preocupemos por los niveles de producción petrolera y sus precios, por la mejor vía para desarrollar nuestras reservas o por la definición de cuál debe ser la participación pública y privada en el negocio petrolero. Por supuesto que debemos hacerlo. Pero entendiendo que no es una política energética sino una política orientada a desarrollar la producción y exportación de nuestro principal recurso natural y a optimizar la obtención de renta. De hecho, el tratamiento que le damos es similar al que le da Chile al cobre o Sudáfrica a los diamantes, una política orientada a las exportaciones y a la obtención de renta.
Mientras no tengamos clara la diferencia nuestra política energética estará siempre relegada por la renta y las divisas, las cuales son tan importantes que sostienen al país. Si colocamos adelante al petróleo, o juntos como es nuestro caso, la política energética pasa a un segundo plano, hasta llegar a ser inexistente, como nos está ocurriendo.
Esta afirmación puede parecer exagerada pero no lo es. Basta observar con atención lo ocurrido en la última década para confirmarlo. Por razones de espacio, mencionaré sólo algunos de los sinsentidos que ha sufrido el sector en el período: a) Se aprueba una ley del servicio eléctrico (1999 y 2001) y pasan 8 años sin que se aplique ni se modifique, es decir, en la práctica no existe; b) la regulación del servicio eléctrico está diluida dentro del Ministerio de Energía y Petróleo y el organismo que debe asesorar a la función reguladora (FUNDELEC) actúa como un sordomudo ante la grave crisis del sector, a pesar de haber multiplicado sus empleados por 10 durante el período, como resultado, el cliente (la víctima), no tiene a quien acudir a reclamar por los abusos del servicio, o por la falta del mismo, como no sea a la calle; c) se aprueba una ley del gas natural y se crea un ente regulador (ENAGAS), y en la práctica no existen, no se han cumplido ninguno de los plazos que se trazaron en su origen, ni en las tarifas, ni en las inversiones ni en nada; d) se mantienen congelados los precios de la gasolina y el diesel por más de una década, en medio de un ambiente inflacionario, hasta alcanzar niveles ridículos y constituir el subsidio más regresivo que se pueda imaginar, suerte parecida corren los otros energéticos (GLP, gas natural, electricidad), hasta hundir al sector en una ruina total.
Lo dejo hasta aquí por falta de espacio, pero se podrían llenar varias páginas sobre los absurdos que sufre nuestro sector energético. Mientras nuestro ministerio se ocupa del petróleo y ahora, por añadidura, se le ha asignado Pdval, Mercal, atender al deporte y hasta financiar campañas presidenciales en los países “amigos”.
