Ni contrabando, ni que ocho y cuarto: ¡¡¡Arbitraje y destrucción de incentivos a la producción!!!
Venezuela está subsidiando el consumo externo –al menos de parte del consumo de una que otra ciudad fronteriza del hermano país- por medio de la política de control de precios, y más temprano que tarde terminará “exportando” a las empresas venezolanas, las cuales buscaran “refugio” en aquellos países vecinos en los que se entienda que no puede producirse a pérdidas permanentemente.
La administración discrecional y nada clara de la Ley contra el Acaparamiento, violando el derecho a la defensa, constituye un brutal desincentivo a la producción y al aprovisionamiento ante escenarios de expansión del gasto y el consumo.
Resulta risible que Venezuela quiera formar parte de Comunidades Económicas y Mercados Ampliados, en los cuales por lo general se aplican pocos o nulos aranceles, formado por países con visiones de la economía tan distintas a la imperante en Venezuela. Nuestro país por medio de la aplicación de continuadas regulaciones de precios sobre amplias listas de productos, ha estado creando incentivos al arbitraje. Arbitraje es la actividad por medio de la cual se obtiene una renta producto de la compra barata de bienes (por ejemplo en un país donde los productos se vendan a precios bajos producto de imposiciones de regulaciones y controles de precios), para luego venderlos en mercados o países en los cuales, no solo los consumidores estarían dispuestos a pagar precios mayores a los de regulación del país de origen, sino que no existen controles de precios.
Asimismo, se fomenta la creación de mercados negros y mercados bilaterales informales, en los cuales saltarse las regulaciones y controles de precios resulta redituable (en término de beneficios esperados). La discriminación de precios resulta más probable en mercados bilaterales e informales que en hipermercados, donde por lo general existe información pública sobre los precios de venta al consumidor.
Luego, el venezolano tiene que sustituir los productos nacionales por importados (la verdad es que este negocio huela mal). Cada vez resulta más atractiva una licencia de importación, la cual resulta ser mejor negocio y menos riesgoso que emprender una empresa de producción nacional. Adicionalmente, CADIVI afianza los problemas de creación de rentas de escasez a favor de los importadores. Increíble resulta que se administre el envío de productos y alimentos hacia Estados fronterizos para “evitar” el arbitraje, exponiendo a esas zonas y a los venezolanos que allí habitan a cuotas de razonamiento, aun peores a la ya dramática situación de desabastecimiento. Eventualmente, si se realizara una encuesta a las personas que se encuentran en las extensas colas para adquirir alimentos en esos Estados, preguntando si estarían dispuestos a pagar precios superiores a los regulados para no tener que sufrir el desabastecimiento y las largas colas, seguramente muchas estarían dispuestas a pagar más –de hecho, están pagando más del precio regulado si consideramos que primero, el precio de un producto desaparecido es “infinito” y segundo porque la gente “paga” un precio generalizado, formado por el precio monetario y los costos transaccionales y de espera-.
No importa el nombre que quiera dársele a las distorsiones: “contrabando”, “exportaciones paralelas”, arbitraje, “acaparamiento”, desabastecimiento, especulación, etc., especialmente cuando brillan por su ausencia los debidos procedimientos administrativos y los análisis económicos. Lo cierto, es que las distorsiones –destrucción de incentivos a la producción- son producto de las erradas políticas de controles de precios, y el responsable de tales políticas es el Ejecutivo Nacional. Así estarán de claros los venezolanos al respecto que hasta en la página Web Aporrea.org pueden leerse denuncias que exigen liberalización en los mercados cambiarios y, de bienes y servicios, denunciando la creación de rentas de escasez en manos de muy pocos allegados a la gestión de gobierno.
